Auto 11350 de abril 30 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

PUNTO DE PARTIDA PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO

EXTRACTOS: «Se decide la apelación interpuesta por la parte actora contra el auto inadmisorio de la demanda proferido el 12 de julio de 1995 por el Tribunal Administrativo de Antioquía, con fundamento en la caducidad de la acción que allí declara.

Contra este auto, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Resuelta negativamente la reposición, el tribunal concedió la apelación que allí se falla.

El a quo ordenó devolver la demanda al libelista luego de observar que en el caso sub lite había operado el fenómeno de la caducidad de la acción, pues la demanda de reparación directa que promovieron Ómar de Jesús Bruce, María Margot Ruiz Cárdenas y Margarita Inés Bruce Contreras se originó en el hecho de haberse enviado el día 24 de agosto de 1992 al suboficial del ejército Ómar de Jesús Bruce al mando de una tropa al lugar en donde fue dinamitado el Oleoducto Colombia, produciéndose la explosión de una mina que le causó serias lesiones.

Así mismo argumentó que como la falla del servicio se hizo consistir en la orden de cumplir una misión “consistente en tarea táctica, en zona minada sin los elementos protectores”, y la explosión se produjo el 24 de agosto de 1992, la caducidad se pone de manifiesto pues la demanda se presentó el 25 de mayo de 1995, es decir, por fuera del límite temporal prescrito en el artículo 136 del CCA para instaurar la acción correspondiente.

Inconforme el apoderado de la parte actora apeló el auto del tribunal.

(...)

Para resolver, SE CONSIDERA:

El tema de la caducidad, recurrente y fundamental en el contencioso administrativo está naturalmente reglamentado en el derecho positivo, pero sus rasgos prácticos han sido perfeccionados por la labor jurisprudencial y doctrinal.

El término hábil para instaurar legítimamente la acción de reparación directa está señalado por el artículo 136 del CCA y es de dos años. La problemática se suscita respecto de la determinación del punto de partida para el cómputo del plazo más allá del cual la eventual víctima ya no tendría derecho a reclamar la condigna indemnización.

La realidad indica las más diversas circunstancias en que pueden ocurrir los hechos, de los cuales o bien se desconoce su ocurrencia o por su naturaleza es preciso una valoración que indique a partir de qué momento la víctima o el accionante estuvieron en la posibilidad de acceder a la justicia para reclamar sus derechos. En efecto, y a modo de ejemplo pueden citarse diversas hipótesis, tales, la del paciente a quien, intervenido quirúrgicamente se le deja un elemento extraño dentro de su cuerpo, hecho que advierte con posterioridad, cuando le causa daño evidente y hace ostensible el hecho pretérito; la del paciente que a sabiendas porque el tratante le ha advertido que olvidó retirar y quedó dentro de su cuerpo un elemento que no ofrece peligro; la del paciente herido con arma de fuego a quien el médico no le retira el proyectil por evitar un riesgo mayor para el paciente, circunstancia de la cual puede haber sido o no advertido el mismo; o la del servidor público que en ejercicio de su oficio, o un tercero que soporta un hecho que de inmediato no determina un daño evidente ni cierto pero que puede determinar la producción de un daño futuro en cuyo caso la propia víctima no tendría medios para advertirlo; o finalmente en los eventos de una asistencia médica prolongada o de un proceso de sanidad que impiden al interesado el conocimiento y la certeza de la presencia del daño resarcible para que desde allí se compute el término de caducidad. Igualmente el caso de quien fallece luego de un proceso de deterioro progresivo, y después del transcurso de un largo período de convalecencia, o de quien habiendo padecido una lesión interna no estaba en condiciones de percatarse de su situación. Lo mismo ocurre en el caso de retención de vehículos o mercancías que luego son objeto de orden de devolución, evento para el cual la Sección ha hecho precisiones respecto de la fecha de aprehensión, la de la orden de devolución y hasta de la fecha de comunicación a la correspondiente autoridad. Precisamente en tales términos se ha pronunciado entre otras providencias como las contenidas en el expediente Nº 104.12, actor Benjamín Uribe Jaramillo, con ponencia del doctor Ricardo Hoyos Duque, y en el proceso 12.090, actor Jesús Antonio Mosquera, con ponencia de quien elabora este proyecto.

No es equitativo entonces y se irrogaría daño a la justicia si se aplica con extremo rigor la norma positiva que regula el instituto de la caducidad y conviene al papel del juez para que con conocimiento de causa y de cada caso concreto asegure la prevalencia del derecho sustantivo sobre aspectos adjetivos que no pueden tenerse como imperativos, sin que la actitud judicial implique por ningún motivo la derogatoria de la norma cuya finalidad es la de dar seguridad jurídica sirviendo de punto de partida para las decisiones que interpretándola, la hagan funcional y eficaz.

(...)

Por lo demás, es preciso advertir que el daño cuya indemnización se pretende tuvo como causa remota un hecho cierto ocurrido en una fecha determinada, pero el conocimiento por parte de la víctima y la concreción de la falla del servicio en el caso sub análisis se ubica en el momento en que se hizo la evaluación del estado físico del demandante, siendo este hecho el que lo habilita para, demandar, y no el primero ni el último que fue el del despido por incapacidad.

No puede afirmarse, como lo hizo el a quo, que la fecha de la ocurrencia de la falla del servicio constituya un hito inamovible a partir del cual deba contarse en forma inexorable el término de caducidad, tampoco razonar de la misma manera aduciendo como argumento para ello que fue la parte interesada quien señaló un hecho como constitutivo de la falla del servicio y que la fecha en que él ocurrió es el punto de partida para el cómputo que se analiza.

No se admite como pretende el apelante que la fecha en que fue dado de baja el demandante, de la prestación de su servicio sea el punto de referencia para el cómputo en cuestión porque si este hecho fue consecuencia de una incapacidad declarada, ella no coincide con la separación del cargo pues los mismos hechos y documentos procesales señalan que la víctima había sido evaluado médicamente y se le había determinado una lesión irreversible. Así se lee en el acta de junta médica aportada por el demandante, documento fechado el día 12 de agosto de 1993, desde el cual se presume que el paciente tuvo conocimiento de su situación médica y de la entidad del daño y desde esa fecha correría el término hábil para demandar.

A folio 5 y 6 aparece el acta de Junta Médica Laboral registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército del 12 de agosto de 1993, en cuya parte final dice:

“Hipoacusia neurosensorial bilateral. Etiología. Trauma acústico bilateral. estado actual: Disminución agudeza izquierda. Pronóstico: Lesión irreversible. Conducta a seguir: Controles audiométricos cada 6 meses y aislarlo de ambiente ruidoso. (fdo) Dr. Antionio Lewis C., especialista en otorrino...”

Habiendo demandado el 25 de mayo de 1995, no hay lugar para declarar la caducidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Revócase el auto apelado, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, calendado el 12 de julio de 1995.

En su lugar, se dispone admitir la demanda presentada por Ómar de Jesús Andrés Bruce contra la Nación Ministerio de Defensa Nacional».

(Auto de abril 30 de 1997. Expediente 11.350. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros).

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