Auto 11322 de septiembre 5 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

• SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN PENAL

LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR

EXTRACTOS: «Si a través del recurso extraordinario de casación se cuestiona la legalidad del fallo de segunda instancia, que como tal está amparado por la doble presunción de acierto y legalidad, quien no apeló la sentencia de primer grado, ni su situación se vio modificada con el pronunciamiento del tribunal, carece de legitimidad para acudir a la impugnación por vía extraordinaria; pues los recursos, entendidos como mecanismos procesales otorgados por la ley a las partes para controvertir las decisiones judiciales que consideren adversas o ilegales, deben provenir de la iniciativa de los intervinientes, quienes han de agotar primero, en las instancias previas, y a medida que se vaya manifestando la voluntad de la judicatura, los instrumentos ordinarios de control que legitimen y hagan viable el ulterior ejercicio del medio extraordinario de impugnación.

Y habiendo sido concebida la casación como un instituto jurídico excepcional para restaurar la legalidad del fallo, la inconformidad con la decisión de mérito tiene que ser expresa y oportuna, de tal manera que mediante la impugnación a la sentencia de primer grado, se promueva el proferimiento de la respectiva SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, como otro control regular adicional para garantizar la justicia de la decisión.

De aceptarse la procedencia del recurso de casación contra sentencias que, por no haber sido objeto de la alzada por parte del presunto afectado, no fueron revisadas en segunda instancia ni comportan pronunciamiento alguno sobre su particular situación —amén de la limitación a la competencia del superior y de la prohibición de reforma peyorativa, traídas por el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 34 de la Ley 81 de 1993—, el Estado y concretamente la administración de justicia, desconocería el principio de seguridad jurídica, que predica la inamovilidad de las decisiones de mérito, no pudiendo ser revocadas o modificadas sino a instancias del ataque que en el momento oportuno y a través de los recursos le formulen las partes.

Además, si la teleología central del nuevo esquema procesal penal colombiano —mixto con tendencia acusatoria— es la garantía de los derechos fundamentales de las partes que en él intervienen, los sujetos procesales deben desempeñar un dinámico papel en correspondencia a esa finalidad rectora propia de un proceso penal “entre partes”, que se surte gradual y sistemáticamente a medida que se agotan las instancias, pues al avanzar el proceso, por la logicidad del sistema, éste se cierra en la cúspide.

Ese dinamismo de las partes responde a los principios de lealtad procesal y de preclusión de los momentos procesales, y se exterioriza a través del ejercicio oportuno de sus derechos, con la unívoca controversia a medida que se van profiriendo las decisiones judiciales, de tal manera que se trabe el contradictorio y se legitime el carácter dialéctico de la actuación.

De ahí que la pasividad manifiesta del procesado o de su defensor, al omitir ejercer el derecho a impugnar la sentencia condenatoria de primer grado, descarte la posibilidad de controvertir por vía extraordinaria la de segunda instancia —a menos que de este último pronunciamiento resulte desfavorecido el status adquirido en el fallo de primer grado—, no sólo porque esta actitud refleja conformidad con el mismo, sino además porque la ilegalidad de la sentencia de mérito no puede alegarse con criterio supletorio, luego de haber tenido a disposición la oportunidad de cuestionar la decisión dentro de la misma instancia que ahora se pretende deslegitimar.

Este desleal proceder vulnera el principio de la inmaculación del proceso —pues lo pervierte con otro mecanismo paralelo de impugnación—, y además desconoce su carácter gradual y preclusivo.

Valga precisarlo: la impugnación extraordinaria respecto del procesado deviene procedente sólo cuando éste o su defensor hayan interpuesto la alzada como paso previo para controvertir la sentencia de mérito; o, cuando, sin haber apelado directamente, el fallo de segundo grado afecte su situación jurídica y le cause agravio, tal como sucedería en el evento en que se transgreda la prohibición de reformatio in pejus. En este caso, se impone para el recurrente la carga procesal de acreditar, con la interposición del recurso, el interés que le asiste para impugnar en casación el fallo de segundo grado, a pesar de haber omitido incoar el recurso de apelación.

Ahora bien, no sobra advertir que respecto de sentencias proferidas por vía de consulta (CPP, art. 206 modificado por la L. 81/93, art. 29), procede el recurso de casación por parte del interesado, así éste no haya apelado previamente, pues en este evento, por virtud del artículo 217 ejusdem —modificado por el artículo 34 de la Ley 81 de 1993— puede el superior “decidir sin limitación sobre la providencia o la parte pertinente de ella”, lo que, al habilitar la modificación de la situación jurídica del procesado, lo dota de interés para recurrir por vía extraordinaria el fallo que le cause agravio».

(Auto de septiembre 5 de 1996. Radicación 11.322. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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