Auto 12786 de abril 1º de 1998

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PRESUPUESTOS DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

FACTORES QUE SE ANALIZAN POR EL ASPECTO SUBJETIVO

EXTRACTOS: «En cuanto hace al requisito subjetivo, la corporación ha elaborado una decantada jurisprudencia, en virtud de la cual señala que

“Para una decisión judicial favorable a la libertad condicional, también cuando se aspira a ella como factor anticipado de la excarcelación provisional, esta Sala ha reiterado que no basta la mera constatación objetiva de la cantidad y/o calidad de la pena impuesta y del cumplimiento de los dos terceras partes de la misma, conforme lo dispone parcialmente el artículo 72 citado, sino que es necesario allanarse al examen integral y de conjunto de las demás exigencias, es decir, que el juez no puede hacer un pronóstico aproximado de readaptación del recluso por el solo comportamiento durante la ejecución penitenciaria, sino que es preciso conjugar esa valoración con una indagación sobre la personalidad, como modo de ser y de comportarse del ciudadano en los distintos ámbitos de la sociedad, y con un análisis de los antecedentes individuales, familiares, laborales y comunitarios en general. Y este examen de plenitud debe hacerse así, tanto porque ello constituye un imperativo legal, como porque para una mayor aproximación a la realidad del juicio de readaptación social, máxime cuando no se cuenta con toda la parafernalia científica, ha de atenderse aquel pensamiento de que si bien no depende de nuestra libre escogencia lo que “somos”, si podemos elegir aquello que nosotros “hacemos”, y/o que “hacemos” depende en buena medida de lo que “somos”.

Y es que tal como quedó redactada la norma sobre libertad condicional, puede decirse que el sentimiento político-criminal del legislador se orientó hacia una posición integradora, en el sentido de que el buen comportamiento y el trabajo y/o estudio intracarcelario pueden ser evidencias de la resocialización del reo —prevención especial—, pero no descuidó el legislador el merecimiento en cuanto a la personalidad del sentenciado —retribución—- y tampoco menospreció la protección de la sociedad de cara a graves formas de aparición delincuencial —prevención general—, pues nada diferente se puede inferir de la exigencia analítica del componente legalmente expresado como “sus antecedentes de todo orden””(1).

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de libertad provisional, agosto 21 de 1996, casación, radicación 9911, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

Significa lo anterior que dentro de los parámetros de análisis de los antecedentes de todo orden que indica el artículo 72 del Código Penal a tener en cuenta para la determinación del pronóstico de fundada readaptación social del potencial beneficiario de ese subrogado o del beneficio de la libertad provisional que con fundamento en él pueda producirse, están contemplados los hechos que dieron origen a la actuación penal que culminó con una sentencia condenatoria o permitió, dependiendo del estado procesal, la imposición de una media de aseguramiento que restringe el derecho fundamental a la libertad.

Y es que resultaría contrario a toda lógica que pudiera excluirse de un análisis ponderado de la personalidad del procesado, precisamente el comportamiento que en un momento determinado de su existir lo puso al margen de la legalidad, pues de su naturaleza, de su forma de comisión y de su trascendencia social, pueden sacarse valiosos elementos de juicio que aunados al comportamiento procesal y al carcelario conducen —todos a una— a fundar, como lo señala el legislador, el pronóstico de su readaptación social.

6. La Sala encuentra que el comportamiento domiciliario del señor Medina Serna ha estado ajustado a los cánones del reglamento carcelario, pues de ello da cuenta la certificación que expide la cárcel nacional Modelo, con fecha 11 de febrero de 1998 (fl. 248, cdno. de la Corte) al calificar su conducta como buena.

Pero ese, que es apenas uno de los elementos (conducta domiciliaria) que componen el juicio de personalidad, aparece contrastado por la naturaleza del ilícito que dio origen a la vinculación del señor Medina Serna, inicialmente como imputado y luego como sindicado en un proceso por el delito de enriquecimiento ilícito. Se trató nada más y nada menos que de la búsqueda y facilitamiento de financiación de la campaña por la jefatura del Estado colombiano por parte de personas dedicadas a actividades de narcotráfico, conducta de cuya gravedad y nocividad social no queda la menor duda, ni es susceptible de minimizarse, si se mira que a ella resultaron vinculados cinco mil millones de pesos recibidos de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, de Helmer Herrera y de José Santacruz Londoño integrantes del “cartel de Cali”.

La potencialidad de daño a la estabilidad de la República, a la legitimidad de la institución presidencial, a la figuración internacional del país como Estado soberano y el fraude que al proceso electoral como fundamento del sistema democrático y base de al credulidad pública, por no citar sino esos cuatro factores, son elementos que no podía pasar por alto el procesado cuando aceptó el encargo del director general de la campaña de acudir a los ahora confesos narcotraficantes del cartel de Cali para que financiaran una campaña cuyo propósito específico era la elección del Presidente de la República.

Los naturales riesgos de contraprestación que los barones del cartel podrían sentirse autorizados a reclamar por su enorme inversión, era sin duda un elemento de la decisión interna del procesado, frente al cual Santiago Medina Serna determinó su comportamiento, llevándolo a cabo sin reato alguno, mostrando con tal proceder una total carencia de consideraciones sociales y de respeto por los valores basilares del sistema político decidido por el constituyente, todo lo cual hace suponer fundadamente que su readaptación social no resulta de pronóstico favorable.

7. Ninguna favorabilidad reporta frente a la dimensión del hecho, para la situación del procesado, la alegación que el defensor hace de su confesión, de su sometimiento o de su presunta colaboración con la justicia. Realmente en la consideración conjunta de los distintos elementos, la Corte estima como determinante y de categórica incidencia, aquellos que se han dejado expuestos.

No puede pretenderse ahora que el Estado reconozca una especie de gratitud moral con el procesado porque haya colaborado con la justicia y que en tal razón deba paliar sus juicios valorativos con alguna condescendencia, pues no puede pasarse por alto que la condición sub judice en que se encuentra es atribuible exclusivamente a su ser ético, en tanto hombre libre, que en ejercicio de la plenitud de sus derechos y en demostración de tan frágiles principios, decidió —con otros directivos— feriar la campaña a la primera magistratura de la Nación. Y si alguna colaboración tuvo con la administración de justicia, ella le fue retribuida en los sucesivos acuerdos celebrados por quienes estaban autorizados para lo mismo.

Es que el concepto de personalidad no es hueco, vacío o carente de contenido, sino que “es la organización dinámica dentro del individuo, de aquellos sistemas sicofísicos que determinan sus ajustes únicos a su ambiente”(2) y en ella resultan fundamentales los aspectos motivacionales y de relación, interacción e interdependencia. De modo que la capacidad de juicio crítico frente a una conducta socialmente punible, a su trascendencia y a lo que ella compromete para si, para la sociedad toda, para la Nación que conforma o para el Estado mismo, es, junto con la determinación a hacerlo, elemento de consideración necesario en el pronóstico que exige al beneficio.

(2) Allport, Gordon W. citado por J. Marcó Ribé y otros en siquiatría forense, Salvat Ediciones 1990, capítulo 3.

Por eso para la Corte, resultado de la sumatoria de todos los factores que componen el análisis de la personalidad del sindicado Santiago Medina Serna, es la necesaria conclusión de que ha de cumplir la totalidad del tiempo al que se redujo su sentencia después de la contabilización de las rebajas a las que se hizo acreedor como consecuencia de su comportamiento procesal y por ello se resolverá desfavorablemente la petición liberatoria que en su nombre impetró el defensor».

(Auto de abril 1º de 1998. Radicación 12.786. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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