Auto 10899 de febrero 21 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN POR LA VÍA EXCEPCIONAL

REQUISITOS

EXTRACTOS: «Cierto es, como lo pregona la recurrente, que el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 35 de la Ley 81 de 1993, amplió las posibilidades para que la Corte, por vía de casación, decida asuntos que, en razón a los presupuestos de procedencia, no ameritarían tan exepcional pronunciamiento. Sin embargo, ello no puede entenderse exclusivamente en referencia al aspecto temporal de la pena privativa de la libertad señalada en el tipo por el que fue dictada la sentencia, como lo aduce, sino que es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos para su otorgamiento.

Estas exigencias, claramente definidas por la jurisprudencia, son:

a) Que el recurso se interponga contra un fallo de segunda instancia. En este caso se presentan dos hipótesis: si el fallo lo profiere un Tribunal Superior de Distrito Judicial, resulta indispensable que se proceda por un delito que no tenga prevista pena privativa de la libertad, o que ésta sea inferior a seis años de prisión, pues en caso contrario la vía adecuada sería la casación ordinaria. Si se dirige contra sentencia de segunda instancia proferida por un Juzgado Penal del Circuito, para nada importa el término máximo de la pena privativa de la libertad señalada en el tipo, ni la clase de medida impuesta.

b) Que la impugnación se presente dentro de los quince días siguientes a la última notificación de la sentencia de segundo grado, esto es, dentro del término de ejecutoria, de conformidad con el artículo 214 del Código de Procedimiento Penal.

c) Que exista legitimación para interponer el recurso; es decir que la impugnación provenga del procurador, su delegado, o el defensor del acusado.

d) Que se sustente en forma debida.

En punto a la legitimidad de la recurrente, encuentra la Sala que éste se halla satisfecho, pues si bien el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal señala que la solicitud debe provenir del Procurador General de la Nación, su delegado o del defensor, ha entendido esta Corporación que tal facultad en modo alguno se limita al mandatario judicial del enjuiciado, sino que cobija también a este último. No obstante, la potestad que el procesado tiene para presentar a la Corte la solicitud de casación excepcional, no puede entenderse al extremo de exonerarlo de cumplir con el requisito de sustentación.

Como en este caso el recurso se dirige contra fallo de segunda instancia, proferido por un Juzgado Penal del Circuito, y se intenta dentro del término que para el ejercicio de la casación señala la ley, se hallarían satisfechos los requisitos formales para darle curso. Se nota, sin embargo, la ausencia de sustentación, razón suficiente que amerita su inadmisión.

En efecto, para que la Corte pueda examinar la viabilidad de tal pedimento, el impugnante está en la obligación de precisar los motivos que le llevan a la interposición del recurso, los que la Sala no puede suponer, pues de lo contrario no se sabría si la razón radica en la necesidad de pronunciamiento, con criterio de autoridad, para fijar el alcance interpretativo de determinada disposición; en la aclaración de algún aspecto que jurisprudencialmente no haya sido suficientemente desarrollado; o si la discrepancia se funda en la violación de un derecho fundamental; únicos motivos contemplados para que la rigidez de este extraordinario medio de impugnación se atempere(*).

(*) Véase también J. y D. Nº 252, pág. 1182 y Nº 280, pág. 312 (N. del D.).

Por todo ello es que resulta imprescindible que el impugnante identifique nítidamente la naturaleza de la violación, y cómo ésta se concretó en el trámite del respectivo proceso».

(Auto de febrero 21 de 1996. Radicación 10.899. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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