Auto 11664 de mayo 29 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PARTE CIVIL

PROCESOS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXTRACTOS: «Por apelación legalmente interpuesta y concedida, conoce la Corte la providencia de fecha 15 de febrero del corriente año, por medio de la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, resolvió “RECHAZAR por ilegitimidad en la personería del demandante, la solicitud de constitución de parte civil presentada por el abogado Fabio José Liévano Liévano, en representación de la doctora Tulia Adelaida Ruiz Ruiz, Directora Nacional de Administración Judicial”, dentro de este asunto seguido contra el doctor N..., ex juez 25 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, procesado por el delito de prevaricato por acción.

(...).

Se trata en el presente caso de establecer si el Consejo Superior de la Judicatura —Dirección Nacional de Administración Judicial—, tiene o no legitimidad para constituirse en parte civil en los procesos penales que se adelanten por uno cualquiera de los punibles previstos en el título III del libro segundo del Código Penal, precisamente en cumplimiento de la obligación ineludible que impone el artículo 36 de la Ley 190 de 1995 “a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada”.

2. Es verdad que el artículo 149 del Decreto 01 de 1984 (CCA), específicamente consagra la representación de las personas de derecho público para intervenir como demandantes, demandadas o intervinientes “en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados”, dándoles la facultad de “incoar todas las acciones previstas en este Código si las circunstancias lo ameritan” (destaca la Sala).

Así mismo y en forma expresa se refiere a la intervención de la Nación en los procesos contencioso administrativos, representada “por el ministro, jefe de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, procurador o contralor, según el caso; en general, por persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

En su inciso 3º que fue precisamente objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional en su sentencia Nº 388 del 1º de septiembre de 1994, establecía que “Sin embargo, el Ministerio de Gobierno representará a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la rama jurisdiccional”.

En la aludida sentencia se declaró exequible el texto acusado, es decir, lo referente a la representación legal del Ministerio de Justicia y del Derecho en las actuaciones referentes a la rama judicial, precisando la Corte:

(...).

“c) En el asunto que se resuelve, se cuestiona la constitucionalidad de una disposición de rango legal expedida bajo la vigencia de la anterior Constitución y que establece que en todo caso la representación judicial de la Nación en los asuntos contencioso administrativos, corresponde al Ministro de Justicia; además, al respecto se plantea por los intervinientes la posibilidad de pronunciamiento inhibitorio de la Corte bajo el entendido de la derogatoria de la parte acusada del artículo 149 del Decreto 01 de 1984 por lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 2652 de 1991.

De modo preliminar, y para absolver el cuestionamiento que se resume sobre la aparente derogatoria, se advierte que, con vigencia de la nueva Constitución y con la expedición del citado Decreto 2652 de 1991, en nuestro ordenamiento jurídico se ha producido un fenómeno de modificación implícita y parcial de la norma acusada que, ciertamente, no produce su retiro del ordenamiento jurídico y, apenas, reduce su alcance material y objetivo, pues el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 2652 de 1991, se ocupa sólo de la representación jurídica de la rama judicial en sus aspectos administrativos y de gestión económica y contractual relativos al Consejo Superior de la Judicatura y sus organismos integrantes” (negrilla fuera de texto).

Y concluye:

“f) Así las cosas, esta corporación encuentra que la definición de la entidad encargada de ejercer la representación judicial de la rama judicial en los asuntos contencioso administrativos, es competencia del legislador, respetando, desde luego, las mencionadas características de autonomía, independencia y desconcentración que rodean a la administración de justicia, según los términos empleados por el constituyente en el artículo 228, y así lo dispuso cuando en el Decreto 2652 de 1991 decidió entregarle al Consejo Superior de la Judicatura la mencionada modalidad de representación jurídica; además, la existencia del Consejo, y la definición legal de sus funciones administrativas especializadas, es otro elemento normativo que permite concluir que la modalidad de representación “jurídica” puede corresponder de una parte al citado organismo de autogobierno y de administración de la rama judicial cuando se trate de asuntos relacionados con su gestión y funciones constitucionales y, de otra, al Gobierno Nacional a través del Ministro de Justicia cuando se trate de asuntos que comprometen el presupuesto de la Nación por los hechos y por las actuaciones de los jueces. Por ello no se produce ningún fenómeno de derogatoria entre el aparte acusado del artículo 149 del Decreto 01 de 1984 y el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 2652 de 1991, sino apenas un fenómeno jurídico de modificación parcial del primero por el segundo, en el que se contrae el objeto de aquél, que es el acusado en esta oportunidad y la representación de los intereses de la Nación por los hechos, actos y actuaciones de los jueces, mientras que en éste se dispuso la representación jurídica de la Nación por todos los actos del Consejo Superior de la Judicatura, siempre que estén relacionados con las funciones constitucionales que le son atribuidas para la gestión de los cometidos económicos, contractuales y presupuestales de la rama judicial” (M.P. Fabio Morón Díaz) (resaltado de Sala).

3. Ante el conflicto presentado en este asunto, sobre cuál de las dos personas jurídicas de derecho público debe constituirse parte civil en virtud del mandato contenido en el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, ha de decirse que aquél sólo existe en apariencia, ya que la aplicación de la norma no resulta en todos los casos imperiosa o ineludible, y menos ahora con la expedición de la Ley 270 de 1996.

