Auto 12112 de noviembre 25 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

INVESTIGACIÓN PREVIA

OPCIONES PARA SU FINALIZACIÓN

EXTRACTOS: «1. Las investigaciones previas que cualquier autoridad judicial inicie, de oficio, por denuncia o a petición de parte, tienen distintas posibilidades de finalización: primero, con el proferimiento de auto o resolución de apertura de instrucción, dependiendo de la autoridad que la dicte, cuando el material probatorio recaudado sea suficiente y necesario para declarar cumplidos los propósitos de esta etapa investigativa (art. 319 del Código de Procedimiento Penal) y sean de tal consistencia que hagan viable, por tanto, adentrarse en la búsqueda de los objetivos señalados en el artículo 334 de la misma codificación; segundo, con la abstención de iniciar instrucción, cuando el material probatorio recaudado ponga en evidencia alguna de las circunstancias que describe el artículo 327 del Código de Procedimiento.

Existe una tercera posibilidad a la que se arriba cuando el proceso investigativo llega a un punto muerto en el que no hay posibilidad de avanzar con seriedad y firmeza hacia la etapa instructiva o de proferir auto o resolución inhibitoria, extremo éste en el cual se suspenderá la investigación previa, y aunque la norma no lo menciona, la lógica que integra la normatividad referida al proceso de investigación criminal dentro del Código de Procedimiento Penal, aconseja dejar las diligencias a disposición de las unidades de policía judicial, para que a través de procesos pesquisitorios intenten aportar pistas que puedan conducir a evitar la impunidad del hecho.

Finalmente existe la figura de la inadmisión de la denuncia, cuando quiera que ella no se encuentre respaldada por una persona identificada o identificable (anónimo) o carezca de medios probatorios sobre la comisión de un delito de los que pueda iniciarse una investigación de oficio, supuestos éstos en los que conforme al artículo 38 de la Ley 190 de 1995 en concordancia con el numeral 1 del artículo 27 de la Ley 24 de 1992 ni siquiera puede ordenarse la apertura de investigación previa.

2. Dentro de esta perspectiva, el auto inhibitorio representa una opción jurídica de finiquito de una investigación previa con afincamiento serio en las pruebas obtenidas dentro de tal etapa probatoria, al cual se puede oponer el denunciante, el querellante o el agente del Ministerio Público mediante la interposición de los recursos ordinarios dentro del término legal de ejecutoria de una decisión de naturaleza interlocutoria.

Pero si se han dejado vencer esos términos y la decisión ha adquirido ejecutoria formal, su remoción únicamente puede lograrse por la vía de la revocatoria siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla.

Natural resulta determinar que la ejecutoria formal de la providencia, si bien hace revocable la providencia en cualquier tiempo (salvo que la acción haya prescrito), genera en todo caso cierta seguridad jurídica para las partes involucradas en el asunto, la que la normatividad procesal garantiza exigiendo como presupuesto necesario para su derrumbamiento la aparición de nuevas pruebas que tengan la virtualidad fáctica de infirmar las conclusiones adoptadas con anterioridad y con fundamento en otras pruebas.

No se trata pues de una reevaluación de las pruebas con las que antes se adoptó la decisión. Ese análisis resulta intocable después de alcanzada la ejecutoria formal, aun si llegare a mostrarse equivocado; la ejecutoria formal lo hace gozar también de presunciones de legalidad y acierto y en ello radica la seguridad jurídica que a partir de tales decisiones el Estado ofrece a los asociados. Deben entonces aportarse nuevas pruebas o nueva prueba —no puede aceptarse el formulismo de que la norma se refiere a un número plural—, distintas de las que tuvo oportunidad de recaudar, apreciar y evaluar el funcionario judicial para la adopción de la decisión inhibitoria.

3. En este orden de ideas, la petición del denunciante no es apta para la revocatoria de la decisión inhibitoria, pues lo que surge de su memorial es la evidencia de una clara intención de ignorar el vencimiento del término para interponer la reposición mediante el habilidoso procedimiento de enunciar como “petición de revocatoria” lo que en verdad es un tardío recurso de reposición pues la decisión hizo tránsito a su ejecutoria formal desde el 10 de julio de 1997, fecha distante de la que aparece como de recibo de su memorial en la secretaría de la Sala».

(Auto de noviembre 25 de 1997. Radicación 12.112. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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