Auto 11610 de julio 28 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

DEMANDA PRESENTADA EN OTRA JURISDICCIÓN

Consejera Ponente:

Dra. Dolly Pedraza de Arenas

Ref.: Expediente 11610

Apelación interlocutorio. Actor: Francisco J. López Sierra.

Santafé de Bogotá, D.C., julio veintiocho de mil novecientos noventa y cinco.

Procede la Sala a decidir el recurso de ape-lación interpuesto por la parte actora contra el auto de 20 de enero de 1995, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia inad-mitió la demanda por caducidad de la acción.

Dijo el Tribunal que la acción se encuentra caducada, pues de conformidad con el artículo 136 del CCA la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se extingue si no se incoa dentro del término allí señalado y como en el presente caso se pretende la nulidad de la Resolución Nº 0083 de 3 de marzo de 1992 y el libelo fue presentado el 28 de octubre de 1994, resulta acreditado el fenómeno de la caducidad, cuyo término no se interrumpió por la circunstancia de que el actor haya acudido en forma errónea a otra jurisdicción. Cita en apoyo jurisprudencia de la Sala Plena de esta corporación.

La apelación

Sostiene el apelante que el hecho de haber sido vinculado mediante un contrato de trabajo, ser miembro de una organización sindical y beneficiarse de una convención colectiva de trabajo, además de desempeñar una actividad de difícil clasificación, lo indujeron a ejercer “la acción jurisdiccional” ante el juez ordinario laboral; que no hubo despreocupación frente a su situación, pero que por “el vaivén de la jurisprudencia” se consideró que el conocimiento del negocio no correspondía a la jurisdicción ordinaria, sino a la contencioso administrativa.

Agrega que existe una “falla estructural” porque, de un lado, en esta materia han existido diferentes tesis de los jueces, y de otro, el ejercicio de una acción ante determinada jurisdicción implica la imposibilidad real de obtener sentencia de fondo, dado que, supuestamente ya habría caducado la acción al considerar esa jurisdicción que había que demandar ante otra, lo que concluye con la imposibilidad real de acceder a la justicia y ello es por completo ajeno al espíritu y al querer del constituyente.

Para resolver,

SE CONSIDERA:

A folio 33 del cuaderno principal obra la Resolución Nº 0083 de 3 de marzo de 1992, acto demandado, y aun cuando no aparece en el expediente constancia de su comunicación, lo cierto es que para el 7 de julio de 1993 el actor tenía conocimiento del mismo, pues en esta fecha presentó demanda ante la jurisdicción ordinaria (fl. 22).

La demanda contra la Resolución 0083 de 1992 fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 28 de octubre de 1994 (fl. 66), cuando habían transcurrido más de cuatro meses contados a partir de la fecha en que el actor tuvo conocimiento del acto, excediendo el término que establece el artículo 136 del CCA para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

La circunstancia de que la demanda inicialmente hubiera sido presentada en forma errónea ante la jurisdicción ordinaria y que allí se le hubiera dado trámite al proceso, no interrumpe ni prorroga el término de caducidad, pues como lo anotó el Tribunal, la caducidad es independiente de consideraciones diferentes del transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción contenciosa, luego no puede el juez hacer consideraciones ajenas para alterar lo dispuesto por el artículo 136 del CCA. Reflexiones sobre la validez de la institución en el nuevo Estado de derecho, corresponden no al juez sino al legislador, porque sabido es que el juez está sometido a la ley como lo prescribe la Carta Política en su artículo 230.

Las normas sobre procedimiento, ha dicho la Corte Constitucional:

“... tienen una función instrumental. Pero es un error pensar que esta circunstancia les reste importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación. Por el contrario, el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Es además un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho”. (Sent. C-29/95 de feb. 2/95. Exp. D-668. Corte Constitucional. Sala Plena. MP. Jorge Arango Mejía).

La Sala encuentra que tuvo razón el a quo al inadmitir la demanda y, en consecuencia, habrá de confirmar la providencia apelada.

