Auto 11606 de julio 19 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

NULIDAD DE CONVENCIÓN COLECTIVA

NO SE DEMANDA ANTE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Forero de Castro

Ref.: Expediente 11606

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Girardot mediante apoderado, contra el auto de 6 de mayo de 1994 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, por el cual se inadmitió la demanda por falta de jurisdicción.

Antecedentes

La Empresa de Telecomunicaciones de Gi-rardot demandó la nulidad de la convención colectiva de trabajo suscrita entre ella y el sindicato de trabajadores, firmada el 4 de octubre de 1991, para una vigencia de 2 años contados a partir del 1º de enero de 1992.

La empresa demandante afirma que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca es competente para conocer del proceso de conformidad con el numeral 2º del artículo 132 del CCA.

Sobre este aspecto hace la precisión de que la acción interpuesta no está encaminada a que se resuelvan controversias de carácter laboral que se deriven de la convención, sino a definir la legalidad de la actuación de la entidad al suscribir una convención colectiva de trabajo con sus empleados, en contravención de la ley que no le permitía celebrarla dada la naturaleza de la empresa y de sus trabajadores.

El auto apelado

El Tribunal inadmitió la demanda por falta de jurisdicción, aduciendo que:

Una convención colectiva de trabajo difiere en su naturaleza de un acto administrativo, pues este último contiene la declaración unilateral de voluntad de la administración, mientras que la convención colectiva se celebra entre uno o varios patronos de una parte y uno o varios sindicatos, asociaciones o federaciones de otra.

A su vez la jurisdicción contenciosa ha sido instituida para revisar la legalidad de las actuaciones de la administración y en materia laboral para resolver las controversias que no provengan de un contrato de trabajo, pues estas últimas deben ser dirimidas por la justicia ordinaria laboral.

No podría revisarse una convención colectiva de trabajo bajo el pretexto de ejercitar contra ella una acción contractual, pues estas abarcan los litigios originados en contratos administrativos propiamente dichos, regulados por un estatuto especial, del cual está excluido el contrato de trabajo y asignado a otra jurisdicción (art. 2º del D. 2158 de 1948), así como los asuntos sindicales (CST arts. 474 y ss.).

El recurso

En su escrito el apelante sostiene que la demanda debe ser admitida por las siguientes razones:

El Tribunal no captó el objeto de la acción interpuesta, el cual consiste en declarar ilegal y nula la actuación administrativa cumplida por la Empresa de Telecomunicaciones de Girardot al celebrar con el sindicato de sus empleados una convención colectiva en abierta contravención del artículo 416 del CST.

Es decir, que el Tribunal ha desconocido que en la suscripción de dicha convención está implícita una decisión administrativa que tiene las mismas consecuencias que las de carácter unilateral, y que por su origen y naturaleza su juzgamiento no puede corresponder a jueces comunes sino a los especializados de la jurisdicción contenciosa.

Puntualiza que la controversia no está centrada en derechos individuales o colectivos de los empleados públicos de la empresa en cuestión, sino que ésta se encamina a determinar si un establecimiento público en el cual todos sus trabajadores son empleados públicos, puede utilizar procedimientos de derecho privado cuando todas sus actuaciones se rigen por el derecho público.

Considera que si todas las actuaciones de un establecimiento público son de derecho público, necesariamente su juez debe ser el especializado de la jurisdicción contencioso administrativa, resultando absurdo que un juez laboral ordinario conozca de actuaciones administrativas.

Agrega que cuando la administración va a demandar sus propios actos porque los encuentra irregulares debe hacerlo ante la jurisdicción contenciosa que es su juez natural.

Finaliza señalando que aunque lo que motivó la acción fue la celebración de una convención colectiva de trabajo, denominación que arbitrariamente se dio a esa actuación administrativa irregular, no se puede llegar a la conclusión de que la demanda verse sobre derechos individuales o colectivos, pues se trata es de invalidar esa actuación en sí misma considera independiente de los efectos que haya podido producir.

Consideraciones

Dirá la Sala en primer término, que ante la jurisdicción contencioso administrativa no es posible demandar una actuación administrativa, haciendo abstracción del resultado concreto de la misma; uno de los requisitos de la demanda consiste en individualizar con toda precisión el acto que se acusa.

