Auto 12901 de agosto 6 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PROCESOS CON LLAMADO EN GARANTÍA

EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN

EXTRACTOS: «Resulta oportuno precisar la jurisprudencia de la Sala sobre los efectos de la conciliación respecto del llamado en garantía.

En sentencia del 25 de septiembre de 1997 (exp. 11.514), se consideró que en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio no es posible continuar el proceso frente al llamado en garantía, dado que el presupuesto necesario para su procedencia es la condena contra la entidad y en el caso de las conciliaciones no se produce dicha condena. Dijo la Sala:

“...es presupuesto indispensable para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones objeto de la garantía por virtud de la cual se produjo el llamamiento del tercero garante, el que el llamante resulte condenado al pago de la obligación indemnizatoria originada por el daño antijurídico causado. Como se suele decir, la pretensión procesal contenida en el llamamiento en garantía, es una pretensión eventual, en el sentido de que su estudio y consideración por parte del juzgador está condicionado a que la sentencia con que culmina la instancia en el proceso donde se ha producido el llamamiento, imponga una condena al llamante, que a su vez es objeto de la garantía que lo vincula con el tercero llamado en garantía (...).

Resulta inútil entonces, luego de verificada la conciliación con los alcances expuestos, continuar con el trámite del proceso entre demandado y llamado en garantía, para los efectos de dirimir las relaciones jurídicas entre estos sujetos, pues se reitera, desde el mismo momento en que la Nación dispuso del derecho en litigio de la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda, hacíase inútil la continuación del trámite, por sustracción de materia. En efecto, sin que se hubiese de producir una sentencia de condena, precisamente porque la litis fue conciliada, no puede haber pronunciamiento alguno respecto del objeto del llamamiento en garantía. No puede perderse de vista que si bien la parte demandada tuvo a bien conciliar toda la litis en lo que hace a la relación jurídico material que la vinculaba para con la parte demandante, de ello no se seguía que al llamado en garantía pudiera oponérsele el contenido obligacional del acuerdo conciliatorio, toda vez que dicho sujeto procesal, no asumió prestaciones patrimoniales, en la audiencia de conciliación”.

Poco después, en sentencia del 6 de noviembre de 1997 (exp. 11.167), consideró la Sala que cuando las partes principales de una litis concilian pero el acuerdo no es aceptado por la persona llamada, bien porque no lo consintió o porque no asistió a la audiencia, el acuerdo tendrá entre las partes efectos de cosa juzgada, pero el proceso continuará con el llamado en garantía. Dijo la Sala en esa oportunidad:

“...el acuerdo logrado debidamente aprobado, terminará el proceso entre las partes que lo suscribieron y frente a éstas tendrá la fuerza de cosa juzgada. En cuanto al llamado, el proceso deberá continuar entre éste y la entidad que hizo el llamamiento o la denuncia, porque el acuerdo no sólo le será inoponible, sino que su aprobación será de efectos relativos frente a las partes que conciliaron. Tan cierto es esto que en la sentencia y en relación con el llamado podrá discutirse la responsabilidad de la administración y la cuantía de la condena conciliada, además de la conducta de dicho denunciado y su propia responsabilidad frente a la entidad que lo llamó al juicio.

Se precisa que en la hipótesis explicada sucede algo similar a lo que ocurre cuando la administración, luego de ser vencida en el proceso de responsabilidad y de haber efectuado el pago, formula la acción autónoma de repetición, porque frente a la persona demandada en el nuevo proceso, lo decidido en el inicial también le será inoponible, dado el efecto interpartes que produce, no sólo en la responsabilidad sino en el valor de la condena”.

Se reitera ahora el criterio jurisprudencial adoptado en esta última providencia, por considerar que si bien es cierto que los términos de la conciliación no se hacen extensivos al llamado en garantía que no la aceptó en forma expresa, también lo es que su situación no queda por esta circunstancia resuelta. Por ello, frente al mismo debe continuar el proceso y será el juez quien determine la responsabilidad que le corresponde frente al demandado y la cuantía de la reparación, si se logra acreditar por la entidad pública que el daño se produjo como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente (C.P., art. 90, inc. 2º).

No debe perderse de vista que aunque la acción de repetición se instaure dentro del mismo proceso se trata de dos relaciones jurídicas diferentes y que el llamado en garantía no es parte accesoria sino una parte principal, aunque la decisión frente al mismo está condicionada a que quien efectúa el llamamiento sufra un perjuicio o deba realizar un pago que aquél deba reembolsarle parcial o totalmente.

