Auto de Sala Unitaria 12156 de septiembre 3 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

EN ASUNTOS DE MINERÍA Y PETRÓLEOS

EXTRACTOS: «El suscrito ponente estima que la Sala no es competente para conocer en única instancia la controversia propuesta por el señor Alfredo Tascón Aguirre y otra.

Se hace esta afirmación porque el asunto es de carácter contractual; y los litigios derivados de los contratos administrativos, hoy estatales, si bien es cierto son del conocimiento de esta jurisdicción, la competencia, para todos los casos, radicará en los tribunales administrativos en única o primera instancia, según la cuantía y el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.

Así las cosas, esta corporación será sólo juez de segunda instancia cuando el factor cuantía lo permita.

Se arriba a la conclusión precedente con fundamento en lo que disponen los artículos 131 y 132 numerales octavos, del CCA.

Si bien es cierto el artículo 128 del mismo estatuto en su numeral 11 le asigna al Consejo de Estado el conocimiento en única instancia de los procesos “que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada”, no es menos cierto que esta norma hay que interpretarla racionalmente y en armonía con otras disposiciones que permiten afirmar que esa competencia no sólo no es absoluta o general, sino que tiene alcance residual y para un grupo determinado de asuntos.

En tal sentido, no puede interpretarse que asunto petrolero o minero para efectos de competencia sea todo aquél que directa o indirectamente tenga que ver con la minería o con los petróleos, porque de ser así serían de esta índole y de competencia del Consejo de Estado en única instancia, controversias tan disimiles como las de reparación directa contra la Nación por hechos u omisiones del Ministerio de Minas; o las acciones de nulidad y restablecimiento contra los actos que liquidan un impuesto minero o unas regalías; o las acciones contractuales derivadas de un contrato de concesión o de asociación; etc., etc.; asuntos éstos que son del conocimiento, en su orden, de los tribunales administrativos en única o primera instancia, de conformidad con las normas que regulan la competencia de las acciones de reparación directa, de impuestos o contribuciones o regalías, contractuales, etc., etc.

Permite afirmar lo anterior que los asuntos mineros tienen que referirse específicamente a los conflictos que surjan entre la Nación, propietaria del subsuelo, y las personas o entidades que con sujeción a la ley ejerzan la actividad minera, en torno a los derechos y obligaciones derivados de dicha actividad.

Así, en este orden serían asuntos mineros o de petróleos del conocimiento del Consejo de Estado, en única instancia, los que giran en torno a los actos administrativos de carácter general expedidos por el gobierno o por el Ministerio de Minas que señalan reglas para el ejercicio de la actividad minera; a los actos que determinan zonas de reserva o restringidas para la minería; a los actos que definen la pequeña, mediana o gran minería; a los que otorgan títulos mineros, licencias de exploración o de explotación; a los que conceden aportes; a los que imponen sanciones o resuelven oposiciones, a los que determinan zonas mineras indígenas, etc., etc.

Aplicando estas ideas al caso concreto resulta que la controversia, como el mismo demandante lo reconoce, es de carácter contractual, derivada del contrato Nº 13128 de concesión para mediana minería celebrado entre el Ministerio de Minas y la Compañía Minera Dapa S.A. para la exploración y explotación de un yacimiento de materiales de construcción ubicado en Yumbo, departamento del Valle del Cauca. Y por tanto, la competencia será del tribunal administrativo del citado departamento, previa la estimación razonada de la cuantía para efectos de competencia funcional».

(Auto de Sala Unitaria, septiembre 3 de 1996. Expediente 12.156. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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