Auto 11317 de marzo 7 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

EJECUCIÓN CONTRA ENTIDADES ESTATALES

PAGARÉS OTORGADOS EN DESARROLLO DE UN CONTRATO DE EMPRÉSTITO

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de agosto 3 de 1995, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió “la demanda que en ejercicio de la acción ejecutiva promovió el Banco Central Hipotecario contra el municipio de Caucasia”, por falta de jurisdicción.

Muestran los hechos de la demanda que el Banco Central busca obtener por la vía ejecutiva la solución de unos créditos, representados en unos pagarés otorgados por el municipio deudor en desarrollo de la cláusula 9ª del contrato de empréstito celebrado entre las mencionadas partes.

El a quo para inadmitir la demanda sostuvo que al elegir el acreedor la acción cambiaria debió formularla ante la jurisdicción ordinaria, “porque el petitum no es el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los contratos de empréstito”.

Para resolver, SE CONSIDERA:

Para la Sala el auto en cuestión deberá revocarse, porque la Sala no comparte la argumentación hecha por el a quo, la cual no toma en cuenta la reforma que en este campo introdujo el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, norma que adscribió a una misma jurisdicción, la administrativa, el conocimiento tanto de las controversias derivadas de los contratos estatales como de las de ejecución emanadas de los mismos.

Frente a la Ley 80 y con apoyo en la jurisprudencia de la Sala Plena contenida en el proveído del cual fue ponente el señor consejero Chahín Lizcano (auto S-414 de nov. 19/94-Actor: Rigoberto Arenas Olmos), ya no cabe hacer la distinción que explica el tribunal para efectos de definir la jurisdicción adecuada, puesto que hoy corresponden a la administrativa. Pero aún más, se desprende de la demanda que existe la obligación expresa, clara y exigible, vale decir, el título ejecutivo, por lo que sobra hablar en este momento procesal de una previa acción de conocimiento para su creación.

Lo cierto es que, por voluntad de la ley, y por lo convenido por las partes en el contrato de empréstito celebrado el día 29 de junio 1993, se suscribieron pagarés exigibles ante el incumplimiento del municipio deudor; y para el caso de la acción procedente no es posible deslindar esos títulos valores del contrato aludido, para pasar su ejecución a otra jurisdicción, máxime cuando no aparece demostrado, en forma alguna, que la suscripción de esos pagarés se hizo con la intención de extinguir la relación contractual que dio origen a su emisión. En otras palabras, la vinculación entre los títulos valores que prestan mérito ejecutivo y el empréstito aparece bien evidenciada.

Por lo anterior, deberá revocarse la providencia del a quo, para, en su lugar, librar el mandamiento de pago en la forma propuesta.

Para el efecto, los títulos valores suscritos por las partes (pagarés números 1 y 2) prestan mérito ejecutivo al tenor del artículo 488 del CPC, ya que en la actualidad son exigibles y muestran unas obligaciones a cargo del municipio de Caucasia expresas, claras y exigibles».

(Auto de marzo 7 de 1996. Expediente 11.317. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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