Auto 11449 de marzo 1º de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RENTAS DE ENTIDADES TERRITORIALES

SON INEMBARGABLES

EXTRACTOS: «El recuento histórico que dio nacimiento a este proceso, se sintetiza así:

a) El 2 de agosto de 1994, entre el municipio de Sampués (Sucre) en calidad de contratante y el señor Domingo Rafael Espinosa Tovar como contratista, se celebró un contrato de obra en virtud del cual el contratista se obligó a construir una línea eléctrica, en el corregimiento de la Ceja del Mango, municipio de Sampués (departamento de Sucre) (fls. 10 a 12).

b) El valor del contrato se pactó en la suma de $ 11.362.830, suma que el municipio se obligó a pagar de la siguiente manera: el 50% como anticipo a la firma del contrato y el otro 50% a la terminación de las obras.

c) El contrato se cumplió en su totalidad por parte del contratista, pues la obra se llevó a cabo en su integridad y fue recibida a satisfacción por el municipio de Sampués, según consta en el acta de recibo de obra visible a folio 13 del expediente.

d) El 20 de diciembre de 1994, el representante legal del municipio demandado por medio de la Resolución 1283 ordenó el pago de la suma en cuestión, la cuenta de cobro fue presentada y legalizada sin que hasta la fecha de presentación de la demanda se hubiera cancelado.

e) Ante el incumplimiento del ente territorial, el señor Domingo Rafael Espinosa Tovar, instauró demanda ejecutiva contra el municipio de Sampués buscando el pago de “11.362.830 más intereses moratorios y costas que demande el proceso”.

f) El 26 de julio de 1995 el Tribunal Administrativo de Sucre, libró mandamiento de pago a favor del contratista y en contra del municipio de Sampués, por la suma de $ 11.362.830 más los intereses moratorios pactados. Igualmente se ordenó el embargo y retención de los dineros que el demandado poseía en cuentas corrientes, con el objeto de garantizar la obligación contraída.

g) El 19 de septiembre de 1995 el señor Espinosa Tovar presentó la liquidación del crédito por el valor de $ 19.925.536.

h) El 11 de octubre de 1995, el Tribunal de Sucre al momento de estudiar la aprobación del crédito, decide levantar el embargo que pesaba sobre las cuentas corrientes de propiedad del municipio demandado, por considerar que estos son bienes inembargables al tenor de lo dispuesto en el estatuto orgánico del presupuesto. Respecto de la liquidación del crédito guardó silencio.

Una vez visto el recuento cronológico que originó este litigio, la Sala hace las siguientes observaciones:

El 15 de enero de 1996 el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 225 de 1995, expidió el Decreto 111, por medio del cual se compilaron la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.

En el artículo 18 del mencionado decreto se señaló como uno de los principios del sistema presupuestal, la inembargabilidad de las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación.

Por su parte, el artículo 109 del estatuto orgánico del presupuesto dispuso:

“Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la ley orgánica del presupuesto en lo que fuere pertinente”.

Como estas disposiciones someten a las entidades territoriales a las normas de la ley orgánica del presupuesto y en esta ley se consagra como uno de los principios del sistema pre-supuestal la inembargabilidad, tal disposición debe ser aplicada a las entidades territoriales, quedando así derogado el numeral 3º del artículo 684 del CPC. En consecuencia, en aplicación del inciso 3º del artículo 513 del mismo estatuto, habrá que confirmarse la decisión de primera instancia, toda vez que el juez no puede decretar medidas preventivas cuando la ley expresamente lo prohíbe».

(Auto de marzo 1º de 1996. Expediente 11.449. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

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