Auto 10684 de septiembre 25 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

• SALA DE CASACIÓN PENAL

PROCESO PENAL DE CONGRESISTAS

ANTE LA CORTE NO HAY ACUERDOS TRANSACCIONALES

EXTRACTOS: «1. La Sala de Casación Penal de la Corte de Suprema de Justicia tiene la facultad constitucional de “investigar y juzgar a los miembros del Congreso”, según lo manda el ordinal 3º del artículo 235 de la Carta.

2. Significa lo anterior que en cabeza de la Corte se confunden las facultades de instrucción y juzgamiento, característica esencial del sistema inquisitivo que gobierna el procedimiento aplicable a los congresistas de la República, en contraposición al acusatorio que rige para los demás sujetos de la acción penal del Estado.

3. La audiencia especial que define el artículo 37A del Código de Procedimiento Penal, transposición al derecho nacional de una figura propia del sistema acusatorio anglosajón plea bargaining, supone que entre sindicato y Estado (representado por su el fiscal delegado) puede llegarse a un acuerdo sobre la tipicidad, el grado de participación, la forma de culpabilidad, las circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución condicional e incluso sobre la preclusión de comportamientos delictivos sancionados con pena menor respecto de los cuales haya dudas probatorias acerca de su existencia.

La consolidación del acuerdo entre fiscalía y sindicato, posibilita la participación de un juez de la República que avalará u objetará el convenio, con fundamento en el cual dictará finalmente sentencia, en la cual reconocerá una rebaja de pena automática de una sexta a una tercera parte para el sindicado, por el solo hecho de acogerse a la audiencia especial.

4. Como se puede apreciar de la sucinta presentación de la figura de la audiencia especial, ella es ni más ni menos que un acuerdo transaccional, fruto de la negociación que el Estado y el sindicato hacen respecto de casi todos los aspectos propios de una sanción penal, actuación permitida a la Fiscalía General de la Nación, como sujeto procesal, pero vedada al juez de la República, cuya actuación se limita a la aprobación u objeción del acuerdo únicamente por razones de legalidad, pero sin que pueda intervenir en la negociación propiamente dicha.

5. En tal consideración, las figuras procesales que impliquen transacciones sólo pueden hacerse a través de la Fiscalía General de la Nación; en ningún caso, cualquiera sea el sistema que se adopte, puede involucrar la figura del juez, de donde se concluye que en un procedimiento donde se confunden las funciones de investigación, acusación y juzgamiento en un solo funcionario o cuerpo, es de imposible recibo la aplicación de tal figura.

Suficientes las anteriores razones para declarar que en el sistema procesal inquisitivo, bajo el cual se rige este proceso, no tienen cabida los acuerdos transaccionales de beneficios por lo que se negará al sindicado V... y a su defensor la petición de convocatoria a la audiencia especial del artículo 37A del Código de Procedimiento Penal».

(Auto de septiembre 25 de 1996. Radicación 10.684. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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