Auto 10764 de agosto 30 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

AUTO QUE DECIDE SOBRE LA CONCILIACIÓN

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Expediente 10.764

Recurso de queja.

Santafé de Bogotá, D.C., agosto treinta de mil novecientos noventa y cinco.

Procede la Sala a decidir el recurso de queja interpuesto por la parte actora contra el auto de febrero 16 del presente año, mediante el cual se rechazó el recurso de súplica formulado contra la providencia de 9 de diciembre de 1994, dictada por el Tribunal Administrativo de Cun-dinamarca que denegó la aprobación de la conciliación lograda entre el Instituto Nacional de Vías y la firma Inconstruc Ltda.

Muestran los antecedentes:

a) Que el 9 de noviembre del año pasado las partes, ante la Procuraduría Novena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conciliaron prejudicialmente las diferencias derivadas del contrato Nº 662 de 1989, en $ 68.051.986.20 (ver auto de conciliación a fls. 1 y 2 del expediente).

b) Que logrado el acuerdo, el asunto se envió al Tribunal Administrativo para su aprobación; corporación que en auto de diciembre 9 de ese mismo año la denegó por auto del ponente designado, con base en estas consideraciones:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 23 de 1991, considera el despacho que la conciliación efectuada resulta lesiva para los intereses del Estado, por cuanto la acción se encuentra caducada, pues ésta comienza a contarse independientemente para cada cuenta de cobro y nada tiene que ver que el contrato se encuentre vigente, tal como lo manifiesta la señora apoderada del Instituto Nacional de Vías (fl. 66).

En efecto, obra en el expediente certificación sobre fecha de presentación y pago de cada una de las cuentas concernientes al contrato Nº 662 de 1989 (fls. 9 y 10), en la cual se puede verificar que la mayoría de las cuentas de cobro fueron pagadas en los años de 1990, 1991 y 1992, y la solicitud de conciliación prejudicial fue formulada el 25 de agosto de 1994, cuando ya habían transcurrido más de los dos años que establece el inciso final del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 5 y 6).

c) Que inconforme Incostruc Ltda., interpuso contra el auto denegatorio aludido recurso ordinario de súplica para ante el resto de magistrados que conforman la Sección Tercera del Tribunal (a fls. 88 y ss.). Así mismo el Instituto Nacional de Vías formuló idéntico recurso (a fls. 10 y ss.).

d) El Tribunal, en providencia de febrero 16 del presente año, rechazó por improcedentes los recursos interpuestos. Para el efecto, sostuvo:

“Señala al tenor el artículo 60, inciso cuarto, de la Ley 23 de 1991.

“Si se lograre acuerdo, las partes suscribirán un acta que refrendará el fiscal, la cual enviará inmediatamente a la sección respectiva para que el consejero o magistrado a quien corresponda por reparto defina si ella resulta lesiva para los intereses patrimoniales del Estado, o si puede hallarse viciada de nulidad absoluta, caso en el cual dictará una providencia motivada en que así lo declare, contra la cual no procede recurso alguno”.

Por lo anterior, siendo clara la norma al respecto, el recurso habrá de rechazarse por improcedente por cuanto el auto que decida sobre la conciliación prejudicial no es susceptible de ningún recurso.

La norma citada que regula lo relativo a la conciliación prejudicial no ha sido derogada o suspendida y por tanto se encuentra vigente.

Por otra parte, la jurisprudencia citada por la apoderada de la entidad estatal hace referencia únicamente a la conciliación judicial, por lo cual no son de recibo sus afirmaciones en el sentido de encontrarnos ante un mismo supuesto de hecho y de derecho, ya que el caso que aquí se debate es relativo a la conciliación prejudicial.

En cuanto a las manifestaciones del procurador judicial acerca de la lesividad del acuerdo conci-liatorio nada habrá de decirse ya que éste fue im-probado” (fls. 10 y 20).

Para resolver, SE CONSIDERA:

El recurso de queja interpuesto es ciertamente improcedente, pero la Sala estima que el procedimiento cumplido por el a quo está viciado de nulidad, por cuanto el auto que desató el trámite que aquí se analiza debió ser dictado por la Sala del Tribunal y no por el ponente. Si así lo hubiera hecho, la parte interesada no habría tenido los obstáculos que encontró para cuestionar la decisión denegatoria del acuerdo conciliatorio logrado. En este orden de ideas, se anota:

1. De acuerdo con la Ley 23 de 1991, no suspendida en cuanto conciliación prejudicial ni por el Decreto 2651 de ese año ni por la Ley 192 de éste, el auto que aprueba o imprueba la conciliación, que deberá dictarlo el magistrado ponente, no tendrá recurso alguno. Razón esta que, de entrada, impedía a las partes la interposición del recurso de súplica o cualquier otro.

