Auto 1281-2007 de septiembre 27 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PRESTACIONES SOCIALES DE SERVIDORES TERRITORIALES

Todas las normas de carácter territorial que establecían prestaciones quedaron derogadas por el Decreto 1919 de 2002.

EXTRACTOS: «Decide la Sala los respectivos recursos de apelación interpuestos por los terceros intervinientes y la parte demandada contra el auto de 27 de abril de 2007, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindio, que accedió a la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados.

La demanda. En ejercicio de la acción de nulidad del señor Javier Ramírez Mejía solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) Ordenanza 2 del 28 de octubre de 1969 (*) , que creó la prima de navidad para todos los empleados y obreros al servicio del departamento.

b) Ordenanza 14 del 29 de noviembre de 1977, por la cual se ordenó la creación de la prima de vacaciones y la prima de antigüedad para los empleados públicos no sindicalizados al servicio del departamento.

c) Ordenanza 6 de 1978, por medio de la cual se modificó el contenido de la Ordenanza 14 de 1977.

d) Decreto 424 de 1977, mediante el cual se concede una prestación extralegal a los servidores del departamento denominada prima de servicios.

e) Ordenanza 33 de 1980, por la cual se modificó en parte el contenido de la Ordenanza 6 de 1978.

f) Ordenanza 13 de 1986, que modificó en parte el contenido del artículo 1º de la Ordenanza 33 de 1980.

g) Ordenanza 10 de 1990, por medio de la cual se modificó en parte el contenido del artículo 1º de la Ordenanza 13 de 1986.

(...).

El auto apelado. El tribunal, mediante la providencia objeto del recurso, admitió la demanda y accedió a la suspensión provisional solicitada por la parte actora contra los actos acusados.

Señaló que desde la expedición de la Constitución de 1886 era función del Congreso definir las escalas salariales de las distintas categorías de empleos en el nivel nacional. A partir de la Constitución de 1991 tal facultad fue trasladada al Gobierno Nacional, que debía sujetarse a los objetivos y criterios establecidos por el Congreso, que, en ejercicio de la mencionada función, expidió la Ley 4ª de 1992 como norma de carácter general, quedando el Gobierno facultado para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

De conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la ley marco que contiene las normas generales que establecen los objetivos y criterios que han de regir el manejo salarial y prestacional, a fin de que el Gobierno Nacional fije los salarios y las prestaciones sociales dentro de ese preciso marco normativo.

Los actos acusados que conceden prestaciones extralegales a los servidores del departamento del Quindío fueron proferidos por corporaciones administrativas y funcionarios de la entidad territorial desarrollando una competencia que le corresponde única y exclusivamente al Gobierno Nacional. Se evidencia la manifiesta infracción de las normas invocadas por simple confrontación ante la falta de competencia funcional de los organismos territoriales para proferir actos administrativos que modifiquen el régimen prestacional de los empleados a su servicio.

(...).

Para resolver, se considera

De conformidad con lo ordenado por el artículo 213 del CCA, la Sala resolverá de plano el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y los terceros intervinientes contra el auto del 27 de abril de 2007, que accedió a la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados. [...].

Una vez revisado el expediente, la Sala encuentra que no es procedente acceder a la solicitud de suspensión provisional deprecada de los actos que reconocen prestaciones sociales a empleados del orden departamental, porque dichos actos fueron derogados con la expedición del Decreto 1919 de 2002, que unificó el régimen de prestaciones sociales para los trabajadores públicos y el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales en el nivel territorial, con las prestaciones reconocidas a la rama ejecutiva del poder público del orden nacional.

La Sección Segunda de esta corporación en repetidas oportunidades se ha pronunciado sobre las demandas de nulidad contra el Decreto 1919 de 2002, negando las pretensiones de la demanda, por considerar que no se incurrió en ilegalidad alguna en su expedición (1) . En sentencia reciente sobre el mismo asunto, se señaló “(...) el decreto acusado establece en el artículo 1º que a partir de su vigencia, todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva, de todos los niveles —departamental, municipal, distrital— gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional (...)” (2) .

Así las cosas, al fijar este decreto el régimen de prestaciones de los empleados oficiales del orden territorial derogó las disposiciones contrarias que habían reconocido prestaciones a ese tipo de empleados, a ellos en materia de prestaciones le son aplicables las disposiciones que rigen para los empleados del orden nacional.

Del simple cotejo entre los actos acusados y la norma invocada, la alegada violación no resulta flagrante pues como se señaló las disposiciones de carácter territorial fueron derogadas con la expedición del Decreto 1919 de 2002, por ser contrarias.

En estas condiciones, resultaría inane y no tendría ningún efecto decretar la suspensión provisional de los actos acusados cuando los mismos, como se dijo, en principio, fueron derogados por el Decreto 1919 de 2002.

Por lo anterior, la Sala revocará el auto apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

RESUELVE:

Revócase el auto del 27 de abril de 2007, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió a la suspensión provisional de los actos acusados. En su lugar, niégase la solicitud de suspensión provisional solicitada de los actos demandados, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(Auto de 27 de septiembre de 2007. Expediente 1281-2007. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamante).

NOTA: Este auto fue divulgado y notificado en el mes de abril de 2008.

(*) Todas las ordenanzas demandadas fueron expedidas por la Asamblea Departamental del Quindio (N. del D.).

(1) Véanse entre otras, las sentencias radicadas 4456-2002, 5003-2002, del 17 de noviembre de 2005. M.P. doctor Jaime Moreno García, 4396-2002, M.P. doctor Jesús María Lemos Bustamante.

(2) Sentencia de 16 de agosto de 2007. Expediente 0530-2006. Actor: Andrés de Zubiría Samper. M.P. doctor Jaime Moreno García.

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