Auto 1231 de marzo 3 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES ELECTORALES

CONDENA POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO

EXTRACTOS: «La norma se invoca como infringida a primera vista es el artículo 95-11 de la Ley 136 de 1994, cuyo texto reza:

“No podrá ser elegido ni designado alcalde quien:

11. El servidor público que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política”.

Y el artículo 122 de la Carta, en su último inciso, es del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de las demás acciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”.

La Sala observa plena concordancia del texto legal con el constitucional, por lo que conforme al primero queda inhabilitado para ser elegido o designado alcalde, sin condición temporal alguna, el servidor público que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado. Esta previsión legal es, por cierto, bien distinta en sus efectos temporales a la del numeral 1º del mismo artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que establece condiciones en cuanto a la naturaleza del delito y de la responsabilidad penal, la cuantía de la pena y el tiempo de la condena para la determinación de la inhabilidad, aunque la hace extensiva a toda persona y no solo a los servidores públicos, es decir, que no se refiere a los delitos denominados propios en cuanto al sujeto de la infracción, por lo que no se pueden asimilar o equiparar esas normas como lo pretende el apelante.

Ahora bien: en el caso de autos la copia de la sentencia ejecutoriada por la que se condenó al Sr. Luis Alberto Rodríguez Vargas como autor responsable de delitos de peculado, en el caso juzgado contra el patrimonio del municipio de Mogotes, es prueba suficiente de la inhabilidad alegada y, por ende, de la violación flagrante, con el acto declaratorio de la elección de aquél como alcalde de la municipalidad citada, del texto invocado como infringido.

Lo expuesto basta, para confirmar la suspensión provisional del acto acusado, concordando con lo resuelto por el a quo».

(Auto de marzo 3 de 1995. Expediente 1231. Consejero Ponente: Dr. Amado Gutiérrez Velásquez).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Observo que la norma legal invocada (art. 95-11 de la Ley 136 de 1994) se halla referida a la constitucional (art. 122) y ésta no precisa que la inhabilidad se produzca para quienes han sido condenados en cualquier tiempo, pues su redacción difiere de la utilizada por la misma Constitución en el artículo 179, cuando se refiere a la inhabilidad del congresista o si, por establecer la Ley 139 citada la inhabilidad sin señalar un límite temporal, la extendió en relación con la del numeral primero del mismo artículo que restringió la que establece la Constitución para el congresista a una anterioridad de diez años.

En mi concepto los interrogantes planteados no pueden resolverse en esta etapa del proceso porque se requiere de interpretación y, por lo mismo se hace necesario un análisis más profundo que resulta propio de la etapa del fallo. En consecuencia, por las razones vistas no procede decretar la medida solicitada.

En estas condiciones considero que la Sala debió denegar la solicitud de suspensión provisional y no acceder a decretarla, como lo hizo».

Miren de la Lombana de Magyaroff. 

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