Auto 12808 de marzo 11 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL

•AUTO NÚMERO 12808

Magistrado Ponente:

Jorge Aníbal Gómez Gallego

Santafé de Bogotá, D.C., marzo 11 de 1997

EXTRACTOS: «La Corte considera: dentro del desarrollo gradual y secuencial del proceso penal, no es difícil entender que el conflicto se ha planteado al encarar la segunda instancia de la sentencia, razón por la cual la definición de la controversia atañe primordialmente a la competencia funcional antes que a la objetiva, a pesar de la correlación lógica entre esos dos ámbitos de conocimiento judicial y de que los tribunales disputantes hayan orientado todo su esfuerzo demostrativo a la segunda. En efecto, a la Corte se le han dispensado facultades para dirimir conflictos de competencia entre tribunales, o entre éstos y juzgados de distinto distrito judicial, “o entre un juzgado regional y cualquier juez de la república” (CPP, art. 68-5), lo cual significa que la controversia puede ser por el factor objetivo, o el territorial, o el de conexidad, o el funcional, o combinaciones permitidas de los tres primeros, mas si la discordia se traba en sede de segunda instancia, el tribunal discordante debe actuar primero funcionalmente antes de pretextar un factor objetivo que directamente le concierne es al funcionario de primer grado al cual se le revisa. En suma, la Sala definirá fundamentalmente cuál es el órgano competente para conocer de este asunto en segunda instancia, dado que la determinación del juez de primer grado la hará inicialmente el tribunal al cual se le adjudique el conocimiento en esta controversia.

Cuando el funcionario de segundo grado se ocupa primero y únicamente del factor objetivo para manifestar su incompetencia, sin parar mientes en que tal actitud deja vigente la sentencia de primera instancia que bien o mal adecuó típicamente los hechos, en congruencia con la resolución acusatoria, y en consecuencia definió materialmente la competencia, sencillamente regresa apriorística, mental y arbitrariamente el proceso a fases ya superadas y desconoce de esa manera la competencia funcional y su alcance.

En punto a la regulación legal de la competencia funcional, repárase que la Corte Suprema de Justicia interviene en segunda instancia “en los procesos que conocen en primera instancia los tribunales superiores del distrito y el tribunal nacional” (CPP, art. 68-4); al tribunal nacional le corresponde conocer en segunda instancia “de los recursos de apelación y de hecho interpuestos contra las decisiones proferidas por los jueces regionales” (ídem, art. 69-1); las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial actúan, en segunda instancia, “en los procesos que conocen en primera instancia los jueces del circuito” (ibídem, art. 70); y los jueces del circuito conocen, en segunda instancia, “de los procesos que sean de conocimiento de los jueces penales municipales o promiscuos” (ejusdem, art. 72). De modo que, de acuerdo con la legislación procesal penal vernácula, la competencia funcional se determina directa y automáticamente en función de cuál sea el órgano que conozca del proceso, aun sin competencia objetiva o territorial, en primera instancia. Tal determinación legislativa se aviene con la definición doctrinaria de la competencia funcional como la distribución de la jurisdicción penal en atención a las fases de desarrollo de la relación procesal penal o a las específicas actividades por cumplir dentro del proceso, de tal manera que dicho concepto, analíticamente visto, se refleja más en una situación de dependencia entre órganos jurisdiccionales, de correlación y de coordinación de funciones, o bien de reparto y supeditación de distintas actividades dentro de la actuación procesal.

Pero claro que la competencia funcional presupone la competencia por razón de la materia y por razón del territorio, de tal manera que si el funcionario de primera instancia se equivoca en este sentido, la solución no se halla en que el órgano de segundo grado, si en verdad es el superior funcional de aquél que erróneamente se arrogó el conocimiento y que dictó la providencia, se declare incompetente y deje intacta la decisión que se somete a su revisión; todo lo contrario, debe el ad quem hacer uso de la habilitación funcional para corregir el yerro en la cuestión objetiva o territorial.

Es que tanto en el recurso de apelación como en el grado jurisdiccional de la consulta, medios de apertura de la segunda instancia en la legislación colombiana, acatada la regulación amplia o restringida, según el caso, de la competencia del superior (CPP, art. 217), de todas maneras se presenta la posibilidad de examinar irregularidades procesales (error in procedendo) y/o cuestiones valorativas sobre los hechos y la aplicación del derecho de fondo (error iudicando), sobre todo porque la primera facultad (anular por presencia de anomalías en el proceso) está implícita en ambos modos de activación de la segunda instancia, en virtud del imperativo mandato del artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, según el cual el funcionario judicial —sin distinción— que advierta alguna de las causales previstas en el artículo 304, deberá decretar de oficio la nulidad.

Así entonces, interpuesto el recurso de apelación u ordenada la consulta, el funcionario de segunda instancia no sólo cumple su misión cuando aprehende de fondo el asunto sometido a revisión, sino también cuando examina, si se quiere privilegiadamente, la regularidad del procedimiento desarrollado en primera instancia y decreta la nulidad por error en la selección típica y en la determinación de la competencia objetiva y/o territorial, si es del caso, con mas veras cuando se trata de un factor que constituye presupuesto procesal. Esta manera de proceder, según lo ha sostenido la Sala en casos similares que examinó en el pasado, respeta no sólo la dinámica de actuación jerarquizada que la ley ha acordado en la administración de justicia para resolver el recurso de apelación o desatar la consulta, sino que también deja a salvo su reiterado criterio doctrinario de que las nulidades sólo pueden ser decretadas por el funcionario que tenga la competencia legal, pues, aunque el revisor tenga reparos de facultad por razón de la materia o del territorio, de todas maneras ostenta la competencia por ser el superior funcional del juez apelado o de aquél que adoptó la decisión cuya consulta se impone legalmente.

(...).

Cosa sustancialmente diferente ocurre cuando el conflicto se formula en la primera instancia, porque las decisiones que allí se hayan adoptado, si lo fueron por funcionario incompetente, sólo podrán ser anuladas, si a ello ha lugar, por el funcionario que finalmente resulte habilitado, de acuerdo con las definiciones que en tal sentido haga el superior funcional encargado de dirimir la controversia».

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