•Auto 1149 de febrero 4 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Mario Alario Méndez

Nación, Superintendencia de Control de Cambios contra Manufacturas Ramar Ltda.

Jurisdicción coactiva

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS DEL SALVAMENTO DE VOTO

«Entre los autores nacionales, Vidal Perdomo ha explicado que “el artículo 64 les confiere [a los actos administrativos] carácter ejecutivo y ejecutorio, el primero para significar que obligan por sí mismos, el segundo para indicar que la administración puede llevarlos a la práctica” y que “la decisión de autoridad competente es ejecutiva en cuanto debe cumplirse y ejecutoria porque la administración la ejecuta forzadamente promoviendo el objeto del acto sin esperar orden judicial” (Vidal Perdomo, Jaime, Derecho Administrativo; Bogotá, Temis 8ª Ed., 1985, págs. 246 y 258).

No siempre la administración tiene la facultad de ejecutar por sí misma sus decisiones, no obstante ser éstas obligatorias. Se trata así de actos administrativos ejecutivos, mas no ejecutorios.

Son conceptos distintos la ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos, de lo cual surgen consecuencias diferentes. La ejecutividad del acto administrativo, esto es, su idoneidad como título de ejecución, se extingue por prescripción, cuando ha transcurrido el lapso señalado por la ley sin que la administración haya ejercido la acción ejecutiva. Y la ejecutoriedad del acto administrativo, o sea, la facultad de la administración para ejecutarlo por sí misma, decae por el transcurso del término de cinco años de estar en firme sin que la administración realice los actos que le correspondan para ejecutarlo, según lo establecido en el artículo 66, numeral 3º, Código Contencioso Administrativo, pero no por ello pierde el acto administrativo su carácter ejecutivo.

Actos administrativos como la Resolución 1574 de 12 de noviembre de 1992 tienen, indudablemente, carácter ejecutivo, pero no son ejecutorios, porque la administración no puede ejecutarlos por sí misma o, mejor, no puede ejecutarlos en sede administrativa, sino que debe recurrir a un procedimiento judicial, el de jurisdicción coactiva, según lo establecido en los artículos 68 y 252 del Código Contencioso Administrativo y 561 a 568 del Código de Procedimiento Civil. También los mandamientos ejecutivos librados por las autoridades administrativas investidas de jurisdicción coactiva son providencias judiciales, autorizadas por el artículo 116, inciso tercero, de la Constitución, según el cual excepcionalmente la ley puede atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.

No comparto, entonces, la sentencia, en lo que revocó la de 30 de junio de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, secretaría administrativa, subsecretaría jurídica, grupo de cobro coactivo, bajo la consideración de que el título había perdido fuerza ejecutoria.

Elaboré, sin embargo, el proyecto con base en el cual fue adoptada la sentencia, en conformidad con el criterio mayoritario, que no es el mío, por razones de economía procesal.

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