Por lo expuesto, la Sala,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto de 20 de enero de 1995, proferido dentro del presente proceso por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Carlos Arturo Orjuela Góngora, salva voto—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Álvaro Lecompte Luna, salva voto—Dolly Pedraza de Arenas—Diego Younes Moreno.

Myriam Viracachá Sandoval, Secretaria (E.).

SALVAMENTO DE VOTO

Fue el suscrito el ponente en el proyecto de providencia que propuso a la Sala revocar el auto recurrido calendado a veinte (20) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en este asunto, y en su lugar disponer la admisión de la demanda presentada por el señor Francisco Javier López Sierra a través de apoderado, en consideración a lo siguiente:

1. Según el artículo 136 del CCA, la acción de restablecimiento del derecho, que es la propuesta en este asunto, caduca al cabo de cuatro meses contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto que se demanda, según el caso. La caducidad es un fenómeno establecido por la ley, que determina ciertos plazos para intentar procesos indicados en ella, el cual se diferencia esencialmente del fenómeno de la prescripción, en que éste hace vocación a los derechos y aquélla a la posibilidad de poner en movimiento el aparato judicial del Estado a través de la acción correspondiente.

También, a diferencia de la prescripción, la caducidad no admite suspensión ni interrupción; se trata de un término preconstituido y se cumple en el día fijado, sin que su vencimiento pueda evitarse; el plazo o término resulta de este modo invariable por la voluntad de los interesados, así se trate de hacerlo en un sentido o en otro; su reducción es tan inconcebible como su prórroga. En otras palabras, el plazo prefijado obra independientemente y aún contra la voluntad del beneficiario. Por lo tanto, el juez puede y debe declarar de oficio los plazos prefijados.

2. Sin embargo, el suscrito consejero se permite observar que el acto impugnado en el caso que se estudia fue proferido el 3 de marzo de 1992 y mediante él se dieron por terminados diversos contratos de trabajo, por justa causa, entre otros el celebrado con el actor, a raíz de que el Ministerio del Trabajo declaró ilegal un paro por tratarse de una suspensión de actividades de servicio público. El mismo acto es el que da cuenta de que el señor López Sierra estaba vinculado por contrato de trabajo, es decir, que lo tenían como un trabajador oficial.

De ahí que resulte lógico que el señor López Sierra, a través de apoderado, incoase la demanda ordinaria laboral ante el juez séptimo del circuito de Medellín. Puso así en movimiento la jurisdicción, o más exactamente a la rama judicial del poder público, que es una sola, con el resultado de que el juez admitió la demanda, le dio curso y falló de mérito, pero en la segunda instancia el Tribunal Superior la revocó al estimar que se estaba en presencia de un actor que había estado vinculado legal y reglamentaria-mente con la administración y que no importa la forma como se vincule al servidor público para determinar su situación acorde con la clasificación bipartita que la propia ley ha establecido teniendo en cuenta ciertos factores o circunstancias.

3. Al tenor de la Carta constitucional, el poder público consta de tres ramas, además de ciertos organismos de control, las cuales se distinguen por su unidad y por su autonomía, una respecto de las otras. La rama legislativa, la ejecutiva, la judicial, todas ellas en sus diversas expresiones o aspectos, deben ser tenidas como un solo conjunto funcional de tal manera que colaboren armónicamente para la realización de sus fines, tal como lo dice el artículo 113, fines que no son otros que los relacionados en el ar-tículo 2º, o sea servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

En cuanto atañe a la rama judicial, de conformidad con el artículo 116, su tarea, debe recor-darse, aunque encomendada a distintos órganos es, por esencia, la encargada de administrar justicia. La jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción disciplinaria, las jurisdicciones especiales son órdenes jerárquicos enrumbados todos ellos a esa sagrada misión, acorde con los postulados y principios que rigen las diversas expresiones de la ciencia jurídica.

