Auto 12432 de enero 30 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL ESTADO

SELECCIÓN ACERTADA DE LA ACCIÓN PERTINENTE

EXTRACTOS: «El artículo 86 del CCA, consagra la acción adecuada y propicia para deducir en contra del Estado la condigna responsabilidad patrimonial de daños antijurídicos causados por hechos, omisiones u operaciones administrativas que le sean imputables, o por ocupación temporal o permanente de inmuebles a causa de trabajos públicos. Se trata de la vía procesal pertinente para ventilar los conflictos de intereses surgidos de modo extracontractual entre los particulares y el Estado. En general, es la acción prevista por el ordenamiento para la reparación directa de los daños cuando no exista vínculo previo alguno entre la víctima y el Estado causante de lo daños. Al paso que las acciones de los artículos. 85 y 87 del CCA, exigen relación o vínculo jurídico dentro del cual haya surgido el conflicto, la acción del artículo 86 no precisa de tal relación.

Así por ejemplo, la acción de nulidad y restablecimiento se desencadena a raíz de una controversia entre el Estado que toma una decisión administrativa y un servidor público, un contribuyente, un usuario del servicio público, y en general un administrado vinculado o en vías de vincularse con el Estado. Ese es el vasto campo donde hace presencia el acto administrativo para justamente crear, modificar o extinguir las situaciones jurídicas concretas y particulares. La ilegalidad de ese acto administrativo y el consecuente restablecimiento del derecho vulnerado vienen a ser los puntos centrales de las pretensiones factibles de deducir por la vía del artículo 85 del CCA.

El artículo 87 del CCA. es en cambio el pertinente para ventilar los conflictos entre el Estado y sus contratistas. Como tradicionalmente ha sido vista de forma distinta la relación jurídica Estado-contratista, el legislador creó una vía especial para deducir la responsabilidad contractual. Las pretensiones de este instituto se deben estructurar de acuerdo con la relación subyacente y así se hablará de la nulidad, revisión, existencia, incumplimiento del contrato y de las consecuencias naturales a cada opción.

Con lo anterior la sala relieva cómo a cada acción le corresponde una pretensión, según los hechos que conforman o constituyan el conflicto. El sistema procesal para endilgarle al Estado responsabilidad por daños está, en consecuencia, configurado por los artículos 85, 86 y 87 del CCA. No se trata de un aspecto o tema librado o la voluntad de la parte actora, o de quien va a accionar. Si de los hechos se desprende una relación laboral, de carácter estatutario, el conflicto surgido deberá ser tramitado procesalmente por la acción prevista en el artículo 85 del CCA. Si de esos hechos, en cambio, se desprende la existencia de una relación contractual, el conflicto se deberá examinar por la acción del artículo 87. Y si el conflicto de intereses no surge de ninguna relación jurídica en particular, sino que se fundamenta en el neminem laedere, la acción para enjuiciarlo será el artículo 86 del CCA. Las pretensiones deben corresponder y armonizar con los hechos y con la acción que éstos determinen.

Es en la demanda donde deben quedar debidamente fijados los hechos, planteada la acción y exigida la pretensión. Un error en este acto procesal no puede ser pasado por alto debido a que producirá un fallo inhibitorio —que el derecho procesal moderno se esfuerza en evitar— ante la imposibilidad funcional del juez para corregir ese fundamental extremo del proceso».

(Auto de enero 30 de 1997. Expediente 12.432. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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