Auto 12713 de enero 20 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

RECONOCIMIENTO DE REDENCIONES DE PENA

CASOS EN QUE ES COMPETENTE LA CORTE SUPREMA

EXTRACTOS: «1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene claramente definidas sus atribuciones constitucionales y legales, entre las cuales no se cuenta, en principio, en materia del recurso extraordinario de casación nada diferente al trámite de tan especial forma impugnatoria.

Durante el conocimiento de los asuntos por razón de la casación, y habida cuenta que la interposición de tal recurso impide la ejecutoria de la sentencia, pueden presentarse solicitudes de libertad provisional que la Sala resuelve excepcionalmente con fundamento en el mandato legal del inciso 4º del numeral 2º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal en cuanto señala que “la libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que está conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista”.

En este mismo sentido y como excepción a la regla general de que son los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad los competentes para conceder las redenciones de pena por trabajo, estudio o enseñanza (artículo 75, Código de Procedimiento Penal y 51 del Código Penitenciario y Carcelario), se reconocen provisionalmente tales redenciones en desarrollo de lo ordenado por el inciso 36 del numeral 2º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal de que “la rebaja de pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción”.

2. Con la expedición del Decreto 1542 de 1997 se amplió el ámbito de la Corte para el reconocimiento de redenciones de pena, pues el artículo 5º de tal norma modificó la oportunidad para obtener el beneficio administrativo del permiso hasta de 72 horas, al hacerlo extensivo a aquellos internos “(...) cuyo recurso de casación se encuentre pendiente”, por lo que la Sala mediante acuerdo del 20 de noviembre de 1997 (acta Nº 144) señaló que el reconocimiento provisional de esta rebaja sólo precede para los fines señalados en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993. Por consiguiente si el peticionarlo no cumple la tercera parte de la pena impuesta, la Sala se abstendrá de hacer dicho reconocimiento”.

3. En este orden de ideas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es incompetente para reconocer redenciones de pena por trabajo, estudio o enseñanza cuando el propósito de tal reconocimiento sea diferente al de tener en cuenta el lapso redimido para el cómputo total de la sanción para obtener libertad provisional o para que se tenga en cuenta en la demostración de que el procesado se halla en fase de mediana seguridad.

4. Como la redención la solicita el abogado es para tramitar beneficios administrativos de libertad preparatoria y franquicia preparatoria de los procesados R... y J... la Sala se abstendrá de reconocer la redención de pena solicitada.

Surge igualmente la incompetencia de la corporación, por la situación procesal de los detenidos R... y J..., pues son aun procesados, habida cuenta que la sentencia no ha cobrado ejecutoria, y no condenados que es a quienes se refieren los artículos 148 y 149 de la Ley 65 de 1993 como potenciales beneficiarios de tales medidas administrativas.

No puede señalarse, como parece entenderlo el defensor, que el Decreto 1542 de 1997 haya modificado los artículos 148 y 149, en el sentido de variar la naturaleza de condenados por la de procesados como potenciales usuarios de los beneficios de libertad preparatoria o franquicia preparatoria, pues el texto del decreto no se refiere a tal hecho, y la única modificación que consagró fue la de reducir el tiempo de detención de las cuatro quintas partes de la pena efectiva que exigía la Ley 65 de 1993 a las dos terceras partes de la pena impuesta que ahora exige el Decreto 1542 de 1997 para obtener tales favores.

Conclúyese entonces que los beneficios administrativos de libertad preparatoria y franquicia preparatoria sólo pueden ser concedidos por el Inpec a los internos cuyas sentencias hayan obtenido ejecutoria y que por tanto se denominan condenados respecto de los cuales la única autoridad judicial que puede reconocerles redenciones de pena son los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad o quienes hagan sus veces».

(Auto de enero 20 de 1998. Radicación 12.713 Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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