Lo que se pretende con el llamamiento en garantía es la aplicación del principio de economía procesal, en cuanto será el mismo juez que conoce la causa entre demandante y demandado quien resolverá sobre la relación jurídica existente entre el llamante y el llamado, a fin de evitar sentencias contradictorias. Pero en realidad se trata de dos relaciones sustanciales: la del demandante contra el demandado y la de éste contra el llamado en garantía, quien en razón de un vínculo legal, contractual o constitucional en el caso de los agentes del Estado, debe asumir las consecuencias patrimoniales en forma total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia o de la conciliación.

La negativa de la Sala expresada en la primera providencia parte de una interpretación restrictiva del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil de acuerdo con el cual “Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación” (subraya fuera del texto).

Allí se afirma que el auto que aprueba la conciliación no puede asimilarse a una sentencia y que la decisión frente al llamado en garantía sólo será posible si se profiere condena.

Considera la Sala que el auto que aprueba la conciliación sí puede asimilarse a una sentencia condenatoria porque ésta tiene los mismos efectos de cosa juzgada que se predican de aquélla (L.446/98, art. 66) y porque el juez debe verificar que se cumplan los supuestos para la declaración de responsabilidad, tal como lo ha dicho esta corporación:

“...los poderes del juez frente al acto de conciliación de las partes no pueden ser tan restringidos, de modo que su tarea se limite al examen de la naturaleza transigible o conciliable que revista la pretensión y a la capacidad de las partes y de los apoderados para adoptar esa conducta; “la conformidad con la ley” del acto de conciliación de que trata el inciso tercero del artículo 6º del decreto 2651 de 1991, sugiere un campo de mucha mayor amplitud que el descrito por el a-quo, máxime en tratándose de procesos contencioso administrativos en los cuales está comprometido el tesoro público y los intereses de la colectividad además del simple interés del demandante”(1).

(1) Auto del 13 de octubre de 1993, expediente 7891.

Además porque con la conciliación lo que hace la entidad es anticiparse a la decisión del juez cuando los elementos de la responsabilidad están lo suficientemente acreditados, con el objeto de obtener beneficios por esa forma anormal de terminación del proceso.

Lo anterior no contraviene lo decidido por la Corte Constitucional que declaró inexequible el inciso segundo del artículo 71 del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia(2) que establecía: “En aplicación del inciso anterior, lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación equivaldrá a condena”, por considerar que de esa manera “se vulneraría el derecho fundamental al debido proceso del servidor público que ha cometido el daño, toda vez que él estaría obligado a pagar la suma acordada entre las partes, sin haber tenido oportunidad para defenderse”.

(2) Sentencia C-037 de 1996.

Tal como se señaló antes, frente al llamado en garantía el juez al pronunciarse sobre su responsabilidad debe examinar su conducta para definir si incurrió en dolo o culpa grave, así como determinar la cuantía de la condena, sin que esa responsabilidad pueda deducirse en forma mecánica del acuerdo conciliatorio, cuyos términos puede válidamente controvertir. Por lo tanto, no se vulnera el derecho de defensa del llamado.

Agrégase a lo anterior que el argumento de la Corte según el cual “la conciliación no puede ser asimilada a una condena, pues si ello fuese así, entonces también debería aplicarse en esos eventos el artículo 248 del estatuto fundamental”, carece ese sí, en términos de esa misma corporación, de “toda lógica jurídica y de razonabilidad constitucional”, dado que esta norma en cuanto señala que sólo las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tiene la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales, resulta inaplicable al momento de definir una responsabilidad de carácter patrimonial, como es el propósito último de la acción de repetición(3).

(3) En el mismo sentido el auto proferido por esta Sección el 27 de febrero de 1997. Expediente 12.679.

Esa es la solución que adopta hoy el artículo 105 de la Ley 446 de 1998 (D.1818/90, art. 67) cuando señala:

Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido llamado al proceso, permitirá que aquélla repita total o parcialmente contra éste.

La conciliación aprobada, producirá la terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la acepten. Si la conciliación fuere parcial, el proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará entre la entidad pública y aquél”.

En este orden de ideas, acertó el Tribunal al continuar el proceso contra el llamado en garantía luego de aprobar la conciliación lograda entre las partes».

(Auto de agosto 6 de 1999. Expediente 12.901. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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