Auto 10785 de septiembre 6 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A JUECES

EN PROCESOS POR FALLA DEL SERVICIO JUDICIAL

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Exp. 10.785

Apelación auto. Actor: Martha Mejía y otro. Demandada: La Nación - Ministerio de Justicia

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre seis de mil novecientos noventa y cinco.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el llamado en garantía contra el auto de 29 de septiembre de 1994 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual se dispuso:

“1. Admitir el llamamiento en garantía hecho por la señora Procuradora 30 en lo judicial (E).

2. Cítese al doctor L... para que, en el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación personal de este auto, en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, comparezca al proceso.

3. Se decreta la suspensión de este proceso, mientras se lleva a cabo la notificación al llamado en garantía, suspensión que no podrá exceder de noventa (90) días.

4. Se reconoce personería al abogado Vicente Soto Lara, para representar a la Nación (Ministerio de Justicia), de conformidad con el poder que obra a folios 122” (fls. 26 y 27).

Dicho auto fue recurrido en reposición y confirmado por la Sala, en los siguientes términos:

“1. No se repone el auto del 29 de septiembre de 1994 (fls. 131 y ss.).

2. No se accede tampoco a declarar la nulidad que se pide.

3. En el efecto devolutivo, ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, se concede el recurso de apelación interpuesto contra dicho auto por el llamado en garantía.

4. En consecuencia, se remitirán al superior copias de las siguientes piezas del proceso: a) De la demanda, la contestación y el escrito de llamamiento en garantía, y b) Del auto que admitió el llamamiento (fls. 131 y ss.) y de la presente decisión.

5. El apelante suministrará lo necesario para la expedición de las copias dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia (CPC, art. 356). (fl. 45).

Inconforme la persona llamada, apeló y sustentó su recurso en el escrito que obra a folios 38 y ss.

El Ministerio Público (Procuradora 30 en lo judicial) mediante el escrito que obra a folios 13 del expediente, en razón de que el Dr. L... “fue el presunto responsable de los perjuicios causados a los demandantes, porque, en su calidad de Juez Sexto Civil del Circuito en Me-dellín decretó el levantamiento de una medida cautelar que había sido tomada en el proceso ejecutivo Nº 10.216 para asegurar el cumplimiento de la obligación”, pidió que se le llamara en garantía, con apoyo, entre otros, en los artículos 54 y ss. del Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal en el auto recurrido accedió a hacer ese llamamiento por permitirlo así los artículos 54 del Decreto 2304 de 1989; 55, 56 y 57 del Código de Procedimiento Civil.

Al resolver la reposición la misma Sala del Tribunal dio respuesta a los argumentos expuestos por el señor apoderado del llamado y confirmó lo resuelto inicialmente. Fue así como distinguió, de acuerdo con el recurrente, la situación regulada en los artículos 76 a 78 del Código Contencioso Administrativo de la que contempla el 40 del Código de Procedimiento Civil; concluyó que el llamamiento comportaba una figura autónoma diferente a las anteriores con finalidad procesal distinta; definió que el llamamiento dentro del proceso administrativo podía recaer en una persona privada y no sólo en una pública; y anotó que sólo en la sentencia podía calificarse la relación entidad demandada-persona llamada, luego de la definición parte actora-demandada.

Para resolver, SE CONSIDERA:

La providencia apelada deberá confirmarse porque la Sala hace suya la perspectiva manejada por el a quo.

Tal como lo ha sostenido reiteradamente la Sala, la acción de repetición contra los funcionarios contemplada en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo y reafirmada a nivel constitucional en el artículo 90 de la Carta, deberá ejercerse por la entidad pública que resultare condenada en una acción de responsabilidad estatal, una vez efectúe el pago, si considera que un funcionario suyo con su conducta dolosa o gravemente culposa fue quien comprometió su responsabilidad.

Pero este enunciado, que implica el ejercicio de la acción autónoma de repetición (sucesiva), tiene otra salida procesal más práctica y expedita, cual es la del llamamiento en garantía. Llamamiento que le permite a la entidad demandada o al Ministerio Público en las acciones resarcitorias, dentro del término de fijación en lista, pedir la citación del funcionario o ex funcionario que pudo comprometer la responsabilidad de la administración con su conducta dolosa o gravemente culposa, para que, en el evento de que resultare condenada, pueda repetir, en la proporción que señale el juez, contra el llamado.

Como se observa, tanto la acción autónoma como la del llamamiento están consagradas en el código administrativo a favor del Estado y como sanción contra el funcionario que con su conducta seriamente irregular (dolosa o gravemente culposa) pudo comprometer la res-ponsabilidad de aquél. Y cuando se habla de funcionario se entiende cualquier autoridad pública, como lo señala el artículo 90 de la Constitución; razón que impide excluir a los de la rama jurisdiccional, máxime cuando hoy, indiscutiblemente, se puede hablar de la responsabilidad del Estado no sólo por los daños antijurídicos imputables a la rama ejecutiva, o a la legislativa por el hecho de las leyes, sino también por los causados por la administración de justicia.

En otros términos, el juez puede responder personalmente en los eventos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil por los daños causados a las partes; y puede ser obligado a pagar, ya no a los perjudicados, sino al Estado por la vía de la repetición, cuando su conducta dolosa o gravemente culposa haya incidido en la condena impuesta a éste.

La vía del llamamiento está autorizada en el código administrativo en su artículo 217 para los procesos de responsabilidad contractual y extracontractual; y la institución, por vacío en el código citado, deberá gobernarse por los artículos 54 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Se observa que tal como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia, aquí llamamiento o denuncia son equivalentes procesalmente.

Pero la admisión del llamamiento no implica aún el juzgamiento del llamado, porque la entidad que lo hizo tendrá que demostrar no sólo que la conducta del funcionario (en este evento el juez) fue dolosa o gravemente culposa, sino que ella fue precisamente la que comprometió la responsabilidad del ente público o incidió en la misma.

La procedencia del llamamiento, en la hipótesis de la demanda, se pone en evidencia con la simple lectura del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice:

“ART. 57.—Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores” (subrayas fuera de texto).

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Confírmase en todas sus partes el auto de 29 de septiembre del año pasado, confirmado por la misma Sala en proveído de 17 de marzo de este año.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y publí-quese en los Anales. Este proveído fue estudiado y aprobado por la Sala en su sesión de fecha septiembre 6 de 1995.

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

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