Auto 1184 de abril 4 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA

PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA

EXTRACTOS: «1. Las acciones denominadas por la ley procesal administrativa colombiana “de nulidad y restablecimiento del derecho” (art. 85 C.C.A.), cuando se enderezan contra actos administrativos del orden nacional, creadores de situaciones jurídicas individuales, particulares y concretas, pueden ser de conocimiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, o de los tribunales administrativos seccionales.

Cuando el proceso carece de cuantía conoce una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación (numeral 3º del art. 128 del C.C.A.); pero cuando el mismo tiene cuantía, el juicio será de conocimiento del Tribunal Administrativo que ejerce competencia en el “lugar donde se produjo el acto”, en única instancia, si la cuantía no excede la cantidad de $ 1.120.000 (art. 131-9 ib.), o en primera instancia si excede la suma indicada (art. 132-9 ib.).

La cuantía, según las mismas normas últimamente citadas, para efectos de la competencia, cuando sea del caso, se determinará por el valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razonada, conforme al artículo 20, numeral 1º, del C. de P.C.

2. Por otra parte, según lo prescrito en el numeral 6º del artículo 137 del C.C.A., toda demanda ante esta jurisdicción debe contener, entre otros elementos, “la estimación razonada de la cuantía cuando sea necesaria para determinar la competencia”.

3. La parte actora, al elaborar su demanda, no cumplió con esta exigencia al señalar en el punto VII de ella, sobre “competencia”, que “por la naturaleza del asunto aquí tratado es el Honorable Consejo competente para conocer y decidir esta demanda”, seguramente, por cuanto consideró, que no impetrando de esta corporación condenas de pago de suma alguna por concepto de indemnización de perjuicios originados con la expedición del acto administrativo acusado, o la reparación de un daño o el restablecimiento de un derecho, el proceso no tenía cuantía y que bastaba con señalar que el Consejo de Estado era el competente para conoce en razón de la naturaleza de la contención, es decir, por tratarse de actos administrativos del orden nacional creadores de situaciones jurídicas individuales, particulares y concretas.

4. El señor consejero conductor del proceso por el contrario, teniendo en cuenta que la parte actora para fundamentar su solicitud de suspensión provisional de los actos acusados, expresamente dice que, como consecuencia de ellos, ha sufrido perjuicios económicos graves, que resultan de la venta al público de su producto a un precio inferior al que solicitó se le autorizara y al que legalmente tenía derecho, y basándose por otra parte, en varias providencias dictadas por la sección y por la casi totalidad de los consejeros que la integran, en donde se ha dicho que “cuando el actor establece los perjuicios económicos en dinero para demostrar el daño como requisito de la suspensión provisional, demuestra con tal valoración que el negocio tiene objetivamente una cuantía”, que esa cuantía existe aunque el actor, “para evitar el debido proceso, el procedimiento y el juez que la ley ha establecido, decida fijarla exclusivamente en su petición de suspensión, renunciando a precisarla para los efectos del trámite propio y de la competencia” y, que los factores “cuantía” y “territorio” son indispensables para fijar la competencia del juez, llega a la conclusión que el proceso de la referencia tiene cuantía y que, por ello, corresponde conocer del asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ejerce competencia sobre el lugar en donde se produjo el acto.

5. Para la Sala es incuestionable que el juez llamado a conocer de una demanda no puede, ni siquiera so pretexto de interpretarla, deducir pretensiones que el actor no formula en su memorial o escrito, por cuanto bien sabido es que el fallo extra o ultra-petita sólo está autorizado al juez laboral que conoce de un proceso de dicha naturaleza en primera instancia (art. 50 del C. de P.L.), y eso en razón del carácter de orden público que tienen las disposiciones que protegen el trabajo humano y de la prohibición legal para los trabajadores de renunciar, salvo los casos de excepción, a sus derechos salariales y prestacionales. En los demás procesos, incluido el contencioso-administrativo, el juez está limitado por las pretensiones que se enuncien de manera “clara y separadamente en la demanda” (artículo 138 del C.C.A., en armonía con el art. 137 ib.).

Las razones para llegar a esa conclusión son irrebatibles, a saber: a) El juez no puede tener la doble calidad de parte y de juez; b) La parte demandada tiene el derecho a conocer, desde el inicio del juicio, cuáles son y cuánto valen las pretensiones de su contraparte, y en qué se fundamentan esas pretensiones; c) cómo podría condenarse al pago de perjuicios materiales —lucro cesante y daño emergente— y morales, si no se piden, ni se cuantifican, y ni siquiera se busca establecerlos o demostrarlos en juicio, y d) es válida la renuncia que se haga por la víctima o por sus herederos o sucesores al derecho a ser indemnizado, y no le es dable al juez desconocerla.

6. Pero también para la Sala es incontrovertible, que si el acto administrativo acusado ha originado o causado unos perjuicios, una disminución o mengua del patrimonio material o moral de determinada persona o personas, susceptibles de ser determinados y cuantificados, como acontece en el caso que ocupa la atención de la corporación, a los cuales de alguna manera se refiere el accionante para establecer la procedencia de la denominada acción de nulidad y de restablecimiento del derecho, así no se solicite expresamente la condena de pago de ellos, el proceso que se inicia en virtud del ejercicio de la acción, tiene una cuantía que determinará por ese elemento integrante del factor objetivo la competencia del juez, en única o en primera instancia, cuestión, que por ser de orden público, no se puede eludir, así, se repite, no se impetre la condena económica correspondiente, o se limite a que se declare el efecto buscado para el futuro: que “se fije como precio máximo de venta al público” para equis producto, la suma tal, o, como en el caso presente, a partir de la expedición del acto acusado (ago. 4/88).

En síntesis, una cosa es que la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho no tenga cuantía, en razón de que el acto cuya nulidad se impetra no haya causado perjuicio económico alguno que se pueda alegar, demostrar y pedir que se indemnice, y, otra muy diferente, que el acto administrativo sí los haya originado, pero el perjudicado, o sus herederos o beneficiarios renuncien expresa o tácitamente a ellos, o disfracen la forma como pretenden el restablecimiento del derecho, la reparación del daño o la indemnización de perjuicios, pues, en el primer caso, si el acto administrativo del orden nacional es de carácter individual o particular, la acción contenciosa carecerá de cuantía y el juez competente es el Consejo de Estado, al paso que, en el segundo evento o situación, la acción tendrá la cuantía determinable en forma razonada y el juez competente será el Tribunal Administrativo seccional que ejerce jurisdicción en el lugar en donde el acto se expidió, así no pueda proferir condena económica por perjuicios causados por el acto que el perjudicado no solicite.

La segunda situación o evento es la que se presenta en el caso debatido, y por ello el competente es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual para determinar, si el asunto es de primera o de única instancia, deberá exigir del accionante la determinación de la cuantía razonada para poder admitir la demanda».

(Auto de abril 4 de 1991. Expediente 1184. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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