Auto 11801 de julio 10 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN PENAL

REQUISITOS DE TÉCNICA

EXTRACTOS: «Insistentemente esta corporación ha reiterado que la demanda de casación no es un escrito de libre elaboración, como sucede con los alegatos que se presentan en el curso de las instancias. Por corresponder a lo que debe ser la sustentación del recurso extraordinario contra una sentencia que goza de la doble presunción de acierto y legalidad, requiere del cumplimiento de precisas exigencias de forma y contenido, claramente señaladas en la ley y suficientemente desarrolladas por la jurisprudencia, las cuales, de no ser cumplidas a entera cabalidad, le imponen a la Corte rechazar la demanda y declarar desierto el recurso.

Es por ello, bajo el supuesto de la idoneidad profesional, porque la técnica del recurso así lo impone, que el legislador estableció de manera expresa la limitante, según la cual, solamente los abogados titulados pueden presentar la demanda correspondiente (CPP, art. 222 ).

Estos requisitos, contemplados en el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, no han sido satisfechos por el abogado recurrente. Son tantos y tan variados los desaciertos en que incurre, que su escrito es modelo de lo que no corresponde a una demanda de casación.

Cuando la ley exige “una síntesis de los hechos y de la actuación procesal” como capítulo que debe contener el escrito impugnatorio, hace referencia a los hechos que fueron materia de juzgamiento y declarados en la sentencia respectiva, no a los que, en criterio del actor, pudieron haber acontecido según su particular concepción de los mismos.

La lógica que gobierna el recurso y el principio de no contradicción que lo preside, imponen la formulación y sustentación, por separado, de cada una de las causales de casación aducidas, si fueren varias, y de los cargos respecto de cada una presentados, de manera independiente si fueren excluyentes, pues cada uno de los motivos de invalidación de las sentencias previstos en la ley, obedece a una naturaleza y alcances que le son propios y ameritan desarrollo y demostración con absoluta autonomía respecto de los restantes.

Por ello, no puede incurrirse en el desacierto de ampararse en la causal primera para invocar simultáneamente la violación directa e indirecta de la ley sustancial.

La primera especie, hace referencia exclusiva a que la violación de la ley proviene de la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma sustancial, planteamientos de suyo excluyentes que ameritan desarrollo separado y autónomo, sin referencia a la apreciación que el juzgador hizo de la prueba misma, por cuanto, cuando se escoge esta vía de ataque, el actor debe aceptar los medios de prueba así como la valoración que se les dio en el fallo impugnado.

En la segunda, la falta de aplicación o la indebida aplicación de la norma, surge de la incorrecta apreciación probatoria, ya sea por error de hecho o de derecho, resultando obligatorio para el actor, identificar precisamente la clase de error que invoca, así como alguna de las diversas hipótesis que dentro de cada una se presentan.

Si dirige su ataque hacia el error de hecho, el recurrente debe clarificar si él se originó al haber incurrido el fallador en falso juicio de existencia, por haber ignorado o supuesto una prueba no incorporada, o falso juicio de identidad por haberse desfigurado el sentido objetivo de algún medio de prueba en particular, esto es, poniéndolo a decir lo que en verdad no dice.

Con idéntico rigor ha de procederse, si de lo que se trata es de la denuncia de haber desconocido el juzgador, el método de valoración que la ley le impone, para, en su lugar, aplicar uno distinto.

Si acude al error de derecho como fundamento del cargo, resulta indispensable precisar alguna de las diversas hipótesis que al respecto pueden ocurrir. Si falso juicio de legalidad porque el juzgador consideró una prueba irregularmente aportada al proceso, desconociendo los requisitos exigidos en la ley para su incorporación; o falso juicio de convicción por haberle negado a un medio probatorio el valor previamente asignado en la ley o por otorgarle valoración diversa de la que la ley le ha conferido.

De todas maneras, respecto de un mismo medio probatorio, no resulta lógico aducir simultáneamente la presencia de las dos clases de error, de hecho y de derecho, a riesgo de desconocer el principio de no contradicción que orienta la impugnación; tampoco, invocarse sobre la misma prueba la presencia de las varias eventualidades previstas para cada clase de yerro, pues la lógica enseña la exclusión operante entre las diversas hipótesis que, como se anotó, pueden ocurrir.

Además, imprescindible para el actor resulta demostrar cómo la violación directa de la ley sustancial o la errónea apreciación probatoria que a ella condujo, tuvo incidencia definitiva en el proferimiento del fallo que se ataca, pues no se trata, simplemente, de poner en evidencia cualquier clase de equivocación del fallador sin repercusión alguna, sino de aquélla trascendente en la parte resolutiva de la sentencia atacada.

Si la aducida es la segunda causal, el actor está en la obligación de precisar ante la Corte cómo los cargos formulados en la resolución de acusación, o su equivalente, como delimitantes del marco fáctico y jurídico sobre el cual versa el juicio, fueron desconocidos por el juzgador al proferir el fallo por otros distintos. Igualmente, por qué este hecho redundó en perjuicio de la parte que recurre.

Finalmente, a pesar de estar consagrado como el tercero de los motivos de casación que pueden invocarse, el principio de prioridad impone que si el recurrente escoge esta vía de ataque, en concurrencia con otra u otras, debe formular la censura como principal y presentar las otras como subsidiarias, pues de prosperar el recurso con apoyo en esta causal, carecería de objeto el estudio de las restantes al resultar repugnante a la lógica suponer que un juicio pueda ser inválido y legal al mismo tiempo.

Para ello, el casacionista debe demostrar de qué manera la irregularidad procesal denunciada afectó el trámite que la ley prevé y cómo el proceso culminó con la expedición de la sentencia fundada en un juicio cuya nulidad se pretende, señalando igualmente el momento procesal a partir del cual debe decretarse la invalidación correspondiente.

De todas maneras, en cualquiera de las posibilidades que la ley otorga para recurrir en casación, es necesario que el demandante exponga la adecuada solución del caso que a consideración somete, teniendo presente que cada causal es de naturaleza y alcances distintos, por lo que amerita un desarrollo autónomo e independiente de las demás, como se dejó visto».

(Auto de julio 10 de 1996. Radicación 11.801. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripoll).

________________________________________