Auto 11732 de abril 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

DISCREPANCIAS DURANTE SU EJECUCIÓN

EXTRACTOS: «El auto recurrido será revocado porque la sala no hace suya la perspectiva manejada por el a quo. Efectivamente, en forma reiterada ha sostenido que en materia contractual el término de caducidad de los dos años empieza a contarse, en principio, a partir de la terminación del contrato o, cuando proceda su liquidación, a partir de la ejecutoria del acto correspondiente.

En otras palabras, se ha dicho que todos los reclamos deberán hacerse a más tardar dentro del aludido bienio.

Y en materia de reclamos por el no pago oportuno de las actas parciales de obra (en el contrato de obra pública, se entiende) se ha sostenido que su reclamo podrá hacerse tan pronto se dé o constate la mora en su pago o dentro de los dos años siguientes a la finalización del contrato o a la ejecutoria del acto que lo liquidó. Pero no ha aceptado la jurisprudencia la tesis del a quo (caducidad frente a cada una de las actas) porque ésta hace de cada reclamo particular (el no pago oportuno de un acta) un asunto separado del contrato mismo, como si al final no tuviera que tenerse en cuenta en la liquidación definitiva.

(...).

Consideración final: Nada impide que las discrepancias o diferencias que surjan entre las partes contratantes se vayan definiendo durante la ejecución del contrato, sean éstas de interpretación de cláusulas contractuales o de alcance patrimonial.

Frente a estas últimas, es saludable su solución oportuna (antes del vencimiento del contrato) para salvaguardar no sólo los principios de economía y responsabilidad, sino el de la ecuación financiera.

El primero, por cuanto impone la adopción de procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten (ord. 5º del art. 26 de la Ley 80 de 1993); el segundo, porque tanto los servidores públicos como los contratistas de la administración serán responsables de sus acciones u omisiones en la actuación contractual, ya que deberán evitar la agravación de la responsabilidad derivada de su conducta (arts. 50 y ss. de la citada ley); y el tercero, porque las partes deberán adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio contractual, cuando éste se rompa por causas no imputables a quien resulte afectado (art. 27 ibídem).

Se entiende que el acuerdo logrado sólo tendrá efectos en lo que fue objeto de la conciliación, ya que frente a éste tendrá el valor de cosa juzgada.

Además, este acuerdo deberá tenerse en cuenta en la futura liquidación del contrato, puesto que en ésta deberán constar “los acuerdos, conciliaciones y transacciones” a que hayan llegado las partes, tal como lo señala el artículo 6º de la mencionada ley».

(Auto de abril 18 de 1997. Expediente 11.732. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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