Auto 12877 de julio 29 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

HOMICIDIO AGRAVADO

POR LAS CALIDADES ESPECIALES DE LA VÍCTIMA

EXTRACTOS: «Partiendo de la exclusión por ambos funcionarios colisionantes de la comisión de un delito de homicidio “con fines terroristas”, la discusión se centra en la configuración de la causal 8º del artículo 324 del Código Penal (modificado por el artículo 30 de la Ley 40 de 1993), atendida la calidad de miembro de la fuerza pública del obitado, y el desempeño de sus funciones para el momento de los hechos. Circunstancia de agravación que, por expresa disposición del artículo 71-5 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 9º de la Ley 81 de 1993), otorga competencia a los jueces regionales.

El citado numeral 8º del artículo 324 del Código Penal, con los siguientes ingredientes normativos, califica los sujetos pasivos del punible de homicidio agravado: “persona que sea o hubiere sido servidor público, periodista, candidato a cargo de elección popular, dirigente comunitario, sindical, político o religioso; miembro de la fuerza pública; profesor universitario, agente diplomático o consular al servicio de la Nación o acreditado ante ella”. Sin embargo, la simple concurrencia de una de tales calidades en la víctima no constituye por si sola condición suficiente para considerar la conducta incursa en el tipo especial de homicidio a que se hace referencia, pues de conformidad con el mismo precepto, es menester que el hecho se haya realizado “por causa o por motivo de sus cargos o dignidades o por razón del ejercicio de sus funciones”.

Lo anterior revela en el legislador el fin de reprimir con mayor severidad, aquellos atentados contra la vida de quienes por el compromiso intelectual, político o social que regularmente adquieren en el desempeño de su cargo, profesión, oficio o dignidad, son blanco de las organizaciones criminales, o de quienes en forma irracional y violenta pretenden excluirlos de la vida pública.

Por ello, para encuadrar la conducta en el tipo especial de homicidio agravado por la referida causal, se exige, además de la comprobación de cualesquiera de tales condiciones en el sujeto pasivo, la existencia de una relación de causa a efecto entre la calidad o función por éste desempeñada y la conducta constitutiva del atentado a su vida. En otras palabras: si el homicidio no es por razón del cargo o profesión de la víctima, o el desempeño de la función que su condición entraña, la individualización de la conducta excluye la circunstancia agravante en referencia.

La posibilidad contraria, esto es, que con la sola vulneración del derecho a la vida de los personajes o servidores públicos atrás mencionados se configura la agravante referida en el artículo 324-8 del Código Penal, resulta jurídicamente inadmisible por estar basada de modo exclusivo en la manifestación externa de la conducta imputada, y dejar de lado cualquier consideración relacionada con los factores intrínsecos que determinaron el actuar del sujeto agente.

Ese ha sido el criterio sentado por la Sala en varias oportunidades: “...la agravante está constituida no sólo por la condición de servidor público o por ostentar las dignidades a los cargos allí relacionados, sino que además debe existir una relación de causalidad entre la violación del derecho a la vida y las labores cumplidas por la víctima” (Cfr. por todas las decisiones sobre el punto, la de marzo 9 de 1995, Mag. Pon. Dr. Calvete Rangel)».

(Auto de julio 29 de 1997. Radicación 12.877. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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