Auto 11393 de julio 3 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA

ACCIÓN DE NULIDAD EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de súplica interpuesto contra el auto dictado el 18 de diciembre de 1996* por el Honorable consejero Carlos Betancur Jaramillo, proveído que al desatar reposición interpuesta dispuso: “Revocar el auto impugnado y en su lugar la demanda se declara inadmisible”.

Antecedentes

En ejercicio de la acción pública de nulidad que consagra el artículo 73 de la Ley 99 de 1993, el ciudadano Mauricio Bertoletti Laguado demandó “la nulidad del contrato de concesión para mediana minería celebrado entre el señor Manuel Antonio Zapata Zambrano y el Ministro de Minas y Energía el 14 de diciembre de 1994”. También ha pedido que se declare la nulidad del Registro Minero 93-0394-13281-03-0000-00.

* Auto publicado en J. y D., Nº 303, pág. 284 (N. del D.).

Por auto de 27 de febrero de 1996 el Honorable consejero Carlos Betancur decretó la admisión de la demanda, la notificación personal del demandado, del Ministerio Público y del interesado Manuel Antonio Zapata Zambrano. Este último alegó aspectos que conducen a la revocatoria del auto admisorio de la demanda, pues mediante recurso de reposición argumentó que la “la acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente... ..al paso que para los contratos administrativos (manifestaciones conjuntas o bilaterales) es factible ejercer la acción de nulidad absoluta consagrada en el artículo 44 de la ley 80 de 1993..” (fl. 60)

La Sala unitaria integrada por el Honorable consejero Carlos Betancur Jaramillo optó por revocar el auto admisorio y en su lugar dispuso inadmitir el escrito demandatorio, Para resolver

(...).

Para resolver SE CONSIDERA:

La concesión es un contrato, así se ha entendido por la doctrina, la ley y la jurisprudencia, y el contrato de concesión minera no ha de ser una excepción para que reciba el tratamiento de un acto administrativo cualquiera, como lo advirtió el Honorable consejero Betancur Jaramillo.

La acción instaurada por el actor, inspirada en la defensa del medio ambiente, es la de simple nulidad y por ello resulta paradójica en cuanto ésta corresponde en estricto sentido a los actos administrativos en tanto que para los contratos la ley señala las acciones propias.

La Ley 99 de 1993 en su artículo 73 dispone:

“La acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente”.

Se observa entonces que al otorgar la acción de nulidad contra un elenco de actos administrativos, el legislador en forma impropia enlistó con ellos para el mismo efecto el contrato de concesión minera. Entonces se concluyen dos cosas: una, que concedió la acción de nulidad respecto del contrato, y otra, que es pertinente aclarar que no por haber citado la concesión junto con actos administrativos haya cambiado su naturaleza de contrato.

De otra parte; y en procura de una interpretación global de la Ley 79 de 1993 y de la ley 80 del mismo año, debe notarse que el legislador expresó su voluntad de otorgar la acción de nulidad a cualquier persona en materia contractual y en el caso sub-exámine se justifica doblemente porque en esta materia minera se pretende la preservación del medio ambiente que es por naturaleza de interés general.

Conclúyese entonces que la acción elegida por el actor es legítima y que en todo caso esta decisión acoge el espíritu de la jurisprudencia sentada por el Honorable consejero sustanciador en cuanto señaló cierta intención legislativa de “imprimirle fuerza y garantía al contrato minero para que se cumpla según lo mutuamente convenido, y no según la conveniencia de una sola de las partes”,

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Revocar el auto suplicado, esto es, el proferido el 18 de diciembre de 1996 por el Honorable consejero Carlos Betancur Jaramillo dentro del proceso del rubro, el cual queda así:

Prosiga el trámite del proceso.

Notifíquese y cúmplase».

(Auto de julio 3 de 1997. Expediente 11.393. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros).

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