4. Para poner en movimiento el aparato judicial del Estado, salvo cuando la correspondiente autoridad debe proceder de oficio, se hace necesario que el interesado acuda ante un despacho en ejercicio de una acción y, a través de ella, exponer sus pretensiones para que el juez, cumplidos ciertos procedimientos, dicte la sentencia del caso, bien para constituir, bien para declarar, bien para condenar, bien para obtener la realización de un derecho cierto.

La legislación ha creado diversas clases de acciones, mas en realidad, el derecho de acción es uno solo que reviste pluralidad de expresiones, teniendo en cuenta ciertos requisitos. De esta suerte y limitando el suscrito este análisis a lo que toca a la acción ordinaria laboral y a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando quiera que emerjan conflictos entre servidores públicos y un organismo del Estado, la ley distingue entre los trabajadores oficiales y los empleados públicos; aquéllos deberán hacer uso de las acciones ordinarias laborales igual que si se tratara de trabajadores particulares, ante el juez ordinario laboral; éstos deberán hacer uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante un tribunal perteneciente a esta órbita.

Mas ¿qué sucede si en ciertos eventos se duda del status que tenga determinado servidor público y si aún ante los ojos de la administración es mirado como trabajador oficial, por lo cual se acude ante la jurisdicción ordinaria laboral como ocurrió en el caso sub lite? ¿será que por haberse hecho inadecuado uso de una acción por esa circunstancia y haya transcurrido el tiempo para que la acción contencioso administrativa se agote y se produzca el fenómeno de la caducidad?

No lo cree así el suscrito.

La caducidad ha sido creada para evitar que por negligencia o por cualquier otro motivo la presentación de la demanda del caso se prolongue indefinidamente. El fenómeno opera respecto de ciertas acciones ordinarias y de ciertas acciones contencioso administrativas. De allí, que si en tiempo el interesado hizo uso del derecho de acción, que es uno solo, y a la postre la incoada resulta no ser la acción concreta que ha debido usarse, por las circunstancias fácticas que así lo han determinado, ha de estimarse aquél como oportunamente manejado y que por lo tanto, no ha operado el fenómeno de la caducidad.

De esa suerte lo considera el suscrito y de allí que propusiera muy respetuosamente, como se dijo arriba, que se revocara el auto del Tribunal de Antioquia y se procediera a admitir la demanda.

Cordialmente,

Álvaro Lecompte Luna. 

SALVAMENTO DE VOTO

Toda vez que compartí los argumentos de la ponencia que le fue negada al honorable consejero doctor Álvaro Lecompte Luna, con su venia coadyuvo los términos de su salvamento de voto, que considero plenamente ajustados a la interpretación racional y lógica de lo que ocurrió en el asunto sub judice.

En efecto, resulta aberrante que cuando el Estado (rama ejecutiva) trató siempre al demandante como trabajador oficial, le aplicó el ré-gimen legal correspondiente, y lo desvinculó atribuyéndole esa condición, otro órgano del mismo Estado (rama judicial, jurisdicción ordinaria laboral), sin que se hubiera discutido siquiera al respecto, le diga que en verdad fue empleado público y por consiguiente se equivocó de juez competente para conocer de su litis.

Y como si eso no fuera bastante, entonces el Tribunal de primer grado le señala que ésta es una jurisdicción distinta y que como debía demandar el acto acusado de los cuatro (4) meses siguientes a su desvinculación, la acción ya caducó.

En mi sentir, no hubo caducidad porque el demandante instauró su demanda oportunamente ante el juez que aparentemente era el competente para ello según su forma de vinculación, el tratamiento y los efectos que le aplicó el propio Estado. Por tanto, resulta injusto que ahora se le castigue por una confusión que la propia administración creó y patrocinó. Lo razonable sería tomar como fecha de presentación de la demanda la que tiene el primer libelo, sometido a consideración de la justicia laboral.

Por ello, considero que debió revocarse el auto recurrido y admitirse la demanda.

Con toda atención,

Carlos Arturo Orjuela Góngora. 

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