Así las cosas, y aun cuando el litigio planteado no se refiera a derechos individuales de un trabajador o de varios, es imposible desconocer que se está pidiendo la nulidad de una convención colectiva de trabajo, que sirve ni más ni menos de contenido obligatorio de los contratos individuales de trabajo que se celebren en la Empresa de Telecomunicaciones de Gi-rardot, durante su vigencia.

La parte recurrente sostiene que siendo la Empresa de Telecomunicaciones de Girardot un establecimiento público, todas sus actuaciones deben ser controladas por la jurisdicción contencioso administrativa. La Sala encuentra que no es exacto este planteamiento, pues las entidades descentralizadas de esta naturaleza están autorizadas por la ley para cumplir, excepcionalmente, actuaciones que se rigen por el derecho privado y pueden ser controladas por la justicia ordinaria.

Si bien la regla general indica que las personas que prestan sus servicios en los establecimientos públicos son empleados públicos, la ley prevé que quienes trabajan en la construcción y sostenimiento de obras públicas tengan la categoría trabajadores oficiales y también aquellas personas que desempeñen actividades precisadas en los estatutos, las cuales por su naturaleza no correspondan a empleados públicos.

Es obvio que las relaciones de la empresa con los trabajadores oficiales van al conocimiento de la justicia ordinaria, y que la convención colectiva que suscriba con el sindicato, regulará los contratos de trabajo que celebre con sus trabajadores, y únicamente podrá beneficiarlos a ellos, pues los empleados públicos no se vinculan por una relación contractual ni pueden celebrar convenciones colectivas.

La convención colectiva, que de acuerdo a nuestro Código Sustantivo del Trabajo es un acto jurídico plurilateral de contenido normativo, puesto que fija las condiciones que regirán los contratos de trabajo mientras esté vigente, no puede equipararse, como lo hizo ver acertadamente el Tribunal, a una decisión unilateral de la administración, ni a un contrato administrativo. Y así como la jurisdicción contencioso administrativa es la llamada a controlar estas actuaciones de la administración, la justicia ordinaria laboral es la encargada de conocer de todos los conflictos que se originen en la actuación consistente en la suscripción de una convención colectiva, bien sea por su inaplicación porque una de las partes considere que no se celebró dentro del marco de la ley —por ejemplo por haber pactado que beneficie a los empleados públicos— o por la interpretación que de ella se haga, en los casos concretos en los cuales se aplique.

Los jueces naturales de estas controversias son los jueces de la justicia ordinaria laboral, así como los de la jurisdicción contencioso administrativa lo son para conocer de actos administrativos unilaterales y de los contratos celebrados por entidades estatales, salvo las excepciones que consagre la ley.

En resumen: la Sala no tiene duda ninguna acerca de que lo que se está pidiendo es la nulidad de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Empresa de Telecomunicaciones de Girardot y el sindicato de trabajadores de la misma el 4 de octubre de 1991, depositada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 7 de octubre del mismo año, porque así se lee en el libelo.

De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo 83 del CCA, según el cual esta jurisdicción está instituida para juzgar los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, una convención colectiva de trabajo, que no encaja en ninguno de los anteriores supuestos, no puede acusarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque, además, el conflicto que se plantee tiene que ver necesariamente con contratos individuales de trabajo, dado que por mandato legal forma parte de ellos durante su vigencia.

El planteamiento de la parte demandante, que trata de hacer ver que sólo acusa una actuación abstracta de una entidad pública, no es útil para determinar la competencia en este asunto, porque esa actuación se tradujo en un acto jurídico multilateral llamado convención colectiva de trabajo, regido por el código sustantivo de la materia, y de cuyos efectos conoce la justicia ordinaria laboral.

Así las cosas, el auto del Tribunal deberá confirmarse.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

Confirmar el auto de 6 de mayo de 1994 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundi-namarca, Sección II, Subsección “C”.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Publíquese en los Anales del Consejo de Estado.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en el día 29 de junio de 1995.

Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Álvaro Lecompte Luna—Dolly Pedraza de Arenas—Diego Younes Moreno. 

Myriam C. Viracachá Sandoval, Secretaria (E.).

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