•SALA DE CASACIÓN PENAL

DETENCIÓN DOMICILIARIA

RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL INPEC

EXTRACTOS: «Cualquiera sea la posición jurídica que se tenga para definir la naturaleza de la detención domiciliaria; ya sea la de la Corte que la considera una medida se aseguramiento autónoma(1) , o la de algunos doctrinantes que la estiman como una forma de cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva, es lo cierto que su consecuencia real es la de privar efectivamente de la libertad al sindicado, tanto que su mantenimiento en tal situación le permite descontar la pena que le fuere impuesta, pues se encuentra detenido, sólo que en su domicilio y no en un centro carcelario, en desarrollo de lo cual, por ejemplo, podría incurrir en el delito de fuga de pesos.

En este orden de ideas, la persona que se halla privada de la libertad a través de tan favorable figura, debe ser vigilada por el Inpec como autoridad encargada de “hacer cumplir las medidas de aseguramiento (...) que establezcan las autoridades judiciales”(2) así como por la designada (v. gr. Ministerio Público) por el funcionario judicial que impone tal forma de detención y en tal razón como el sindicado está en el deber de cumplir con las obligaciones que han debido imponérsele conforme al artículo 369F o al 419 del Código de Procedimiento Penal, según se trate de beneficio o por derecho, las que además garantiza con la correspondiente caución, el Inpec o quien haga sus veces debe certificar el respeto a tales obligaciones.

(1) Confrontar única instancia, radicación 10.467 Auto del 7 de noviembre de 1995. M.P. Ricardo Calvete Rangel; y única instancia 10.684. Auto del 8 de agosto de 1996. M.P. Carlos E. Mejía Escobar.

(2) Artículo 3º, ordinal 2º, Decreto 2160 de 1992.

En el caso concreto del señor Medina Serna, en la Resolución FGN/245 JELO/95 del 2 de diciembre de 1995 del despacho del Fiscal General de la Nación, se le impusieron entre otras obligaciones, las de “someterse a la vigilancia de las autoridades” y “observar buena conducta individual, familiar y social”. Igualmente en la misma decisión se ordenó “oficiar a la autoridad competente para el ejercicio de la custodia y preservación de la seguridad del detenido en su residencia”. Incluyéndose en el mismo texto como autoridad competente al Inpec.

Surge de lo anterior la necesidad de que sea el Inpec el encargado de vigilar al detenido domiciliariamente Santiago Median Serna y consecuencialmente el que tiene el deber de informar al funcionario judicial competente sobre el cumplimiento de las obligaciones del asegurado, en desarrollo de lo cual debe certificar su conducta. Ahora bien, como existe un Código Penitenciario y Carcelario, dentro de criterios de razonabilidad, el Inpec puede imponer algunas de sus normas al detenido domiciliariamente, quien por razón de haberse obligado a “someterse a la vigilancia de las autoridades” no puede rehusar su cumplimiento, so pena de ser sancionado conforme a los reglamentos y a la ley. Tal es el caso del régimen de visitas, permisos de salida y otras circunstancias inherentes al sistema restrictivo y supervisado impuesto.

Los criterios de razonabilidad a que se refiere la Corte, deben consultar, especialmente las condiciones reales del domicilio en el que se esté cumpliendo la detención, pues no puede extenderse la aflicción de la medida de aseguramiento a los demás integrantes del núcleo familiar que compartan el domicilio, si fuere ese el caso, aunque ellos deberán soportar las molestias naturales de la situación, que son compensadas por el hecho de ser domiciliaria la detención, es decir en su propio lugar de habitación.

En este mismo sentido, el detenido domiciliariamente debe tener claro que se encuentra privado de la libertad, que por sus condiciones personales y la naturaleza del ilícito o por su colaboración ha sido favorecido con tal forma de medida de aseguramiento, pero que está dentro de un régimen restrictivo de su libertad, por lo que no puede aspirar a llevar un sistema de vida normal, dentro de la que pueda comportarse como si estuviera en libertad».

(Auto de agosto 28 de 1997. Radicación 12.786. Magistrado Ponente. Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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