Auto 11208 de diciembre 14 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

REPETICIÓN CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

POR LA VÍA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

EXTRACTOS: «La vía del llamamiento en garantía, con su origen en el estatuto procesal civil, se consagró expresamente en el artículo 217 del CCA, para darle vía procesal a lo que disponen los artículos 77 y 78 del mismo código. Allí, se contempló la posibilidad de repetición a favor de la entidad pública que resultara condenada en un proceso de responsabilidad, por la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario suyo. Y aunque esas previsiones permanecieron por varios años como letra muerta, la Constitución del 91 les dio vida nueva en el artículo 90, y el legislador, en el artículo 54 de la Ley 80 de 1993, la reiteró en el campo contractual.

La normatividad citada le ha permitido a la jurisprudencia señalar la existencia de dos vías apropiadas para la procedencia de la repetición, así: una, a través de la acción autónoma de repetición, instaurable por la administración condenada, tan pronto pague la obligación impuesta en la sentencia de responsabilidad; y otra, a través del llamamiento en garantía.

Este último constituye la vía más expedita y rápida porque permite en un mismo proceso definir si se dio la responsabilidad endilgada a la administración (relación demandante-demandada) y si el llamado actuó en forma dolosa o gravemente culposa y tuvo incidencia en la responsabilidad declarada (relación demandada-llamado).

Cuando la administración o el Ministerio Público llama a un tercero, lo hace no porque tenga de antemano la prueba de esa conducta dolosa o gravemente culposa, sino porque estima que pueden probarse tales supuestos dentro del proceso. Tan cierto es esto que la que formula el llamamiento tendrá la carga de probar los supuestos que configuran tal clase de conducta.

En otros términos, el hecho de aceptar un llamamiento no implica condena para nadie; sólo se busca, por economía procesal, lograr la efectividad de la repetición ordenada en la Carta como sanción al funcionario que actuó con dolo o con culpa grave».

(Auto de diciembre 14 de 1995. Expediente 11.208. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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