Auto 10467 de agosto 21 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

RESERVA DE LA INSTRUCCIÓN

POSIBILIDAD DE SANCIONAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EXTRACTOS: «La norma aplicada en el caso en estudio es el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que establece que “La publicación en medio de comunicación de informaciones de carácter reservado hará incurrir en sanción a los empleados y sujetos procesales responsables como al medio de difusión”, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-411 del 28 de septiembre de 1993(*):

Algunos días después de tomada por esta Sala la decisión impugnada, la Corte Constitucional resolvió sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra algunos artículos de la Ley 190 de 1995(**), entre ellos el 33, cuyo texto es el siguiente:

“Harán parte de la reserva las investigaciones preliminares, los pliegos y autos de cargos que formulen la Procuraduría General de la Nación y demás órganos de control dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos descargos; los fallos serán públicos.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado tenga acceso a la investigación desde los preliminares.

PAR. 1º—La violación de la reserva será causal de mala conducta.

PAR. 2º—Tampoco podrá publicarse extractos o resúmenes del contenido de la investigación sometida a reserva, hasta que se produzca el fallo.

PAR. 3º—En el evento de que se conozca la información reservada, la entidad deberá verificar una investigación interna y explicarle a la opinión las posibles razones del hecho”.

El parágrafo segundo fue declarado inexequible, en cuanto a juicio de la Corte Constitucional “comporta una forma clara e inequívoca de censura y viola, por ende, el artículo 20 de la Constitución Política. De otra parte, vulnera la libertad e independencia de la actividad periodística, garantizada en el artículo 73 de la Carta. No obstante que la investigación en los términos de esta sentencia, esté sujeta a reserva, la divulgación periodística de su contenido no puede ser impedida sin violar la prohibición constitucional a la censura y a la reserva de la fuente, garantías esenciales de la libertad e independencia de esta actividad...”.

Mas adelante agrega:

“Por lo demás, no puede sostenerse que surja una contradicción en el hecho de que exista reserva respecto de la publicidad de ciertos hechos y documentos y, de otra parte, que los mismos puedan eventualmente ser objeto de divulgación periodística. En realidad, el mandato de reserva, en el primer caso, cobija a los funcionarios y demás personas que están sujetas a la misma; al paso que, de otro lado, la prohibición de la censura, impide que se cercenen previamente las informaciones que obtengan los periodistas y que divulguen los medios, resultado este al cual puede igualmente llegarse ex post en virtud de restricciones normativas ilegítimas, excesivas y desproporcionadas. La garantía de que lo anterior no podrá suceder, por el motivo expresado, no le da sustento a la pretensión de que el legislador deba renunciar a su función excepcional de establecer zonas de reserva o tenga que reducirlas de manera proporcional a la libertad periodística que en un momento dado pueda darse bajo el amparo de la prohibición de la censura. En realidad el límite de la reserva no puede ser proporcional al alcance de la libertad periodística, pues si así fuera, dada la extensión de esta última, no podría ni siquiera establecerse. En otras palabras, la prohibición de la censura opera en un ámbito propio y respecto de ciertos sujetos, pero por sí misma no limita la competencia del legislador para imponer respecto de determinados actos y personas la obligación de la reserva”.

No obstante que el artículo 332 pertenece al Código de Procedimiento Penal y fue considerado ajustado a la Constitución, y que el parágrafo segundo declarado inexequible se refiere a procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, lo cual podría dar lugar a que se concluyera que entre las dos disposiciones no existe relación alguna, la realidad es que tienen en común el tema de si es constitucional prohibir a los medios de comunicación que publiquen partes de una investigación sometida a reserva, o si por el contrario eso puede ser constitutivo de una censura.

Como ya se vio, el criterio unánime de la Corte Constitucional es que esa prohibición es violatoria del artículo 20 de la Constitución Política, en cuanto constituye una forma de censura, y del artículo 73 ibídem, en razón a que vulnera la libertad e independencia de la actividad periodística, posición sostenida también por el Ministerio Público en el concepto.

Atendiendo a que el examen de constitucionalidad del artículo 332 del estatuto procesal penal es anterior al del artículo 33 de la Ley 190 de 1995, y el primero fue considerado exequible, parecería que existe una contradicción entre las dos providencias, sin embargo es necesario advertir que todo depende del entendimiento que se le dé a la norma penal.

En la sentencia del 28 de septiembre de 1993, la Corte Constitucional en una muy breve motivación de la exequibilidad dijo:

“En lo concerniente al resto del artículo, hallado exequible, según el cual la publicación, en medio de comunicación, de informaciones de carácter reservado hará incurrir en sanción a los empleados y sujetos procesales responsables así como al medio de difusión, la Corte Constitucional advierte que, para aplicarlo se deberá comprobar, con observancia del derecho de defensa y las reglas del debido proceso, la efectiva violación de la reserva del sumario”.

Conocido el criterio expuesto con relación al parágrafo del artículo 33 de la Ley 190 en mención, se pone en evidencia que al artículo 332 no lo entendió como una posibilidad aislada de sancionar el medio de comunicación por publicar informaciones sometidas a la reserva del sumario, sino en la medida en que los empleados y sujetos procesales responsables de guardar la reserva la hayan violado a través de un medio de comunicación, desde luego siempre que éste se haya prestado para ese propósito. Contrario sensu, si no es posible establecer la violación de la reserva del sumario por parte de alguno de los sujetos obligados a guardarla con participación de un medio de comunicación, por las informaciones que éstos publiquen fruto de las averiguaciones periodísticas no pueden ser sancionados.

La Sala no puede desconocer que al declarar la Corte Constitucional la inexequibilidad de la prohibición de publicar extractos o resúmenes del contenido de una investigación sometida a reserva, ha precisado en ese aspecto el alcance de los artículos 20 y 73 de la Constitución Política, lo cual tiene incidencia en la interpretación del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, y aclara los parámetros dentro de los cuales fue declarado exequible».

(Auto de agosto 21 de 1996. Radicación 10.467. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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