Auto 12786 de agosto 28 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

REBAJA DE PENA POR ESTUDIO

CERTIFICACIÓN DE HORAS DE LECTURA

EXTRACTOS: «Visto el certificado 1236 del 10 de julio de 1996, en el que se le hacen constar a Santiago Medina Serna, 474 horas de estudio realizadas durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1995, observa la Corte que la actividad que se documenta como estudio consiste en horas de lectura en la biblioteca, que en principio no corresponden a la definición de educación, aunque su promoción y estímulo se hallen consagrados dentro de la misma norma legal que se refiere a tal tema.

En efecto, la Ley 65 de 1993 en el artículo 94, define la educación como “medio de instrucción o de tratamiento penitenciario, que podrá ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior”, dentro del cual es lógico que la lectura sea parte del proceso educativo, pero ella por sí misma no es, en los términos del Código Penitenciario y Carcelario, la educación resocializadora y redentora de pena que allí se autoriza.

De la redacción del inciso final del artículo en cita, se debe concluir que la sola lectura no podría ser certificada como estudio para efectos de redención de pena: “En las penitenciarías, colonias y cárceles de distrito judicial, se organizarán sendas bibliotecas. Igualmente en el resto de centros de reclusión se promoverá y estimulará entre los internos, por los medios más indicados, el ejercicio de la lectura”, texto que interpretado sistemáticamente permite concluir que el propósito del legislador ha sido el de fomentar la lectura por parte de los internos de los centros de reclusión, evidentemente como elemento de especial valía dentro del proceso resocializador que, se supone, debe cumplir el centro carcelario.

Sin embargo, ese estímulo y promoción del ejercicio de la lectura debe entenderse no como estudio propiamente dicho sino como actividad de entretenimiento para distraer las horas ociosas que abundan en la vida de los internos. Máxime cuando no es posible que todos los presos trabajen o estudien durante todo el tiempo y de manera simultánea, pues los medios para realizar tales labores suelen ser menores que el número de personas que integran la población carcelaria.

Intégrase dentro de la interpretación sistemática del inciso en mención el texto del artículo 96 de la ley en cita, para refrendar la anterior conclusión, pues allí se afirma que el estudio será certificado en los mismos términos del artículo 81 del mismo código, previa evaluación de los estudios realizados.

Esos términos son la evaluación por una junta, bajo la responsabilidad del subdirector o de quien designe el director, quien finalmente expedirá el respectivo certificado de las jornadas —de trabajo allí, de estudio aquí— de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento que se haya establecido. Finalmente se tiene, el mandato del artículo 83 en el que se consagra la posibilidad de que los internos incapacitados para trabajar, por su edad o condición física, descuenten pena a través de la instrucción o la enseñanza, donde no se menciona la lectura como actividad autónoma.

Estas breves razones imponen a la Corte el deber de negar en principio el reconocimiento del abono impetrado con la sola certificación de las horas de lectura, lo que no obsta para que la defensa, si es su deseo, agregue a una futura petición la mención de los actos administrativos y las certificaciones por medio de las cuales el Inpec haga constar que se ha reglamentado la lectura como actividad redentora de pena, y que controla, como es su deber legal, la asistencia y rendimiento en tal labor, tal como lo ordenan la Ley 65 de 1993 y el artículo 28 de la Resolución 3272 de 1995 (Diario Oficial 41868; 30 de mayo de 1995) proferida por el Inpec y el artículo 12 Decreto 6541 de 1995».

(...).