Auto 11001-03-27-000-1998-0044-00 de febrero 20 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente 11001-03-27-000-1998-0044-00

Actor: Vicente Amaya Mantilla

Decreto Gobierno Nacional-Auto.

Santafé de Bogotá, D.C., febrero veinte de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «(...).

2. Artículo 12 del Decreto 3050 de 1997

Decreto 3050 de 1997

ART. 12Garantía para demandar. El término mínimo por el cual deberá suscribirse la garantía para demandar de que trata el artículo 867 del estatuto tributario, será de un (1) año, contado a partir de la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Antes de vencerse el término, la garantía deberá renovarse sucesivamente por períodos mínimos de un año, hasta la culminación del respectivo proceso.

(...).

Estatuto tributario

ART. 867.—Garantía para demandar. Para acudir a la vía contencioso administrativa no será necesario hacer la consignación del monto de los impuestos que hubiere liquidado la administración.

Cuando el monto discutido sea de cuantía igual o superior a diez millones de pesos (10.000.000) (año base 1997), será necesario acreditar la constitución de una garantía bancaria o de compañía de seguros a favor de la Nación-Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuya vigencia deberá ser por el término de duración del proceso y tres meses más, contados a partir de la fecha de la sentencia o decisión jurisdiccional ejecutoriada.

En materia del impuesto de renta y complementarios la garantía será por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) de los valores determinados por la administración y que sean objeto de discusión. En materia de retención en la fuente, la garantía será por un valor igual al sesenta por ciento (60%) de la suma materia de impugnación. Cuando se trate del impuesto sobre las ventas, la garantía será del treinta (30%) del valor impugnado.

(...).

El accionante considera que la norma reglamentaria transgrede la disposición superior del estatuto tributario pues en el inciso segundo el artículo 867 determina que la garantía para demandar debe tener una vigencia igual a la del proceso, más tres meses adicionales, sin disponer un término mínimo como en forma ilegal lo hace el artículo acusado.

Para la Sala evidentemente es manifiesta la infracción de la norma reglamentaria, por cuanto la norma superior no señala un límite de tiempo referido al calendario sino que toma como presupuesto para fijar el límite por el cual se debe tomar la garantía, la duración del proceso, que no tiene por qué coincidir con el año calendario. Además la norma reglamentaria exige que se renueve por períodos mínimos de un año aspecto no contemplado por la norma superior. Por consiguiente se accederá a suspender la norma acusada.

(...).

RESUELVE:

1. Admítese la demanda de nulidad contra los artículos 11, 12, 26 y 30 inciso 2º del Decreto Reglamentario 3050 del 23 de diciembre de 1997, propuesta por el ciudadano Vicente Amaya Mantilla, a quien se tendrá como parte demandante y en consecuencia se dispone:

a) Notifíquese personalmente al procurador delegado ante esta corporación;

b) Notifíquese personalmente al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público o a su delegado para recibir notificaciones;

c) Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para que las entidades demandadas y los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar la práctica de pruebas;

d) Solicítese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el envío de los antecedentes administrativos que hubiesen sobre la expedición del Decreto Reglamentario 3050 de 1997.

2. Decrétase la suspensión provisional del artículo 12 del Decreto 3050 de 1997.

3. Niégase la suspensión provisional de los artículos 11, 26 y 30 inciso segundo del Decreto 3050 de 1997.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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