Auto 12259 de noviembre 7 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 1100103270002001024401

Rad.: 12259

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Rafael Arenas Ángel

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil dos.

AUTO

El ciudadano Rafael Arenas Ángel, quien demandó la nulidad del artículo 2º del Decreto Reglamentario 405 del 14 de marzo de 2001, presentó el 23 de septiembre de 2002, un escrito ante la secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solicitando la aclaración de la sentencia del 29 de agosto de 2002, notificada por edicto desfijado el 18 de septiembre del mismo año, mediante la cual, esta corporación negó las súplicas de la demanda.

El actor transcribe algunos apartes de la providencia que considera influyeron en la parte resolutiva de la misma y los que estima pueden dar lugar a entender “que se causa el gravamen a los movimientos financieros cuando quiera que el banco cancela un certificado de depósito a término, sin consideración a si para efectuar tal cancelación afecta o no, esto es, dispone o no, de recursos depositados en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro o en cuentas de depósito en el Banco de la República”.

Para el demandante, éste no es el sentido ni el alcance de la ley, por lo que solicita precisar que la disposición de recursos que da lugar al gravamen, tanto en la constitución de un certificado de depósito a término como en la cancelación del mismo, es la que afecta recursos en cuentas corrientes o de ahorros, en el caso del cliente, o en cuentas de depósito en el Banco de la República, en el caso de los bancos.

Consideraciones de la sección

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone:

“ART. 309.—Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término.

El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos”.

Las sentencias no son reformables ni revocables por el juez que las dicta, es decir, no es posible introducir modificación alguna a lo decidido. La aclaración es procedente para despejar o disipar los conceptos o frases que ofrezcan un verdadero motivo de duda o una redacción oscura, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la providencia o que influyan en ella.

Para el memorialista, el siguiente aparte de la sentencia contiene conceptos que ofrecen verdaderos motivos de duda:

“De acuerdo con lo anterior, cuando un cliente dispone de unos fondos depositados en una cuenta corriente o de ahorros con el fin de constituir un depósito a término, se realiza el hecho generador de gravamen a los movimientos financieros, toda vez que hay un traslado de fondos a un tercero y por lo tanto no se configura ninguna de las exenciones expuestas en la ley; lo mismo ocurre cuando vencido el término o en virtud del preaviso, el banco depositario restituye el dinero, independientemente que se realice mediante abono en la cuenta del depositante, como se desprende del contenido de artículo 871 del estatuto tributario”.

El aparte citado por el actor no está contenido en la parte resolutiva de la sentencia ni influyó en ella, pues el argumento determinante para negar las súplicas de la demanda de nulidad del artículo 2º del Decreto 405 de 2001, es que se consideró que no excedió el artículo 871 del estatuto tributario, invocado, porque “fue esta última (norma) la que expresamente dispuso, para efectos del hecho generador del impuesto a los movimientos financieros, que las operaciones mediante las cuales se cancela el importe de los depósitos a término, mediante abono en cuenta, se incluyen dentro del concepto de transacciones financieras, porque implican la disposición de recursos”.

Frente al aparte que el actor considera que puede interpretarse en el sentido que se causa el gravamen a los movimientos financieros cada vez que los establecimientos de crédito cancelan certificados de depósito a término mediante abono en cuenta, sin consideración a si dispone o no, de recursos depositados en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro en cuentas de depósito en el Banco de la República, debe responderse que de la providencia no se deriva tal razonamiento.

Para que hubiese una mejor ilustración sobre las operaciones, se indicó en el fallo que la disposición de unos fondos por un particular, depositados en una cuenta corriente o de ahorros, con el fin de constituir un depósito a término generaba el gravamen a los movimientos financieros y se agregó que lo mismo ocurre cuando, “el banco depositario restituye el dinero, independientemente que se realice mediante abono en la cuenta del depositante”, pero es claro que para que surja el gravamen, el banco debe disponer de recursos depositados en una cuenta corriente, de ahorro o de depósito en el Banco de la República.

Por lo tanto, si se realiza la cancelación de depósitos a término mediante abono en cuenta, sin que disponga de recursos depositados en cuentas corrientes, de ahorros o de depósito en el Banco de la República, el impuesto no se genera.

Lo anterior, porque para que se constituya el hecho generador del gravamen, el artículo 871 del estatuto tributario exige que “se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República”.

Toda vez que el aparte de la providencia citado por el memorialista no ofrece motivo de duda y que adicionalmente, éste no está en la parte resolutiva, ni influyó en ella, la Sala negará la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NIÉGASE la solicitud del ciudadano Rafael Arenas Ángel para aclarar la sentencia del 29 de agosto de 2002 emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el expediente 12259.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

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