Auto de noviembre 22 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS

FACTOR DE COMPETENCIA

EXTRACTOS: «1. En primer lugar, es de advertir que a la Corte le corresponde resolver el conflicto negativo de competencia que se suscitó entre dos juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, uno radicado en Tunja y otro en Santafé de Bogotá, por cuanto el asunto cuyo conocimiento simultáneamente rechazan, parte de la ejecución de tres condenas, decretada cada una por un juez perteneciente a diferente distrito judicial, lo que al tenor de lo dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, hace que en este caso, los jueces colisionados tengan como superiores jerárquicos inmediatos a los tribunales de Tunja, Cundinamarca e Ibagué; situación que le da cabida a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para ejercer la atribución del artículo 68.5 de la codificación citada, que consiste en resolver los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales o juzgados de dos o más distritos judiciales.

2. Ahora bien, la confrontación judicial surgió, por su base, del entendimiento que cada uno de los jueces le ha dado al artículo primero del Acuerdo 54 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, por ello, conviene recordar su texto:

“Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.

Así mismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede.

En los sitios en donde no exista aún un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad continuará dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal.

PAR.—Cuando algún condenado sea trasladado de penitenciaría o pabellón siquiátrico, aprehenderá el conocimiento, el juez de ejecución de penas respectivo, a quien se remitirá la documentación correspondiente. Si no hubiere juez de ejecución de penas, reasumirá la competencia el juez que dictó el fallo de primera o única instancia”.

El precepto anterior es claro en establecer para los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad un factor de competencia distinto a los establecidos para los restantes despachos de la jurisdicción ordinaria. Se trata de un factor de índole personal, de tal manera que la competencia para asumir el conocimiento de la ejecución punitiva, depende de que el respectivo condenado se encuentre recluido en uno de los establecimientos carcelarios del circuito sede del funcionario; y hasta tal punto se mantiene ese factor de competencia que sigue al convicto al lugar donde fuere, pues, de ser trasladado de penitenciaría, su expediente debe ser enviado al juez de ejecución de penas que esté radicado en el lugar de ubicación del centro de reclusión, o, en su defecto, al juez que hubiere dictado el fallo de primera o única instancia.

También refulge que el artículo 15 transitorio del estatuto de procedimiento penal es de aplicación residual, esto es, que mantiene la función de ejecutar la pena, en los jueces que hubieren dictado la sentencia de primera o única instancia, sólo para los casos en que el condenado se halle recluido en un centro penitenciario localizado por fuera del circuito sede de un juez de ejecución de penas.

En estas condiciones, carece de trascendencia determinar cuál fue el primer fallo ejecutoriado o cuál el último, ni el número de condenas, ni cuál de ellas se encuentra descontando el sentenciado, porque sólo dos elementos juegan en la determinación del funcionario competente para resolver cuestiones derivadas del cumplimiento de la pena: la ubicación del condenado y si en ese lugar existe o no un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

En el asunto que contempla la Sala, Martha Brigitte Florido Vega se encuentra purgando la condena que le irrogó el Juzgado Tercero Penal del Circuito del Espinal, en la Reclusión Nacional de Mujeres del Buen Pastor de la ciudad capital, sede del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Santafé de Bogotá, por tanto es a ese preciso despacho judicial al que le corresponde decidir sobre la acumulación de penas impetrada a nombre de la sentenciada, según lo establece el artículo 75.3 del estatuto de procedimiento penal y sobre todos los puntos que involucren el cumplimiento de las penas a ella impuestas, a condición de que permanezca recluida dentro del Circuito de Santafé de Bogotá. En esos términos se decidirá este incidente».

(Auto de noviembre 22 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

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