Auto 12356 de febrero 27 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

INCIDENCIA DE LOS CAMBIOS DE JURISPRUDENCIA

EXTRACTOS: «El auto dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar será revocado por esta corporación por las siguientes razones:

La comprensión del asunto impone una breve reseña de los hechos ocurridos con anterioridad a la producción del auto recurrido:

El 26 de octubre de 1992, la señora Yenery Torres de Ávila se presentó en la clínica “Enrique de la Vega” de la ciudad de Cartagena, pues padecía fuertes dolores producto del avanzado estado de embarazo en que se encontraba.

En el mencionado centro hospitalario consideraron que no era necesaria la hospitalización de la señora, se argumentó que era una circunstancia normal del embarazo. Sin embargo, dada la gravedad del estado de salud de la paciente, el 29 de octubre del mismo año le practicaron una cesárea, pero desafortunadamente su niño murió horas después del nacimiento.

Por estos hechos, el 25 de enero de 1994 la señora Yenery Torres de Ávila y otros formularon demanda de reparación directa contra el Instituto de Seguros Sociales, seccional Bolívar, con el propósito de que sea declarado patrimonialmente responsable por los perjuicios irrogados a los demandantes.

Por reunir todos los requisitos de ley, el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto del 18 de febrero de 1994 admitió la demanda.

En el transcurso de la primera instancia, esto es, el 15 de diciembre del mismo año, el tribunal acogiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado(1) sostuvo que la jurisdicción competente para conocer de los negocios adelantados contra el ISS, era la ordinaria, pues desde la entrada en vigencia del Decreto 2148 de 1992, el Seguro Social cambió de naturaleza jurídica para convertirse en una empresa industrial y comercial del Estado. Con fundamento en estas razones, el a quo declaró la nulidad absoluta del proceso por falta de jurisdicción.

Posteriormente, el Consejo de Estado mediante auto del 20 de febrero de 1996 con ponencia del Dr. Daniel Suárez Hernández(2), acogió nuevamente la tesis que consideraba que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de las demandas instauradas contra el ISS, cuando se esté enjuiciando un acto propio de la función administrativa que dicha entidad desarrolla.

Ante este nuevo cambio jurisprudencial, los demandantes el 19 de abril de 1996, por segunda vez, formularon ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, demanda de reparación directa contra el ISS.

(1) Véase el auto publicado en J. y D., Nº 268, pág. 424 (N. del D.).

(2) Publicado en J. y D., Nº 293, pág. 594 (N. del D.).

En esta ocasión el tribunal inadmitió la demanda aduciendo que en el sub judice había operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, pues los hechos fundamento de la reclamación ocurrieron el 28 de octubre de 1992 y la demanda se presentó el 19 de abril de 1996.

La sala no comparte la decisión adoptada por el Tribunal, pues no sólo se aparta de las directrices señaladas por esta corporación, sino que además resulta injusta con los administrados, toda vez que se les está cercenando el derecho de acceder a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política.

Los demandantes no tienen nada que ver con el cambio de jurisprudencia; ellos simplemente se rigen por las pautas señaladas por el juez, sin que ello obstruya la reclamación de sus derechos.

En el sub lite, los demandantes presentaron en tiempo la demanda de reparación directa. Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que la jurisdicción competente para conocer de los negocios contra el ISS era la ordinaria. Esta decisión llevó a que el tribunal declarara la nulidad total del proceso y por ende obligó a los demandantes a acudir a la justicia ordinaria.

Ahora bien, cuando los demandantes pretendían ejercitar su derecho ante el juez ordinario, esta corporación, por auto del 20 de febrero de 1996 cambió de nuevo su jurisprudencia y consideró que la competencia para conocer de las demandas contra el ISS estaba en cabeza de la jurisdicción especializada. Bajo estas circunstancias, mal podría decirse que la acción instaurada en el presente caso está caducada pues además de ser una aberrante denegación de justicia, no tendría ninguna presentación que después de haberse presentado el libelo en tiempo y haberse admitido, ahora se les diga que ya no tienen derecho a reclamar.

La sala comparte los planteamientos expuestos por los apelantes, cuando manifiestan que:

“En efecto, entendemos plenamente el carácter sancionatorio de la institución de la caducidad, en virtud del cual se penaliza con la pérdida del derecho a accionar ante la jurisdicción contenciosa aquel que no la ejercita en el término perentorio otorgado por la ley.

Visto así el fenómeno, entonces, se puede concluir que la sanción se impone al titular del derecho que ha sido negligente, descuidado o ignorante, es decir, a quien con su desidia permite ser acreedor a la pena de ver extinguido su derecho de acudir ante la jurisdicción contenciosa.

Pero en el presente caso, tal y como lo narramos en la demanda, mis poderdantes siempre ejercieron la acción en tiempo y mal puede decirse o darse por hecho que la caducidad operó por su desidia o descuido. No, de ninguna manera, porque el fenómeno caducidad en este caso no puede verse simplemente como el mero transcurso del tiempo y dar por sentado que operó o configuró.

En el presente evento mis representados ejercieron el derecho del cual eran titulares, pero la postura jurisprudencial del Consejo de Estado que encontraron no permitió continuar con el trámite del proceso que en un momento se llegó a desatar. Sin embargo dicha postura cambia con la providencia del 20 de febrero de 1996, expediente 11312, y deja abierto nuevamente el camino de demandar al ISS ante la jurisdicción especial.

Entonces, la actual situación no se presenta por la voluntad de los actores sino por un hecho jurisprudencial externo al querer de aquellos, y por lo mismo no puede ser oponible a ellos.

Si se considera en este evento que la caducidad ha operado, se estaría negando a mis poderdantes el fundamental derecho de acceder la justicia sin poder solicitar el resarcimiento de los perjuicios a ellos ocasionados” (fl. 4, 49 Cdno. Ppal.).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto apelado, esto es, el pronunciado por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 13 de junio de 1996, y en su lugar se dispone:

1. ADMÍTESE la demanda de reparación directa interpuesta por Yenery Torres de Ávila, Roberto Sánchez Flores, Santander Torres Ariza y Emerita del Carmen de Ávila de Torres contra el Instituto de los Seguros Sociales Seccional Bolívar el 19 de abril de 1996.

2. Notifíquese personalmente a la parte demandada y al señor Agente del Ministerio Público.

3. Fíjese el negocio en lista por el término legal.

Las anteriores previsiones serán cumplidas por el Tribunal.

(Auto de febrero 27 de 1997. Expediente 12.356. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

_______________________________________________