Auto 10695 de agosto 28 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

COLISIÓN DE COMPETENCIAS

INCONFORMIDAD DEL JUEZ CON LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN

EXTRACTOS: «De acuerdo con el artículo 71, numeral 4º, del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 9º de la Ley 81 de 1993, los jueces regionales conocen de los delitos a los que se refiere el Decreto 2266 de 1991, por medio del cual se adoptó como legislación permanente el Decreto Ley 180 de 1988. Esta disposición, en su artículo 19 contempla como hecho punible la utilización ilegal de prendas e insignias de uso privativo de la fuerza pública o de los organismos de seguridad del Estado.

A su vez, el inciso segundo del artículo 89 del citado Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 13 de la mencionada Ley 81, prevé que cuando se trate de conexidad entre hechos punibles de competencia del juez regional y de cualquier otro funcionario judicial, el juzgamiento corresponderá al primero.

En el caso que se analiza, a los procesados se les formuló resolución de acusación por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de defensa personal y utilización de uniformes de uso privativo de la fuerza pública, mediante providencia que se encuentra ejecutoriada.

En nuestro actual sistema procesal penal la resolución de acusación determina el juez de conocimiento y también el marco fáctico y jurídico dentro del cual debe éste moverse. De allí que se le considere ley del proceso mientras conserve su vigencia.

Precisados estos aspectos, no queda duda que el competente para conocer de esta causa, de cara a la señalada calificación sumarial y mientras ésta se mantenga, es el juez regional de la ciudad de Barranquilla, competencia que la ley le difiere por incluir el pliego de cargos un delito que es de su conocimiento.

Ahora bien, no por disentir de la resolución de acusación puede el juez de la causa negarse a conocer del proceso pretextando incompetencia. Esto solamente puede hacerlo cuando la discrepancia recae sobre la calificación jurídica de los hechos y la que habría de darse determina cambio de competencia, verbigracia, si la acusación contiene cargos por un delito de conocimiento de la justicia ordinaria y el juez considera que la calificación debió hacerse por uno de competencia de la justicia especial regional, caso en el cual está obligado a proponer colisión negativa sin festinar decisiones sobre la validez de la actuación (CPP, art. 101).

Por fuera de esa hipótesis, el juez debe asumir el conocimiento del proceso, sea cual fuere la inconformidad suya con el pliego de cargos, para, en el curso del juicio, tomar la decisión que corresponda con arreglo a las soluciones que la ley procesal le ofrece, siempre y cuando no desconozca, al menos no antes de la sentencia, la valoración jurídico-probatoria que la acusación contiene en relación con la materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado, pues, de hacerlo, suplantaría al fiscal en el ejercicio de la función acusadora que, como es bien sabido, le pertenece.

Esto significa que en el curso del juicio no es posible cesar procedimiento por causales distintas de las puramente objetivas, es decir, de aquellas que implican revaloración probatoria. Por esto, resulta equivocada la afirmación del juez del circuito, en el sentido de que el regional puede cesar procedimiento si considera que el delito que le da la competencia no existe.

No puede la Sala dejar de advertir, dadas las consideraciones hechas por el juez regional en orden a sustentar su incompetencia, que el porte de armas de que se acusa a los procesados está referido al uso que hicieron de una escopeta al cometer el hurto, no a su hallazgo días después en la residencia de uno de ellos, y que igual acontece con la camiseta que motivó los cargos por violación al artículo 19 del Decreto 180 de 1988. Además, que el tipo penal en referencia no sanciona el uso de uniformes como parece entenderlo el juez regional, sino el uso de prendas, y por prenda debe entenderse cualquiera de las piezas que componen el vestuario militar».

(Auto de agosto 28 de 1995. Radicación 10.695. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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