Auto 12557 de febrero 27 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Ref.: Exp. 12.557

Actor: William de J. García Gómez y otros

Demandado: Instituto de Seguros Sociales.

Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «En primer lugar es importante recordar que el fenómeno jurídico de la caducidad es la pérdida de un derecho, de una función, de un beneficio que afecta a quien no llevó a cabo las diligencias necesarias en el término requerido.

En otras palabras, la caducidad es la sanción impuesta a quien no fue diligente o no actuó en el término previsto por la ley, acarreando por ello la pérdida del derecho a accionar.

En el sub júdice, los demandantes ejercieron la acción en tiempo y ante la jurisdicción que en ese momento era la competente para conocer de los negocios adelantados contra el ISS.

Ahora bien, para el momento de presentación del libelo, la legislación aplicable al proceso y al procedimiento era necesariamente el ordenamiento civil, por lo tanto, los términos de caducidad y prescripción de las acciones eran los previstos en el Código Civil.

El artículo 2536 de dicho estatuto consagra un término de 20 años para la prescripción de la acción ordinaria, y como la demanda se presentó dos años y tres meses después de ocurridos los hechos, no hay duda de que se hizo en tiempo.

Finalmente, la Sala advierte que las actuaciones surtidas ante el Juez Octavo Civil del Circuito tienen validez dentro del proceso contencioso administrativo, toda vez que lo actuado es compatible con la acción propuesta, pues reiteradamente se ha dicho que la jurisdicción como función pública es una sola.

Sobre este tema, es importante señalar que esta corporación tuvo oportunidad de pronunciarse en auto del 29 de agosto de 1996, con ponencia del Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Como la Sala comparte en su integridad los planteamientos expuestos en esa ocasión, se permite transcribirlos a continuación:

“Como ya se advirtió, el tribunal luego de aceptar su competencia declaró nulo lo actuado ante la justicia ordinaria, desde la admisión de los dos procesos acumulados, inclusive, y declaró caducadas las acciones propuestas por los mismos demandantes.

La Sala no prohíja ninguna de las soluciones dadas por el a quo. La primera, porque en eventos como el aquí tratado cuando un juez de otra jurisdicción reclama para si la competencia y el otro la cede sin reparo alguno, no sólo no se da el conflicto, ya que el asunto deberá gobernarse en la norma prevista en el inciso final del artículo 216 del Código Contencioso Administrativo, sino que el competente aprehenderá su conocimiento, tomando como válido lo actuado, siempre y cuando sea compatible con la acción propuesta, porque aunque formalmente figuran en el ordenamiento distintas jurisdicciones (la ordinaria, la contencioso administrativa, la constitucional, etc., etc.) para una mejor y más técnica distribución del trabajo judicial, la jurisdicción como función pública es una sola.

Tan consciente de esto fue el legislador que el mismo artículo 216 del Código Contencioso Administrativo le permite a los jueces que acepten ser los competentes, luego de propuesto el conflicto, que aprehendan el conocimiento del proceso. Así, si el conflicto se propone ante el juez o magistrado que viene conociendo el proceso y éste manifiesta su incompetencia, deberá remitirlo al que estime competente, quien o podrá aceptar la competencia o enviarlo al Consejo Superior de la Judicatura para su definición. Igualmente, si el conflicto se propone ante otro juez o magistrado y éste se declara competente, solicitará a quien lo esté conociendo el envío del proceso; evento en el cual éste, si encontrare viable la propuesta, hará la remisión correspondiente; en caso contrario, se dará el conflicto positivo, que deberá ser resuelto por el competente para dicho efecto.

Aunque la ley no lo diga expresamente la aceptación de competencia por el juez o magistrado tendrá dos efectos de transcendental importancia: a) que el competente aprehenderá el proceso en el estado en que se encuentre y continuará su trámite, si estima que lo actuado es compatible con el proceso que debe seguir. De lo contrario ordenará las medidas de adecuación necesarias para garantizar el debido proceso. En otras palabras, no deberá declarar la nulidad de lo actuado ante el juez que declaró su incompetencia, y b) que si la acción se propuso ante el primer juez en forma oportuna, el que aprehendió el conocimiento deberá, en principio, respetar lo actuado por aquél.

Se exponen las conclusiones precedentes luego de la interpretación racional de las normas que rigen los conflictos de competencia y de jurisdicción; los cuales, dada la unidad de jurisdicción que rige, como principio general, en el derecho colombiano, no ameritan trato sustancialmente diferente. Refuerzan esa interpretación finalista tanto el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo o formal (art. 228), como el de la economía procesal, porque no tendría sentido que la formulación del llamado conflicto de jurisdicción sólo tuviera como efecto definir el juez competente, dejando sin efecto definir el juez competente, dejando sin efecto todo lo actuado, con la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero para los litigantes.

En este orden de ideas, estima la Sala que cuando el juez, de entrada, antes de la admisión de la demanda, define que el asunto es de otra jurisdicción no deberá limitarse, como se ha hecho hasta ahora, a declarar la falta de jurisdicción, sino que deberá remitir el asunto al juez competente para lo de su resorte. Igual solución podrá darse cuando el juez declare la nulidad del proceso por pertenecer al (sic) asunto a jurisdicción distinta de la suya”».

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