Auto 12267 de julio 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PROCESOS EJECUTIVOS DERIVADOS DE CONTRATOS ESTATALES

EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE LIQUIDAR UN CONTRATO

EXTRACTOS: «La jurisprudencia de la Sala plena desde su proveído de noviembre 29 de 1994 (Proc. 414, Rigoberto Arenas Olmos, ponente Dr. Guillermo Chahín L.) precisó que la jurisdicción administrativa no era sólo de cognición sino también de ejecución. Así, señaló con fundamento en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 que los procesos ejecutivos derivados de los contratos estatales serían del conocimiento de la jurisdicción administrativa, la cual los tramitará con sujeción a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil para las ejecuciones de mayor cuantía. Igualmente definió que la competencia funcional por razón de la cuantía sería la misma señalada para los procesos de conocimiento.

Aunque la jurisprudencia no ha tenido oportunidad de precisar qué obligaciones pueden hacerse efectivas por la citada vía, es fácil inferir del texto legal (L. 80, art. 75) en armonía con el Código de Procedimiento Civil, que tanto las obligaciones de dar como las de hacer y no hacer podrán hacerse efectivas por la vía de la ejecución, en la forma prevista en los artículos 499 y ss. del Código de Procedimiento Civil.

Y es lógico que así lo sea porque no existe razón alguna para reducir la ejecución sólo a las obligaciones de dar y menos a las de dar una suma de dinero, ya que la norma legal no distingue y el título prestará mérito de ejecución siempre que, de conformidad con el artículo 488 del citado código procesal civil, contenga una obligación expresa, clara y exigible que conste en documento que provenga del deudor o de su causante y constituya plena prueba contra él, o la que emane de una sentencia de condena proferida por la jurisdicción administrativa, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley.

Aunque las obligaciones de dar una suma de dinero son, en la práctica las más comunes, nada impide que se le imponga al deudor una obligación de hacer o de no hacer. Así, por ejemplo, es frecuente que la jurisdicción administrativa le imponga a la administración la obligación de reintegrar a un funcionario ilegalmente destituido; y los jueces ordinarios, a quienes les compete esta ejecución, nunca se han abstenido a hacerlo pretextando que sólo pueden ejecutarse las obligaciones de dar. Tampoco son extrañas las ejecuciones que le imponen a la administración la obligación de destruir lo hecho dentro de un término prudencial, en la forma prevista en el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso concreto, la sentencia de esta misma Sala de 28 de septiembre de 1993, confirmatoria de la de 30 de noviembre de 1990, le impuso a Emcali una obligación específica de hacer: la de liquidar el contrato 6-PE-125-80 ALC celebrado con Coltubos, con sujeción a las pautas señaladas en dichas providencias. Aunque en tales providencias no se fijó plazo para el efecto, sí se dio a entender que la liquidación debería efectuarse tan pronto quedaran en firme aquellas. Por esa razón la demanda ejecutiva formulada suple el requerimiento y justifica el señalamiento del término prudencial de 60 días que se le dará a Emcali para que cumpla la obligación impuesta; término éste que encaja en la previsión contemplada en la Ley 80 de 1993, en su artículo 60. Obligación que presta mérito ejecutivo al tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, puesto que han transcurrido los dieciocho meses señalados en la ley para el efecto (CCA, art. 177) contados a partir de su ejecutoria; la que para su ejecución se entiende “a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior”, según las voces del artículo 334 del Código de Procedimiento Civil en armonía con el 331 del mismo estatuto.

De allí que cuando se presentó la demanda el 22 de junio de 1995, ya habían corrido los dieciocho meses fijados en el (CCA, art. 177), habida cuenta que empezaron a correr desde el 27 de octubre de 1993 y no de 1995 como erróneamente aparece en la constancia secretarial que figura a folios 109 vlto.

En este orden de ideas, deberá revocarse la decisión del a-quo que “inadmitió” la demanda ejecutiva por falta de jurisdicción, para, en su lugar, librar mandamiento ejecutivo (CPC, art. 500), aunque no en los términos propuestos por la ejecutante, dada la naturaleza del hecho debido, tal como pasa explicarse:

Dentro del Código de Procedimiento Civil existen dos normas que es preciso armonizar para entender a cabalidad lo que aquí se decidirá. Son los artículos 493 y 500. El primero, porque le permite al demandante cuando va a ejecutar por una obligación de dar o de hacer pedir conjuntamente con la entrega o con la ejecución del hecho debido, los perjuicios moratorios por la demora en la entrega o en la ejecución del hecho. Y el segundo, porque le permite al juez (frente a la obligación de hacer, se entiende) ordenar al deudor que ejecute el hecho en el término prudencial que le señale y librar ejecución por los perjuicios moratorios pedidos.

Pero, la obligación de hacer a que se refieren las dos antecitadas normas habrá que entenderla, en principio, para la ejecución de un hecho material: confeccionar un vestido, un mueble, construir una casa o un canal de riego, pintar un cuadro, etc. etc. Tan cierto es esto que durante la ejecución el ejecutante podrá objetar la naturaleza y calidad de los bienes, lo que no se dará frente a otra clase de hechos. Corrobora esta afirmación el artículo 501 del mismo código, ya referido no a un hecho material, sino a la suscripción de un documento, escritura pública, por ejemplo, o cualquier otro documento, evento en el cual deberá seguirse la ejecución en forma diferente y con otros alcances.

