Auto 11550 de septiembre 5 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

• SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN PENAL

IMPUGNACIÓN DE LOS PERJUICIOS

EXTRACTOS: «En cuanto hace referencia a la demanda de la parte civil, han de hacerse las siguientes precisiones, como presupuesto de la decisión por tomar en el presente caso:

a) Estando la impugnación referida exclusivamente a cuestionar los perjuicios decretados por el tribunal como indemnización, tal como se infiere nítidamente del libelo, la parte civil tenía la obligación de acudir a las causales y a la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil, según las voces perentorias del artículo 221 del Código de Procedimiento Penal.

b) No obstante, con relación a las causales —primera exigencia—, en atención a que en uno y otro procedimiento existen algunas que son idénticas y, además, en desarrollo del principio de prevalencia del derecho material sobre el meramente formal, la Corte ha dicho que en tal evento la circunstancia de invocar el estatuto procesal penal no constituye falla fundamental de técnica que impida el estudio del cargo adecuadamente formulado y sustentado (sent. oct. 5/94. M.P. Dr. Torres Fresneda), de donde se infiere que en presente caso la alegación desde el punto de vista de la técnica no merece reparo alguno, pues se invocó y desarrolló correctamente la causal primera en los dos cargos que se presentaron, que como se sabe es igual en ambos estatutos procesales.

c) Respecto a la cuantía, el otro aspecto relacionado en la norma de remisión (CPP, art. 221), no obstante la Corte tener también sentado su criterio, hoy juzga necesario revisarlo para hacer algunas precisiones.

En efecto, en sentencia de septiembre 26 de 1990, con ponencia del magistrado Gómez Velásquez, se analizó el punto y sobre diversas hipótesis planteadas se sugirió la necesidad de que el sujeto procesal que quiera cuestionar lo relacionado con los perjuicios deducidos en el fallo está en la obligación de manifestarlo expresamente al momento de recurrir en casación para que el tribunal pueda saber con certeza si debe o no acudir a una pericia que determine la cuantía y así conceder o no el recurso por este aspecto, pues “ya fijada (la cuantía) de este modo y sobre esta base, no es dable desconocer este quantum (CPC, art. 372)” y agregó: “Porque si el motivo es diverso, no es necesario mencionarlo, pero tampoco podrá ante la Corte presentar acusación alguna por la vía de las causales de casación civil, es decir, por indemnización de perjuicios, so pena de ser rechazada in limine su demanda”. A pesar de la anterior advertencia consecuencial, dentro de la cual se ubicaba el caso examinado entonces, se optó por disponer la nulidad de lo actuado a partir inclusive del auto que concedió el recurso de casación y, en consecuencia, se declaró inadmisible éste. Con idéntico criterio se ha venido pronunciando la Corte (providencias de diciembre 19 de 1990, M.P. Dr. Duque Ruiz; abril 5 de 1995, M.P. Dr. Torres Fresneda, y julio 6 de 1995, M.P. Dr. Páez Velandia, entre otras).

d) Hoy, sin embargo, encuentra esta Corte que la remisión indiscriminada al procedimiento civil y las consecuencias que se le han dado a su desconocimiento no son plenamente de recibo en el procedimiento penal. En primer lugar, porque al accionarse civilmente dentro del proceso penal, es verdad incuestionable que tal acción se torna accesoria de éste, y, por principio de lógica, lo accesorio tiene que seguir siempre a lo principal; por lo cual, no puede aceptarse que en un momento determinado se paralice la actuación procesal penal en espera del lleno de unas formalidades exclusivas del ámbito civil, porque la acción penal es siempre más expedita que la civil —tradicionalmente formalista y por lo mismo mayormente lenta—. Y en segundo lugar, porque correspondiéndole la decisión sobre admisibilidad del recurso al tribunal, es apenas lógico que sea éste el que tenga a su cargo el examen cuidadoso para determinar la procedencia del mismo.

Sin embargo, es entendible que pueden ocurrir varias hipótesis según la realidad procesal de cada caso, de lo cual dependerá la decisión correspondiente de la Corte. Por ejemplo, puede suceder que al interponerse el recurso se exprese el motivo específico del disentimiento y éste verse sobre la cuantía exclusivamente. En tal evento, el tribunal está obligado a examinar dicha cuantía antes de decidir sobre la impugnación extraordinaria, bien porque el proceso muestre indiscutiblemente la que se cuestione o porque ésta requiera previamente de peritación para determinarla. En ambos casos debe decidirse de conformidad con ella; pero si a pesar de dicha evidencia, por descuido o por torpeza, se concede el recurso no siendo procedente, la Corte, frente a un quebranto del debido proceso no le queda otra alternativa que disponer la nulidad de la actuación viciada del tribunal y sin otro agregado devolver el expediente, en el entendido que la sentencia ha quedado ejecutoriada; o también puede ocurrir que al interponer el recurso no se exprese el motivo específico de la discrepancia y solamente en la demanda, en cumplimiento de la regla contenida en el artículo 225-3 del Código de Procedimiento Penal, se indique que ha sido para discutir exclusivamente perjuicios y éstos no correspondan a la cuantía exigida por la ley, la Corte no podrá anular el trámite que el tribunal dio al recurso, sino que rechazará la demanda con la consecuente deserción de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

En estos términos queda aclarada la jurisprudencia sobre la decisión anulatoria citada en las decisiones precedentemente mencionadas y se cambia ésta sobre la sujeción de la Sala Penal de la Corte al Código de Procedimiento Civil artículo 372 contenida en ellas, no sin antes recabar de los tribunales mayor atención y cuidado en este aspecto para evitar dilaciones procesales innecesarias, si alguno de los sujetos procesales al impugnar hace referencia al propósito que lo anima de reclamar “únicamente perjuicios”».

(Auto de septiembre 5 de 1996. Radicación 11.550. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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