2. Pero aún aceptando la procedencia de la súplica, dado el carácter de interlocutorio que tiene el auto en cuestión, contra el que lo decidió no procedía tampoco recurso alguno, en los términos del art´culo 183 del Código Contencioso Administrativo.

3. El recurso de queja, según el mismo código (art. 182), no procede sino cuando se deniegue el de apelación o alguno de los recursos extraordinarios establecidos en el mismo.

En el derecho colombiano no existe el aludido recurso contra el auto que deniegue el de súplica y por analogía no puede aceptarse su procedencia.

4. Además, el de apelación sólo será viable contra los autos intelocutorios de Sala proferidos en primera instancia. Vale recordar que en el presente asunto el auto que denegó la aprobación de la conciliación fue obra del ponente.

Visto lo anterior, se anota:

Aunque la Sala en asuntos similares ha venido aceptando la procedencia de la apelación, y aun ha interpretado el recurso de súplica con el alcance y sentido de aquél, contra el auto que aprueba o imprueba la conciliación, se estima, en esta oportunidad, que esa orientación juris-prudencial merece precisiones y rectificaciones, así:

Tanto el auto que deniega a nivel del tribunal la aprobación del acuerdo conciliatorio, como el que lo aprueba, deberán dictarse por la Sala. No obstante esto, si el asunto, en razón de la cuantía, fuere de doble instancia, la decisión será apelable; y si de única, reponible. Esta regla se aplica tanto a la conciliación judicial como a la extrajudicial.

Aunque lo precedente colide formalmente con los mandatos contenidos en el inciso 4º del artículo 60 de la Ley 23 de 1991 y con el parágrafo del artículo 3º del Decreto 171 de 1993 (“las providencias que aprueban el acuerdo conciliatorio y ordenan la terminación del proceso no son susceptibles de recurso alguno”), estima la Sala que las citadas normas son inconstitucionales y, por ende, inaplicables en los términos del artículo 4º de la Carta. Inconstitu-cionalidad que resulta palpable, primero, porque ese artículo 3º del Decreto 171 antecitado, al impedir la formulación de recursos, excede la potestad reglamentaria, ya que si el Decreto 2651 de 1991 (norma reglamentada) no restringió los recursos, no podía hacerlo el gobierno; y, segundo, porque pese a que lo precedente hace referencia a la conciliación judicial, considera la Sala que la prejudicial, que tiene los mismos efectos y alcances, no podrá estar sometida a un régimen diferente en cuanto al juez que la aprueba o imprueba. Basta pensar en los efectos que produce el acuerdo aprobado, no sólo por el valor de cosa juzgada que obtiene, sino en cuanto precave en forma definitiva un litigio eventual.

Así, entonces, dadas las circunstancias anotadas, deberá concluirse que los autos que aprueban la conciliación judicial o prejudicial estarán sujetos al régimen general de los recursos y a las reglas de competencia funcional para su expedición.

Y la competencia no puede variar tampoco en los eventos en que el acuerdo logrado no reciba la aprobación del tribunal, porque la garantía del debido proceso impone la existencia de recursos a favor de la parte perjudicada con la decisión, con miras a obtener la aprobación del acuerdo.

Se afirma lo precedente, en torno a la conciliación prejudicial, pese a la vigencia del ar-tículo 60 (inc. 4º) que dispone que contra la decisión del ponente que imprueba el acuerdo conciliatorio no cabrá recurso alguno, porque la norma, por lo dicho anteriormente, sería inaplicable por inconstitucionalidad.

En suma de todo lo anterior: el procedimiento cumplido ante el Tribunal está afectado de nulidad. El auto improbatorio de la conciliación debió dictarlo la Sala. Por consiguiente, puede estimarse que el expedido por la magis-trada ponente es inexistente y deberá proferirse de nuevo por la Sala. Por esa misma razón todo lo actuado está viciado de nulidad, desde el proveído de 9 de diciembre de 1994, inclusive.

Se asume esta competencia luego de armonizar el inciso 2º del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil con el 145 del mismo estatuto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Anúlese todo lo actuado en las presentes diligencias desde el auto de 9 de diciembre de 1994, inclusive, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El a quo deberá, en Sala, proferir el auto correspondiente al acuerdo logrado entre las partes.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y publí-quese en los Anales.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

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