•Auto 9474 de junio 11 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 11001-03-27-000-1999-012-00

Rad.: 9474

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Manrique Guzmán

Actor: Héctor Mario Galindo Pinilla

AUTO

Santafé de Bogotá, D.C., junio once de mil novecientos noventa y nueve.

Héctor Mario Galindo Pinilla, en propio nombre, en acción pública de nulidad, pide declarar la nulidad de la Circular 39 de 24 de marzo de 1999, de la Superintendencia Bancaria.

La demanda reúne los requisitos de los artículos 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, por lo que será admitida. Antes, sin embargo, se examinará la procedencia de la suspensión provisional también pedida.

El acto demandado

La circular acusada fue dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de los establecimientos de crédito, con la referencia, “vencimiento del término establecido para acogerse a las medidas de alivio —Decreto 2331 de 1998”, y es del siguiente tenor:

“CARTA CIRCULAR NÚMERO 39 DE 1999

(Marzo 24)

(...).

Los artículos 11 y 12 del Decreto 2331 de 1998 permiten a los deudores individuales de créditos hipotecarios acceder a las líneas de crédito dispuestas por Fogafin, como una medida de alivio a su situación, en las condiciones que éste establezca.

Este despacho ha tenido conocimiento (de) que algunas entidades financieras, están negando las solicitudes de crédito presentadas por los deudores individuales de créditos hipotecarios, cuando los mismos fueron pactados en pesos, argumentando que la sentencia proferida por la Corte Constitucional sólo hizo referencia a “estímulos para los deudores de créditos individuales de UPAC”.

Teniendo en cuenta que está próximo a vencerse el plazo establecido en el citado decreto para la presentación de las mencionadas solicitudes —29 de marzo de 1999—, les recuerdo que la misma Corte declaró la exequibilidad completa de los artículos en mención y que en estos se hace expresa referencia a los “créditos en UPAC o su equivalente en pesos” (art. 11) y a “deudores de créditos individuales hipotecarios” (art. 12), para lo cual deberán disponer las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a la referida norma, protegiendo así el derecho de los deudores de obligaciones en pesos; pues cuando el sentido de la ley es claro no se debe desatender su tener(sic) literal, más aún cuando el mismo resulta confirmado íntegramente por el juez que lo revisa.

Cordialmente,

Sara Ordoñez Noriega”.

La medida provisoria impetrada

El actor la sustenta en que, de conformidad con los artículos 11 y 12 del Decreto 2331 de 1998 y las “disposiciones cuasi-legales” (sic) de la Corte Constitucional, expresadas en sus sentencias C-122 de 1999 de exequibilidad del Decreto 2330 de 1998 que declaró la emergencia económica y social en el país por 24 horas, y C-136 de 1999 de exequibilidad del propio Decreto 2331 de 1998, el alivio financiero que se establece en dichas normas se relaciona “únicamente con los deudores individuales de crédito UPAC”, en tanto que la circular acusada entiende que el citado artículo 11 del Decreto 2331 de 1998 “se refiere exclusivamente a deudores de UPAC y el 12, a cualquier otro deudor de vivienda o deudor individual de crédito hipotecario, incluyendo aquellos créditos asumidos en pesos colombianos...”.

La circular en cuestión, según el actor, no sólo resultaría contraria a lo resuelto por la Corte Constitucional, que limitó el beneficio del alivio a los deudores de UPAC, sino al mismo artículo 12 citado, que incluye el concepto de corrección monetaria, el cual sólo podría tener cabida en créditos UPAC.

Para resolver se considera:

El doctor Delio Gómez Leyva se declaró impedido para conocer del presente proceso, el cual fue aceptado por la Sala mediante auto de fecha mayo 21 de 1999 y en aplicación de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, se decide esta providencia con el resto de los integrantes de la Sala, sin necesidad de nombrar conjuez.

De la simple confrontación de los textos de la circular acusada y de los artículos 11 y 12 del Decreto 2331 de 1998 y del documento público anexo a la demanda, contentivo de las sentencias de exequibilidad de la Corte Constitucional, surge la manifiesta contradicción de la primera con los segundos.

En efecto, como lo indica el actor, mientras la circular censurada distingue entre créditos individuales hipotecarios para vivienda contraidos por el sistema UPAC, del artículo 11, y los mismos créditos individuales hipotecarios, pero contraidos en pesos colombianos, del artículo 12, lo evidente es que ambos preceptos se refieren conjuntamente a los créditos hipotecarios individuales para vivienda UPAC.

En efecto, los artículos 11 y 12 del Decreto 2331 de 1998 se refieren a los créditos individuales hipotecarios contraidos por el sistema UPAC, por lo que la aludida distinción efectuada a través de la circular acusada desconoce el texto de los citados artículos.

Así lo confirman tanto el hecho de que, dentro de la metodología señalada por el artículo 12 para acceder al beneficio, se compute la “corrección monetaria” elemento típico de los créditos UPAC, como los propios pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Accederá la Sala, en consecuencia a la medida de cautela pedida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. Admítese la demanda presentada por el ciudadano Héctor Mario Galindo Pinilla.

2. Notifíquese personalmente el agente del Ministerio Público.

3. Notifíquese al señor Superintendente Bancario o a su delegado para recibir notificaciones.

4. Fíjese en lista por el término de diez (10) días. Término dentro del cual la entidad demandada podrá contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas, y los terceros intervinientes impugnarla o coadyuvarla.

5. Solicítese al señor Superintendente Bancario, la remisión con destino a este expediente de los antecedentes administrativos si los hubiere. Término cinco (5) días.

6. Decrétase la suspensión provisional de la Circular 39 de marzo 24 de 1999, expedida por la Superintendencia Bancaria.

Tiénese como demandante al señor Héctor Mario Galindo Pinilla.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

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