Auto 13551 de noviembre 14 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Referencia: 1100103270002002010201

Radicado: 13551

Consejera Ponente:

Ligia López Díaz

Actor: Antonio José del Castillo Solano

Decreto Gobierno Nacional

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil dos.

AUTO

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el actor demandó a la Nación, representada por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se declare la suspensión provisional de la partícula disyuntiva “y” del numeral 2º del artículo 7º del Decreto 326 de 1995.

Como fundamento de la demanda, aduce la violación del artículo 72 del estatuto tributario que fue modificado por el artículo 4º de la Ley 174 de 1994.

Aduce que el decreto demandado está exigiendo dos requisitos que la norma superior en forma alguna, ha exigido que sean concomitantes, conforme a la siguiente confrontación normativa:

Norma violadaNorma violatoria
LEY 174 DE 1994
(Diciembre 22)
“Por la cual se expiden normas en materia de saneamiento aduanero y se dictan otras disposiciones en materia tributaria”.
“El Congreso de Colombia
“DECRETA
“(...)”
“ART. 4º—Avalúo como costo fiscal.
El artículo 72 del estatuto tributario quedará así:
“ART. 72.—Avalúo como costo fiscal. El avalúo declarado para los fines del impuesto predial unificado, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley 44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales, en los términos del artículo 5º de la Ley 14 de 1983, podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. Para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la declaración del impuesto predial unificado y/o declaración de renta, según el caso, correspondiente al año anterior a la enajenación. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7º de la Ley 14 de 1983”.
“DECRETO 326 DE 1995
(Febrero 20)
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 174 de 1994
El Presidente de la República de Colombia
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
“(...)”.
ART. 7º—Requisitos para aceptar el avalúo como costo. Para que los autoavalúos o avalúos mencionados en el artículo precedente puedan ser utilizados como costo fiscal en la enajenación de inmuebles, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. (...)
2. Si se trata de autoavalúo, el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración del impuesto predial unificado y en la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondientes al año gravable anterior al de la enajenación...”

Señaló que mientras la ley expresa que el valor que pueda utilizarse como costo fiscal debe figurar en la declaración del impuesto predial Y/O en la declaración de renta, del año anterior, el reglamento hace desaparecer la conjunción disyuntiva “O” y deja la exigencia con la sola conjunción copulativa “Y”.

Estimó que con tal exigencia se elimina la posibilidad de que según cada cado, (sic) la cifra pertinente deba aparecer bien en una cualquiera de tales dos declaraciones o bien en ambas.

Consideraciones de la Sala

El escrito que contiene la demanda reúne los requisitos exigidos por los artículos 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. En consecuencia, procede su admisión como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En relación con la petición de suspensión provisional, la Sala considera que debe ser despachada en forma favorable, pues basta confrontar el artículo 4º de la Ley 174 de 1994 (E.T., art. 72) con el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 326 de 1995, para observar que al paso que la ley señala que el avalúo aceptable como costo fiscal es el que figure en la declaración del impuesto predial unificado y/o en la declaración de renta correspondiente al año anterior a la enajenación, lo que permite a los contribuyentes tener en cuenta el valor declarado en cualquiera de los dos eventos, el reglamento introduce una limitante consistente en excluir tal disyuntiva, lo cual implica la flagrante violación de la ley.

A simple vista se observa que el reglamento excedió la ley, eliminando la posibilidad de que el valor que toma como costo fiscal pueda aparecer en cualquiera de las declaraciones (renta o predial) o en ambas.

Teniendo en cuenta que la omisión de la partícula “o” en la norma acusada, viola de manera abierta el texto del artículo 4º de la Ley 174 de 1994, (E.T., art. 72) procede la suspensión del numeral segundo del artículo 7º del Decreto 326 del 20 de febrero de 1995, pues si bien no se demanda en su totalidad, tal omisión modifica la norma superior que se invoca como violada.

(sic) su contexto para efectos de la efectividad de la medida de suspensión que será decretada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. Admítase la demanda.

2. Notifíquese personalmente la presente providencia al señor agente del Ministerio Público ante la corporación.

3. Notifíquese la presente providencia a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. Fíjese en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada pueda contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar la práctica de pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven.

5. Solicítese a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los antecedentes administrativos que dieron origen a la expedición del Decreto 326 de 1995. Término 5 días.

6. Decrétase la suspensión provisional de los efectos del numeral segundo (2º) del artículo séptimo (7º) del Decreto 326 de 1995.

7. Téngase al señor Antonio José del Castillo Solano como demandante.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

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