En el caso concreto las sentencias citadas atrás impusieron a Emcali la obligación de liquidar el contrato 6-PE-125-80 ALC que celebró con la Sociedad Colombiana de Tubos “Coltubos”, tan pronto quedaran en firme las providencias, y con sujeción a lo ordenado en las mismas.

Como se observa, la obligación impuesta de liquidar el contrato no se refiere a la ejecución de un hecho material y ni siquiera a la suscripción de un documento. Es algo más complejo; la expedición de un acto administrativo de ejecución de las sentencias aludidas, en el cual deberá hacerse el trabajo liquidatorio sobre el supuesto, señalado en éstas, de que la sociedad contratista, hoy ejecutante, incumplió el contrato mencionado atrás. Así en este acto y con apoyo en dicho supuesto deberá hacerse un corte de cuentas para establecer quién debe a quién y cuánto. Esa liquidación, impuesta por orden judicial deberá efectuarla unilateralmente Emcali con base en los documentos que tenga en su poder y con los demás que obran dentro del expediente.

Se insiste en su unilateralidad porque la contratista no podrá adjuntar pruebas para desconocer lo ya decidido en las sentencias, ya que éstas e amparadas con la cosa juzgada.

No significa lo anterior que la administración pueda liquidar a su antojo, porque ésta estará también obligada a respetar la cosa juzgada. Ni tampoco significa que la contratista no podrá discutir la liquidación que efectúe Emcali, si ésta la efectuare por fuera de los términos de las sentencias o con desconocimiento de las mismas. En estos eventos, el acto dejará de ser de simple ejecución (lo será si acata lo decidido en su integridad), para convertirse en una decisión ejecutoria susceptible de los controles de legalidad previstos en el ordenamiento.

Se hace la precisión precedente porque el acto de ejecución de un fallo judicial ajustado al mandato contenido en éste no será, en principio, susceptible ni de agotamiento de vía gubernativa ni de vía jurisdiccional. De ser posible esos controles, los procesos se volverían interminables y se desconocería la cosa juzgada.

Pero si bien por analogía podrá aplicarse la primera parte del numeral 1º del artículo 500, no sucederá igual en el caso sub júdice con el pago de perjuicios moratorios derivados de la no liquidación del contrato o, en subsidio, con el pago de perjuicios estimados bajo juramento en una suma principal de $ 394.469.214.70 y $ 20.697.799, como tasa de interés mensual.

La razón para no librar ejecución por los perjuicios moratorios pedidos en la demanda (segunda parte del mismo num. 1º) estriba no sólo en que la ejecutante no explica de dónde surgen esos perjuicios, el porqué de los mismos y desde cuando se cuenta su ocurrencia, sino en lo decidido por esta jurisdicción en los fallos que sirven como recaudo ejecutivo, en los cuales en forma que no admite dudas, al definir la responsabilidad de las partes contratantes, se dijo:

“Como se desprende de todo lo anterior, no se comprometió la responsabilidad del ente demandado en el presente asunto, ya que la actora no sólo no demostró su cumplimiento, sino que el acervo probatorio evidenció que suyo había sido el incumplimiento.

En estas condiciones deberá confirmarse el fallo apelado, pero en la liquidación que llegare a efectuar Emcali deberá tenerse en cuenta esta decisión, que puso de presente el aludido incumplimiento por parte de la sociedad demandante. Se precisa lo precedente para evitar el equívoco que puede crear la orden de liquidación dada por el a-quo, la que así entendida puede dejar abierto el litigio que aquí se decide en forma definitiva”. (Sent. 6581, sept. 28/93).

Es curioso, por decir lo menos, que quien no obtuvo éxito en la demanda que formuló contra Emcali en el proceso 6581 y en la cual pidió el pago “de $ 28.000.000 como indemnización por concepto de perjuicios causados por el incumplimiento y violación de sus obligaciones adquiridas conforme al contrato cuya caducidad fue declarada”, pretenda ahora, por la sola omisión de Emcali en liquidar el contrato, una indemnización superior a los $ 414 millones; vale decir, una indemnización casi 15 veces superior a la pedida en el proceso de conocimiento que culminó, como se dijo, el 28 de septiembre de 1993, con la denegación de los perjuicios pretendidos por Coltubos. Además, pensar en la existencia de perjuicios de esa magnitud derivados de la no liquidación de contrato que incumplió la ahora ejecutante, es bastante incomprensible, máxime si se tiene en cuenta que, dado ese incumplimiento, algún saldo a su favor será de casi imposible ocurrencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto de 3 de mayo de 1996 dictado por el tribunal administrativo de Valle del Cauca. En su lugar, se dispone:

1. LÍBRASE mandamiento de pago per obligación de hacer contra Emcali y a favor de Coltubos Ltda. En tal sentido, la citada entidad deberá liquidar el contrato 6-PE-125-80ALC dentro del término de 60 días contados a partir de la notificación del auto del a-quo que ordene cumplir lo aquí decidido, con sujeción a las pautas señaladas en las sentencias de 30 de noviembre de 1990 y 28 de septiembre de 1993, dictadas, en su orden por el a-quo y por esta corporación.

2. No se libra ejecución para el pago de perjuicios, solicitados como pretensión principal; ni como subsidiaria por el no cumplimiento de la obligación de hacer dentro del término fijado en este proveído.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y publíquese en los Anales del Consejo».

(Auto de julio 10 de 1997. Expediente 12.267. Consejero Ponente. Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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