Auto 10604 de julio 13 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

MODIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

APLICACIÓN INMEDIATA DE LA NUEVA LEY PROCESAL

EXTRACTOS: «Mediante decisión de 14 de febrero de 1995, que cuenta con un salvamento de voto, el Tribunal Nacional se declaró incompetente para resolver dicha apelación por considerar que el juzgamiento del hecho delictivo a que se contrae este proceso, correspondía a los jueces penales del circuito, toda vez que la cantidad de plantaciones de amapola cultivadas no superaba las dos mil unidades, tal como se aceptó en su momento, cambiándose luego de criterio con el surgimiento de la Ley 81 de 1993, sin tenerse en cuenta el principio de favorabilidad que imponía la aplicación ultraactiva de la ley anterior (Decreto 2700 de 1991) por ser más benigna para los procesados, en la medida que para nadie es desconocido que la justicia ordinaria ofrece mayores beneficios que la justicia regional, pues ésta es más restrictiva que aquélla en cuanto a la libertad y otros aspectos del iter procesal.

En consecuencia, ordenó enviar el proceso al Tribunal Superior de Neiva, proponiéndole de una vez colisión de competencias negativa, para el evento de que no compartiere sus planteamientos.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, en decisión unánime de 16 de mayo de 1995, resolvió no aceptar la competencia que le atribuye el Tribunal Nacional y remitir el expediente a esta Corte para que dirima el conflicto.

En criterio del Tribunal Superior de Neiva, la alzada en cuestión debe resolverla el Tribunal Nacional, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º-3 de la Ley 81 de 1993, el juez regional de Santafé de Bogotá que dictó el fallo de primera instancia, sí tenía la competencia para conocer del juzgamiento en el presente caso, sin importar la cantidad de plantaciones de amapola incautadas.

Expone que las normas penales rigen hacia el futuro y las que atañen al procedimiento tienen efecto general inmediato, por lo que deben aplicarse tanto a las actuaciones nuevas como a las que venían en curso, salvo en aquellos casos donde por motivos de favorabilidad concretamente establecidos deba darse aplicación ultra-activa a la ley anterior.

Agrega que conforme con lo dicho, se procedió bien al aplicarse la nueva ley procesal a este caso, puesto que analizando en detalle la situación de los sentenciados, no se observa ningún motivo concreto de favorabilidad que impusiera la aplicación ultraactiva del Decreto 2700 de 1991, con preferencia sobre la Ley 81 de 1993, y, por el contrario, se les causaría enorme perjuicio de anularse lo actuado puesto que su mayor interés radica en la pronta terminación del proceso que por cierto ya ha sufrido bastantes contratiempos.

Consideraciones de la Corte

Corresponde a la Sala de Casación Penal dirimir el presente conflicto de competencias conforme con lo previsto en el artículo 68-5 del Código de Procedimiento Penal.

La controversia planteada se enmarca dentro del tema de la aplicación de la ley procesal penal en el tiempo. Específicamente se discute si la Ley 81 de 1993, que entró en vigencia después de ocurrido el hecho materia de juzgamiento y asignó a la justicia regional la competencia para conocer del mismo, debe aplicarse a este caso, o si, por el contrario, el proceso debe continuar rigiéndose por el anterior Código de Procedimiento Penal (D. 2700 de 1991), en aplicación ultraactiva de éste.

El Tribunal Nacional se inclina por esta última hipótesis, considerando que la anterior normatividad procesal favorece más a los procesados bajo el prurito de que la justicia regional abstractamente es más restrictiva y ofrece menos garantías a los procesados que la ordinaria.

El Tribunal Superior de Neiva, por el contrario, es partidario de la primera hipótesis sobre la base de que las normas procesales son de efecto inmediato.

Pues bien, no cabe duda que la razón le asiste al Tribunal Superior de Neiva, aunque se hace necesario precisar lo siguiente:

Como bien se sabe, en tratándose de normas que fijen jurisdicción o competencia, su aplicación es general e inmediata, pues siendo instrumentos de organización del Estado en la lucha contra el delito, constituyen legislación de orden público, frente a la cual no caben consideraciones relativas a la favorabilidad de los propios infractores.

Además, el simple cambio de juzgador, aunque ello implique variación del procedimiento, no puede considerarse en sí mismo favorable o perjudicial para ningún procesado, pues de un lado, todos los funcionarios que administran justicia están igualmente obligados a cumplir su delicada misión con estricta observancia del orden jurídico y, del otro, todos los procedimientos legales se presumen respetuosos de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

Extraña por demás la posición conceptual del Tribunal Nacional, que en su afán por sustraerse al conocimiento del proceso incurre en el despropósito de aceptar, así sea tácitamente, que la justicia regional, de la cual es su máxima autoridad, no ofrece garantía suficiente a los procesados, pues no de otra manera puede entenderse su afirmación de que la justicia ordinaria es más favorable en la medida que no se vale de jueces sin rostro ni testigos con identidad oculta. Es cierto que la justicia regional contempla ciertos mecanismos especiales que se consideran de mayor efectividad para la investigación y juzgamiento de la criminalidad organizada con fines desestabilizadores, y que a la vez brindan mayor protección a quienes intervienen en esa peligrosa labor; pero ello en manera alguna puede significar que se trata de procedimientos arbitrarios para arribar a decisiones amañadas, pues tal clase de actuaciones desviadas repugnan a nuestro Estado de derecho, sea cual fuere la autoridad que las realice.

Finalmente, aunque como se advirtió anteriormente, frente a un problema de competencia no hay favorabilidad que valga, conviene hacer notar que en el presente caso fueron los propios procesados quienes se acogieron a la Ley 81 de 1993 cuando solicitaron el proferimiento de sentencia anticipada, logrando así una considerable rebaja de pena; razón de más para incomprender la decisión del Tribunal Nacional, que lejos de hacer algún aporte a la juridicidad colombiana, contribuyó a dilatar aún más el engorroso trámite que ha tenido este proceso.

Por último, aunque no fue lo ocurrido en este asunto, conviene aprovechar la ocasión para advertir a la justicia regional sobre la improcedencia de atomizar la actividad de cultivo de una plantación englobada en lotes de terrenos y, máxime cuando la siembra y cuidado de las plantas son atribuibles físicamente a un ejecutor material que ha admitido haber actuado por encargo con plena conciencia y voluntad de realización típica. No se puede fraccionar el objeto procesal de cultivar más de dos mil plantas en varios cultivos menores de dos mil, convirtiendo la unidad en varias pluralidades.

Corolario de lo anterior, conforme con el artículo 9º-3 de la Ley 81 de 1993, aplicable a este caso desde que comenzó su vigencia, el juez regional sí era el competente para conocer en primera instancia y, por consiguiente, su fallo deberá ser revisado en segunda instancia por el Tribunal Nacional».

(Auto de julio 13 de 1995. Radicación 10.604. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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