Auto 10515 de julio 6 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN PENAL RESPECTO DE LA INDEMNIZACIÓN

JUSTIPRECIO DE LA CUANTÍA PARA RECURRIR

EXTRACTOS: «El artículo 221 del Código de Procedimiento Penal establece:

Cuantía para recurrir. Cuando el recurso de casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía para recurrir establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena que corresponde al delito o delitos”.

Pues bien; esta norma desarrolla en materia de casación por el aspecto civil en el proceso penal el principio de integración de normas del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal e implica el gobierno del recurso tratándose del punto indemnizatorio, y específicamente en lo relativo a las causales y la cuantía, por la normatividad adjetiva civil, debiendo, por ende, acogerse a ella tanto el recurrente, como el funcionario ante quien se interpone la impugnación.

Para establecer la viabilidad del recurso en estos casos debe entonces tenerse presente lo que el citado estatuto procesal ordena para el tribunal ante el que se interpone:

“Artículo 370.—Justiprecio del interés para recurrir y concesión del recurso. Cuando sea necesario tener en cuenta el valor del interés para recurrir y éste no aparezca determinado, antes de resolver sobre la procedencia del recurso el tribunal dispondrá que aquél se justiprecie por un perito, dentro del término que le señale y a costa del recurrente. Si por culpa de éste no se practica el dictamen, se declarará desierto el recurso y ejecutoriada la sentencia. El dictamen no es objetable. Denegado el recurso por el tribunal, el interesado podrá recurrir en queja ante la Corte.

Interpuesto el recurso en tiempo y por parte legitimada, el tribunal lo concederá en sala de decisión si fuere procedente, y dispondrá el envío del expediente a la Corte una vez ejecutoriado el auto que lo otorgue y efectuadas las diligencias para el cumplimiento de la sentencia” (subrayas fuera de texto).

Es de observarse que aunque el trámite del recurso es diferente entre las especialidades civil y penal, como que en aquélla el tribunal concede el recurso y la Corte decide si lo admite y sólo entonces se presenta la demanda, mientras que en ésta a partir del estatuto vigente desde 1992 las alegaciones se presentan ante el tribunal una vez concedido el recurso, el asunto de la cuantía sí está condicionado a la actividad del tribunal, pues es éste el obligado a ordenar, “antes de resolver sobre la procedencia del recurso” el justiprecio de la cuantía para recurrir.

Por ello, el artículo 372 de la misma obra, que regula el trámite del recurso en la Corte puntualiza que: “no podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.

En el caso que motiva la atención de la Sala se tiene que el tribunal omitió ordenar antes de resolver sobre la procedencia del recurso el justiprecio pericial de los perjuicios materiales, indispensable para establecer la cuantía para recurrir en casación; si como se infiere de la normatividad adjetiva vista, la cuantía para recurrir en casación debe venir concretamente establecida por el tribunal que concede el recurso extraordinario, convirtiéndose esa decisión en ley para el recurso, como que a la Corte le es prohibido desconocerla, obtenida como ha sido conforme lo dispone la ley, debe convenirse que la concesión del recurso en el presente caso por el tribunal, se hizo de manera sustancialmente irregular y que, por consiguiente, la actuación deviene nula a partir e inclusive del auto del 24 de enero de 1995 (fls. 134-137 cd. tr.), como así se declarará y se devolverá el proceso al tribunal para que proceda de conformidad».

(Auto de julio 6 de 1995. Radicación 10.515. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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