Con la expedición de la ley estatutaria de la administración de justicia, la interpretación que hiciera la Corte Constitucional de los artículos 149 del Decreto 01 de 1984 y 4º del Decreto 2652 de 1991 no tiene vigencia, por cuanto dicho ordenamiento posterior al fallo de control de constitucionalidad citado, derogó ambos preceptos en forma implícita, pues al crear la figura de la Dirección Nacional de la Administración de Justicia y señalarle dentro de sus competencias autónomas la de “Representar a la Nación -Rama Judicial en los procesos judiciales” (art. 99-8), sin distinción o condicionamiento alguno, ciertamente zanjó el problema de la duplicidad en dicha representación, planteado en el fallo comentado.

Hoy, pues, el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), determina en forma inequívoca las funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial, dándole en forma expresa la representación de la Nación - Rama Judicial “en los procesos judiciales”, con la facultad de constituir apoderados especiales, desde luego, sin consideración a la naturaleza del asunto, disposición que fue hallada conforme a la Carta Política por la Corte Constitucional en su sentencia de revisión previa, sin que haya hecho glosa alguna o condicionado su contenido. Entonces, siendo la ley estatutaria de mayor jerarquía que las disposiciones objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, es claro que estas últimas han sido derogadas, quedando exclusivamente vigente el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, se reitera, que le otorga a la Dirección Nacional de Administración Judicial la facultad para representar a la Nación en todos los procesos judiciales.

4. Ahora bien: el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, establece que “En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada”, es decir, que la preceptiva no deja, ni podía dejar de lado a personas jurídicas distintas a las del orden nacional, como lo son los departamentos y municipios, entre otras, pues lo que el legislador quiso fue imponer una obligación a aquellas que hubiesen recibido un perjuicio con el hecho punible.

Entonces, no siempre la persona jurídica de derecho público que representa a la Nación como se quiere hacer ver, debe ineludiblemente constituirse parte civil en el proceso penal, pues son dos las condiciones que emanan del precepto. La primera, que la investigación penal verse sobre conducta punible de las descritas en el libro segundo, título III del Código Penal, es decir, “delitos contra la administración pública” y, la segunda, que sea perjudicada con la infracción.

Ello guarda perfecta armonía con lo preceptuado en el artículo 104 del Código Penal, que determina como titulares de la acción indemnizatoria, exclusivamente a las personas naturales o jurídicas “perjudicadas por el hecho punible”, así como también con el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal que señala como titulares de la acción civil para el resarcimiento de daños y perjuicios causados por el hecho punible, ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, las personas naturales o jurídicas perjudicadas, o ejercida por el Ministerio Público o por el actor popular, en tratándose de daños o perjuicios colectivos.

5. Para el caso concreto, no basta entonces que el libelista afirme en su demanda que el doctor N... con su conducta generó un perjuicio patrimonial a “la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura”, ni que de ella es fácil deducir que “causó lamentables y graves perjuicios a la administración pública”. Tampoco que los perjuicios materiales deben ser establecidos por peritos, y los morales que “aunque son incalculables” deben ser señalados por la misma vía, pero que en principio lo son en la cuantía señalada en el artículo 106 del Código Penal.

Corresponde en cada caso concreto, a quien pretenda constituirse en parte civil, en primer término precisar el daño o perjuicio y seguidamente, presentar una aproximada apreciación del monto de los mismos causados con la infracción (numeral 5º del artículo 46 del Código de Procedimiento Penal), es decir, por un daño real, no hipotético, aun cuando no pueda ser valorable pecuniariamente, ya que el juez en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 106 y 107 del Código Penal, puede determinarlos prudencialmente en gramos oro, teniendo en cuenta la modalidad de la infracción, las condiciones de la persona ofendida (ocupación habitual, la supresión o merma de su capacidad productiva, gastos ocasionados por razón del hecho punible), la naturaleza y consecuencias del agravio sufrido, etc.

En tratándose de una persona de derecho público como aquí acontece, se debe igualmente presentar los fundamentos jurídicos en que se basa su pretensión, esto es, su interés para ser admitida como parte civil, como directa perjudicada con la infracción, pues sólo así estará obligada por la norma que se invoca (artículo 36 de la Ley 190 de 1995).

Así las cosas, para la Corte es claro que frente al delito que se le imputa al doctor N... en razón del ejercicio de sus funciones de juez constitucional al decidir una acción de tutela, ningún perjuicio de orden material y menos uno referido al “pretium doloris” ha recibido la rama judicial cuya indemnización pueda ser reclamada dentro del proceso penal por el Consejo Superior de la Judicatura, como persona jurídica de derecho público perjudicada, razón por la cual bien hizo el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá en rechazar la demanda presentada por el abogado que actúa a nombre de aquella entidad, aun cuando no por la razón plasmada en la providencia impugnada, sino por carencia de daño real exigible; sin que ello constituya “una conjura contra el Consejo Superior de la Judicatura, ni decisión arbitraria tendiente a impedir el cumplimiento de un deber legal (artículo 36 de la Ley 190 de 1995)”, como erradamente lo sostiene el profesional recurrente. La constitución de parte civil en manera alguna puede resultar imperiosa e ineludible para quien representa a la Nación en los procesos judiciales, al tenor de lo estatuido en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, CONFIRMA, con la aclaración precedente, la providencia mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, RECHAZÓ por ilegitimidad en la personería de la demandante, la solicitud de constitución de parte civil presentada por el abogado doctor Fabio José Liévano Liévano en su nombre».

(Auto de mayo 29 de 1996. Radicación 11.664. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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