Auto 12697 de febrero 4 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

LIBERTAD CONDICIONAL

EXAMEN DE LA PERSONALIDAD DEL CONDENADO

EXTRACTOS: «Es cierto que al condenado se le impuso una pena de prisión mayor de dos (2) años, que de la misma ya descontó las dos terceras partes, y que el director de la cárcel calificó su conducta en el establecimiento como ejemplar, pero también lo es que el artículo 72 del Código Penal dispone que se puede conceder la libertad condicional cuando, además de los requisitos mencionados, su personalidad y sus antecedentes de todo orden permitan suponer fundadamente su readaptación social.

El factor “personalidad” lo incluye el legislador entre los criterios para graduar la pena (C.P., art. 61), como requisito para el otorgamiento de la condena de ejecución condicional (C.P., art. 68), y en el evento en estudio, de manera que no puede afirmarse válidamente que el haberlo tenido en cuenta para la dosificación de la pena o para negar la suspensión de la condena impide que pueda ser apreciado para definir la libertad condicional, pues en cada caso se mira con propósito diferente.

Si bien algunos autores, entre ellos el que cita el recurrente, ven en el elemento personalidad un aspecto muy complejo a cuya medida justa muy difícilmente podría llegar el juez sin colaboración de expertos, la sala no lo cree así, de modo que en providencia del 24 de abril de 1992(*), con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Velásquez se refirió al punto en los siguientes términos:

“Algunos quieren hacer del concepto de la “personalidad”, para efectos de la dosificación de la pena (C.P., art. 61) o de la concesión del subrogado (art. 68 ibídem) [o del subrogado de la libertad condicional, artículo 72 ibídem, agrega la sala] algo abstruso, inserto en los meandros de una ciencia inasible o sólo manejable por especialistas en sicología, siquiatría, caracterología, etc., o de profanos que atiendan mansamente los dictados emitidos por esta clase de científicos. La ley no es tan escrupulosa ni tan utopista. Le bastan interpretaciones más a la mano, de más fácil manejo, de verificación más posible y real, de alcances más generales y valorables por el común de las gentes, con la formación corriente que suele acompañar a víctimas y victimarios, o a abogados de defensa y de parte civil o integrantes del Ministerio Público, o en fin al nivel de formación básica de los integrantes de la judicatura. Intentar cambiar estos derroteros tan sencillamente ideados por el legislador, sería dar ocasión a que el proceso de negación o de otorgamiento de la condena de ejecución condicional, fuese labor más complicada de la que concentra el descubrimiento de un delito, la demostración del ente infraccional y la conclusión de un juicio de reproche y de condena. Y daría lugar a inacabables debates, con posiciones irreconciliables, en donde cada cual según el interés que le mueva, encontraría, parapetado en una tesis, la personalidad del procesado incompatible con este subrogado o, por el contrario, abiertamente subsumible en los factores que gobiernan su concesión. Y luego de acabar tan compleja dilucidación, todavía quedaría pendiente la controversia sobre la naturaleza y posibilidades de nuestro sistema penitenciario como elemento válido u obstaculizante de la resocialización del sentenciado”.

(*) Publicada en J. y D., Nº 246, pág. 425 (N. del D.).

Y más adelante se agrega:

“La personalidad del procesado, en su fijación, tendrá que relacionarse con lo que es él, en sí, en su conducta individual o familiar o social, en sus características forma de vida (oficios, artes o profesiones lícitas) y en sus condicionamientos comportamentales, que permitan confiar fundadamente, en que resulta más provechoso para él y la colectividad sustraerle de la reclusión que efectivizar, en un medio carcelario, la pena privativa de la libertad impuesta”.

Pues bien, precisado que el concepto de personalidad que emplea el legislador en los casos anotados es el que está al alcance del sentenciador y de los sujetos procesales, y que se infiere de distintos factores como lo son la conducta ejecutada, las circunstancias que la rodearon, los motivos determinantes, el comportamiento social y familiar, etc., es del caso recordar que el doctor A... es un profesional del derecho que logró ocupar la posición de fiscal seccional en la ciudad de Medellín, y estando en el ejercicio del cargo obtuvo de una persona la suma de ocho millones de pesos a cambio de la libertad de su hermano, hecho que ante la contundencia de las pruebas recaudadas fue admitido por el implicado.

No se necesita ser especialista en la materia para entender que un funcionario que realiza tal comportamiento carece de todo escrúpulo, que demuestra una personalidad inclinada de tal modo al delito, que pasó por sobre toda consideración no sólo para traicionar la confianza que le fue depositada, sino precisamente para valerse de ella como medio para consumar su agresión. Que no se diga que esta clase de apreciaciones son únicamente para graduar la pena, porque también son válidas para analizar la conveniencia de su cumplimiento total con miras a una verdadera readaptación, que no la demuestra el solo hecho de observar buena conducta en la cárcel.

La idea de la readaptación social no se restringe a que el delincuente sea un interno disciplinado, porque igual al salir a la calle puede en forma inmediata volver a delinquir, sino a que todos los elementos le den la convicción al juez de que al hacerlo se va integrar a la sociedad comprendiendo que no debe volver a incurrir en conductas reprochables, situación que no se da en el caso del recurrente como en forma atinada concluyó el tribunal».

(Auto de febrero 4 de 1997. Radicación 12.697. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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