•Auto 11805 de marzo 3 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

LIBERTAD CONDICIONAL

COEXISTENCIA DE DOS REGULACIONES

EXTRACTOS: «1. Del confuso escrito del petente, bien puede colegirse el equívoco en que sustenta su tesis en el sentido de que el artículo 72 del Decreto 100 de 1980 fue derogado por la Ley 415 de 1997 en lo que tiene que ver con la valoración de circunstancias de orden subjetivo exigidas por dicha norma como requisito para hacerse acreedor al subrogado de la libertad condicional, lo cual, carece de cualquier sustento jurídico, pues la denominada ley de alternatividad penal, concebida con la finalidad de contribuir a la descongestión de los centros carcelarios del país ante la crisis penitenciaria bajo la cual se expidió, no derogó disposición alguna del Código Penal, ya que lo que por su intermedio se hizo fue introducir nuevos artículos tanto al Decreto 100 de 1980 como a la Ley 65 de 1993, sin que pueda de allí deducirse que hubo derogaciones tácitas.

2. Una tal conclusión, como la que presenta el petente no puede siquiera inferirse del texto mismo de dicha normatividad, pues de manera clara el artículo 1º de la Ley 415 de 1997, preceptúa que:

“El Código Penal tendrá un nuevo artículo 72A del siguiente tenor:

ART. 72A.—Con excepción de los delitos de enriquecimiento ilícito; homicidio agravado o lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2, 4, 5 y 8 del artículo 30 de la Ley 40 de 1993; secuestro, extorsión; hurto calificado; los delitos dolosos previstos en la Ley 30 de 1986; los delitos previstos en el Decreto 2266 de 1991, excepto los de porte ilegal de armas de defensa personal, interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o insignias y amenazas personales o familiares; los delitos previstos en la Ley 190 de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización indebida de información privilegiada; los delitos previstos en la Ley 360 de 1997 y en la Ley 365 de 1997; y los delitos conexos con todos los anteriores, los cuales continuarán bajo el régimen del artículo 72 del Código Penal, para los demás delitos la libertad condicional se concederá de la siguiente manera:

El juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor a tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes (3/5) de la condena, siempre que haya observado buena conducta en le establecimiento carcelario.

PAR.—Salvo que exista orden de captura vigente en su contra, no podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a los antecedentes penales o circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia para dosificar la pena o negar la condena de ejecución condicional” (resalta la Corte).

Lo que sucede entonces, es que con la expedición de la Ley 415 de 1997, de acuerdo con la naturaleza del delito dos son las disposiciones que regulan la libertad condicional, una la del artículo 72 del Código Penal aplicable a los delitos de enriquecimiento ilícito; homicidio agravado o lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2, 4, 5 y 8 del artículo 30 de la Ley 40 de 1993; secuestro, extorsión; hurto calificado; los delitos dolosos previstos en la Ley 30 de 1986; los contenidos en el Decreto 2266 de 1991 excepto los de porte ilegal de armas de defensa personal, interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o insignias y amenazas personales o familiares; la Ley 190 de 1995, salvo el cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización indebida de información privilegiada; los delitos previstos en la Ley 360 de 1997 y en la Ley 365 de 1997; y los conexos con todos los anteriores. Es decir, que en estos casos se hace necesario cumplir con las dos terceras partes de la pena impuesta, “siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación social” (ibídem).

La otra norma aplicable para efectos de libertad condicional es precisamente la prevista en el artículo 1º de la ley de alternatividad penal, que procede para los demás delitos que no aparecen allí excluidos, como la estafa, el abuso de confianza, los delitos contra la fe pública, etc., o que expresamente fueron exceptuados de ser regidos por el artículo 72 del Código Penal, como sucede con el porte ilegal de armas para la defensa personal, interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o insignias y amenazas personales o familiares, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización indebida de información privilegiada, frente a los cuales los criterios para conceder la libertad provisional se reducen a haber descontado las tres quintas partes de la pena impuesta en la sentencia, observar buena conducta en el establecimiento carcelario y que no exista en su contra orden de captura vigente».

(Auto de marzo 3 de 1999. Radicación 11.805. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

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