Auto 12807 de marzo 18 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

JUEZ COMPETENTE

EXTRACTOS: «El problema jurídico planteado con la colisión se reduce a la respuesta que debe darse al siguiente interrogante, ¿quién es el juez competente para tramitar la acumulación jurídica de penas en una ciudad donde existen jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad?

La respuesta a tal pregunta es una sola, para cuya adopción sólo es necesaria la lectura de la ley: es competente el juez de ejecución de penas que esté conociendo de la ejecución de la sentencia que esté descontando el condenado que pretenda beneficiarse de tal figura jurídica.

En efecto, el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal señala que “Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en ejercicio de su facultad de ejecución de las sentencias proferidas por los jueces penales, conocen:

...3. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra las mismas personas”, norma de tal claridad que no hace necesaria la intervención de la hermenéutica como no sea para oscurecer su entendimiento como ha ocurrido con la interpretación adoptada por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad aquí colisionado.

4. Ahora bien, si de lo que se trata es de dilucidar cuál es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad competente, entre los diversos juzgados de tal especialidad creados en el país, debe entonces acudirse al Acuerdo 54 del 24 de mayo de 1994, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, donde se encuentra que es competente el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del circuito donde se halle la cárcel en la que esté recluido el interno.

Hallándose en este asunto plenamente probado que el señor Pastor Abril está en el penal de “La Picota” de Santafé de Bogotá, D.C., es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad el competente y el 3º de esa especialidad concretamente, por ser a él a quien le correspondió por reparto la ejecución de la sentencia primeramente ejecutoriada, por lo que así se decidirá este conflicto.

5. La Corte no entiende la posición jurídica del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad, que parece desconocer la naturaleza de su función y las características propias de la ejecución de la pena en nuestro país, dentro del cual se ha adoptado un sistema judicial-administrativo que concatena las funciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad con la de los funcionarios del Inpec.

Precisamente la acumulación jurídica de las penas es una de las razones que explican la presencia de jueces de la República en la ejecución de la sentencia, pues de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, de lo que se trata con tal procedimiento es de hacer una redosificación de la pena, siguiendo la regla que allí mismo se establece de que “la pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la pena a imponer”, actuación que evidentemente no puede deferírsele sino a un juez de la república, nunca a un funcionario administrativo.

La tesis esgrimida por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tiene la virtualidad de negar su propia competencia autodespojándose de una función que la ley le ha asignado, desconociendo además que el proceso de ejecución de la sentencia no es parte del proceso penal propiamente dicho, pues qué duda cabe acerca de que su iniciación requiere como condición necesaria la de la ejecutoria de la sentencia, es decir la culminación definitiva del proceso penal, por lo que no resulta atinado por parte del juez citar como fuentes formales para la solución del problema que él creó, las normas que se aplican a la acumulación de causas, pues no tienen nada que ver aquella situación con ésta, como no sea la utilización del vocablo “acumulación”.

6. Entiende así mismo la Corte, que habida cuenta que lo que se ha establecido como factor de competencia en tratándose de ejecución de penas es un factor de naturaleza estrictamente personal, por determinarse el ámbito de labor del funcionario judicial de acuerdo al lugar de reclusión del condenado, tal situación en caso de varias sentencias, acumulables o no, en contra de una misma persona, debería ser conocida por el mismo juez a quien le haya sido repartida la primera sentencia que empezó a ejecutarse, lógicamente manteniendo el factor personal de la competencia pues si el Inpec cambia el lugar de reclusión, la competencia necesariamente variará.

Contribuyen a esta conclusión no sólo los mandatos legales y reglamentarios sobre la competencia, sino poderosas razones de tipo sociológico que teniendo en cuenta la función del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad aconsejan la conveniencia de que sea, en lo posible, un mismo funcionario judicial el que trate al condenado durante la ejecución de las sentencias que debe pagar, pues en las múltiples evaluaciones a las que será sometido importa sobremanera la percepción que el funcionario tenga sobre las condiciones personales, familiares, económicas y culturales del condenado, sin que pueda olvidarse tampoco que razones de orden práctico en un país donde las bases de datos sobre los delincuentes y sus antecedentes de todo orden son elementos de escasa existencia o de difícil consulta, contribuyan a enmendar tal falencia con el conocimiento personal del funcionario, por lo menos para la ubicación de la totalidad de las sentencias que alguien deba descontar, cuando se trate de más de una».

(Auto de marzo 18 de 1997. Radicación 12.807. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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