Auto 11284 de febrero 1º de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN TERCERA

CORRECCIÓN DE LA DEMANDA

INCLUSIÓN DE NUEVOS DEMANDANTES

EXTRACTOS: «Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 22 de junio de 1995 en virtud del cual se dispuso: “Inadmitir la corrección y adición solicitada” (fl. 108).

Para adoptar la decisión recurrida el Tribunal se apoyó en argumentos de este orden:

“La demanda fue presentada el día diez de febrero del presente año y el hecho ocurrió el 11 de fe-brero de 1993, luego entonces la caducidad operaba el mismo día de la presentación de la demanda. Así las cosas el apoderado de la parte actora, dentro del término de fijación en lista solicita se corrija y adicione la demanda en el sentido de incluir como nuevos demandantes a Cipriano Rafael, Isabel del Tránsito, Eddie Arnulfo, Vinicio Edmundo, Jesús Antonio y Lidda Tránsito Góngora Fuenmayor, hermanos del extinto Otto Guillermo Góngora Fuenmayor. Luego entonces, resulta acreditado el fenómeno jurídico de la caducidad con respecto a estas personas, lo cual trae como consecuencia la inadmisión de la corrección y adición de la demanda” (fl. 108).

Inconforme la parte actora con la decisión del a quo, la apeló, por considerar que

“De conformidad con el precepto del artículo 208 del CCA subrogado mediante el artículo 47 del Decreto-Ley 2304 de 1989, “hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda”. Esta facultad no tiene límite alguno en la ley y donde la ley no distingue no le es dado hacerlo al intérprete” (fl. 112)

Para resolver, SE CONSIDERA:

El auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia será confirmado por esta corporación por las siguientes razones:

De conformidad con el artículo 208 del CCA, el término para corregir o aclarar la demanda corre hasta el último día de la fijación en lista, término en el cual la parte actora puede adicionar algunas pretensiones, o incluso incluir nuevos demandantes, pues es una garantía procesal de que gozan los administrados.

Sin embargo, la Sala considera que dicha garantía procesal debe ser ejercida dentro del término que la ley otorga para ello, pues si bien es cierto que cualquier persona puede demandar mediante la acción de reparación directa cuando se le haya causado un daño con fundamento en un hecho, una omisión, una operación administrativa o por la ocupación temporal o permanente de un inmueble de su propiedad por causa de trabajos públicos, también es cierto que la persona goza de un término para ejercer ese derecho subjetivo. Para esa clase de acción el artículo 136 del CCA, prevé un término de dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho, de la omisión, la operación administrativa o la ocupación temporal.

Para el caso sub exámine el hecho dañoso ocurrió el 11 de febrero de 1993, de esta manera el plazo para la caducidad vencía el 11 de febrero de 1995. Como la adición de demanda incluyendo nuevos demandantes se presentó el 22 de marzo del mismo año, habían transcurrido más de dos años del término que la ley otorga para ejercitar este tipo de acciones, configurándose así el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción».

(Auto de febrero 1º de 1996. Expediente 11.284. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

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