Auto 12064 de diciembre 4 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SINDICATOS

CREACIÓN DE SUBDIRECTIVAS SECCIONALES

EXTRACTOS: «El Ministerio de Trabajo mediante la resolución acusada negó la inscripción en el registro sindical de los directivos del sindicato “Sintranaguros”, subdirectiva regional Antioquia y los Santanderes, porque consideró que no cumplía con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990 en el sentido de que los trabajadores desarrollen sus relaciones sindicales en el ámbito propio de la empresa, es decir, que su domicilio sea el del municipio donde desempeñan sus actividades laborales.

El artículo 55 de la Ley 50 de 1990 es del siguiente tenor:

“Directivas seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a 25 miembros. Igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a 12 miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio”.

Como puede observarse, esta norma prevé la creación de subdirectivas seccionales con un mínimo de 25 afiliados, en municipios distintos al de su domicilio principal, y de comités seccionales en donde no haya 25 miembros pero se reúnan 12.

En parte alguna limita la creación de las subdirectivas con la exigencia de que sus miembros estén todos domiciliados en el mismo municipio de su sede; y al no hacerlo la ley, no le está permitido a los funcionarios del Ministerio de Trabajo negar la inscripción de los directivos de una subdirectiva ya creada y en funcionamiento, que por lo demás, no está cuestionada en los actos acusados.

No aparece tampoco prohibición para crear subdirectivas departamentales y por tanto la negativa de la inscripción habrá de ser suspendida, pues debido al erróneo entendimiento del artículo 55 de la Ley 50 de 1990, el Ministerio del Trabajo lo quebrantó en forma manifiesta».

(Auto de diciembre 4 de 1995. Expediente 12064. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto por la tesis mayoritaria, consigno a continuación las razones por las cuales a mi juicio no era procedente decretar la suspensión provisional de los actos proferidos por el Ministerio de Trabajo, objeto de la presente acción.

La parte demandante afirma que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le dio al artículo 55 de la Ley 50 de 1990 un alcance que no tiene, además de ser incompetente para interpretar la ley y definir derechos.

Dicho mandato legal, en lo pertinente, dispone:

“Directivas seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros. Igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio” (negrilla fuera de texto).

En mi opinión, para establecer si es necesario o no que el domicilio de los afiliados sea el mismo de la subdirectiva o comité seccionales, se requiere interpretar el artículo 55 transcrito, como lo hicieron tanto el aludido ministerio como la parte demandante, labor esta que no es posible en la providencia que resuelva la solicitud de suspensión provisional, ya que el método de confrontación directa entre el acto acusado y la norma presuntamente infringida, exigido en el artículo 152 del CCA, impide la interpretación de la norma superior, pues sabido es que sólo son objeto de interpretación las disposiciones cuyo sentido o alcance no es suficientemente claro, de tal forma que quien pretende hacer uso de ella debe previamente adelantar razonamientos de cierta complejidad para acertar en su aplicación.

En torno a que el mencionado ministerio careciera de competencia para interpretar aquella norma, considero que ello no es cierto a la luz del artículo 26 del Código Civil, según el cual los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, interpretan las leyes por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares.

De otra parte no veo, en principio, cuál podría haber sido el derecho que presuntamente definió la autoridad que expidió los actos acusados; el demandante, al respecto, solamente afirma la incompetencia de aquélla para definir derechos.

Si es cierto que la organización demandante tiene en Medellín 25 afiliados, es un tema que requería demostrarse, independientemente de su utilidad frente a los puntos de derecho debatidos en la vía gubernativa.

Atentamente,

Joaquín Barreto Ruiz. 

_________________________________________________