Auto 11693 de julio 3 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

RENUNCIA A LA INVESTIDURA DE CONGRESISTA

EFECTOS SOBRE EL FUERO PENAL

EXTRACTOS: «1. A tenor de lo ordenado por el artículo 235 de la Carta Política, compete a la Corte investigar y juzgar a los miembros del Congreso por los delitos que se les imputen. Sin embargo, cuando “hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.

En la denuncia anónimamente formulada contra los doctores ... y ..., se hacen cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dólares y testaferrato.

Si bien estos hechos no guardan relación alguna con la función senatorial, la Corte, en cumplimiento del referido mandato constitucional, avocó su conocimiento por cuanto los sindicados, para ese entonces, ostentaban la condición de senadores de la República.

Como los doctores ... y ... presentaron renuncia a sus cargos para los cuales habían sido elegidos popularmente, las que fueron aceptadas por la Mesa Directiva del Senado de la República, desapareció el factor personal generador de la competencia normativamente atribuida a esta Corporación para investigarlos y, eventualmente, juzgarlos.

Aclara la Sala que la cesación en el ejercicio del cargo de congresista, por renuncia a la investidura o la pérdida de ella por cualquier otra circunstancia, no implica, necesariamente, la extinción del privilegio constitucionalmente consagrado, al cual se ha hecho referencia, puesto que la competencia que en él se origina, por ser aspecto de orden público, no es disponible por el sujeto pasivo de la acción penal y se mantiene siempre que las conductas punibles guarden relación con las funciones parlamentarias ejercidas.

En consecuencia, desaparecido el factor que le otorgó competencia a la Corte para conocer del presente asunto, no queda otra alternativa que disponer el envío del expediente a la Fiscalía General de la Nación, a efectos del señalamiento del funcionario o funcionarios que deban continuar el trámite procesal, habida cuenta que, en atención a la naturaleza de los delitos denunciados, su conocimiento corresponde a los jueces regionales.

No sobra advertir que si con posterioridad se hallan pruebas que puedan vincular a los doctores ... y ... en la realización de conductas definidas penalmente como delito y que guarden relación con las funciones desempeñadas cuando ejercieron el cargo de senadores de la República, la Sala avocará el conocimiento del asunto en cumplimiento de lo establecido por el parágrafo del artículo 205 de la Carta Política».

(Auto de julio 3 de 1997. Radicación 11.693. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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