Auto 11665 de abril 25 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

IMPUGNACIÓN POR LA ASEGURADORA

EXTRACTOS: «Sostiene la Sala que La Previsora S.A. Compañía de Seguros no tiene legitimación en la causa para formular esta demanda, dado que los actos enjuiciados para nada comprometen su responsabilidad. El hecho de que eventualmente puedan llegar a comprometerla, no la legitima para demandar la nulidad de esos actos por sí solos, es necesaria la existencia de otro acto en el cual la entidad estatal ordene que se le cobre como aseguradora, el riesgo asegurado. En ese caso, debería entonces demandarse el acto que la compromete o vincula expresamente, junto con el que ahora se enjuicia y que hasta el momento sólo vincula al señor Ricardo Villamizar Gómez.

Los actos demandados son los siguientes:

a) Aquel fechado el 28 de marzo de 1995, por medio del cual la Contraloría General de la República, dirección seccional de Norte de Santander, a través de la división de juicios fiscales falló con responsabilidad fiscal el proceso 014-94, seguido contra Ricardo Villamizar Gómez, ex gerente del ISS de esa seccional, elevando a faltante la suma de $ 14.441.369, porque “...con su proceder de variar el objeto de los contratos números... los desvirtuó de tal manera que obró en detrimento del erario del ISS...”. En el numeral segundo de la decisión, se ordenó cancelar esa suma a favor del ISS, seccional Norte de Santander.

b) Aquel proferido por la misma entidad el 2 de mayo de 1995, a través del cual se confirmó la decisión anterior, al desatar el recurso de reposición interpuesto por el sancionado y la compañía aseguradora que ahora demanda. Adicionalmente se ordenó el traslado a la jurisdicción coactiva, para lo de su competencia.

Estas decisiones fueron tomadas por la Contraloría General de la República, a través de un proceso de responsabilidad fiscal seguido en contra del señor Ricardo Villamizar Gómez, en ejercicio de la función de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Ley 42 de 1993.

La función se ejerció en relación con un funcionario de una entidad estatal, por el manejo que la contraloría consideró inadecuado, de unos fondos públicos, en relación con algunos contratos. Se observa que ni en el trámite del procedimiento, ni en la decisión del mismo, se cuestionó la situación de la aseguradora, ni se profirió decisión en su contra.

El hecho de que el fallo con responsabilidad fiscal pueda llegar a configurar el siniestro amparado por la póliza de manejo expedida por La Previsora S.A., no legitima a la aseguradora para demandar la nulidad de ese acto, por cuanto no se le vinculó a él. El acto enjuiciado no contiene una obligación a su cargo, de la cual pudiera derivarse su legitimación por activa para iniciar el proceso.

Los actos enjuiciados, por sí solos, no contienen obligación de ninguna especie a cargo de La Previsora S.A., Compañía de Seguros. Si bien es cierto que ese acto puede llegar a constituir el riesgo asegurado a través de la póliza Nº U-0100481, para que nazca una obligación en su contra, es necesario que medie otro acto administrativo mediante el cual se ordene cobrarle la suma elevada a faltante. En ese evento, la aseguradora podría entrar a demandar los actos que ahora enjuicia, pero por ser integradores de aquel en el cual se le ordene pagar, o podría tratar de enervar la acción ejecutiva por medio de las excepciones».

(Auto de abril 25 de 1996. Expediente 11.665. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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