Auto 12520 de enero 23 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 12.520

Actor: Hernando Alvarez y otros

Demandada: Ministerio de Justicia Fiscalía General de la Nación-Policía Nacional.

Santafé de Bogotá, D.C., enero veintitrés de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Se observa que la acción se dirigió contra la Nación-Ministerio de Justicia Fiscalía General de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional. No obstante, para el sub judice la representación de la Nación no la puede llevar la Fiscalía General de la Nación, sino que tal función le correspondía al Ministerio de Justicia y en virtud de la Ley 270 de 1.996, estatutaria de la administración de justicia, tal representación le fue asignada al director ejecutivo de administración judicial (art. 99, num. 8º). En tales condiciones por ser indebida la representación de la Nación en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y en vista de que ni el Ministerio de Justicia o de Defensa recurrieron el auto que rechazó el llamamiento en garantía que hizo aquella entidad, se confirmará la decisión denegatoria recurrida.

Retoma la Sala en este aspecto y en cuanto a la representación legal de la Nación se refiere, lo sostenido en providencia de esta misma fecha, con ponencia de quien elabora la presente, cuyos razonamientos bien pueden aplicarse al caso examinado:

“Considera la Sala, sin embargo, que la Fiscalía General de la Nación no podía ejercer facultad conciliatoria alguna, por cuanto a dicha entidad no le corresponde llevar la representación de la Nación en este tipo de diligenciamientos. Tal facultad le correspondía ejercerla al director ejecutivo de la rama judicial, según lo dispone el numeral del artículo 99 de la ley 270, estatutaria de la administración de justicia, o bien, si tal funcionario no había sido nombrado o posesionado, la representación judicial de la Nación, al tenor del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el Decreto 2652 de 1991, le correspondía al Ministerio de Justicia.

Concluye entonces la Sala que en el caso bajo estudio la Nación estuvo indebidamente representada y, por consiguiente, en tales condiciones no se puede aprobar el acuerdo conciliatorio examinado. Se reitera así lo expresado en proveído de 5 de septiembre de 1996, expediente 12087, con ponencia del señor Consejero doctor Juan de Dios Montes Hernández».

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